Más de una semana después de la detención del ahora excandidato presidencial Mario Estrada, el terremoto político que causó su captura está apenas empezando. Estrada, presidenciable del partido UCN, fue capturado por las autoridades estadounidenses el 17 de abril en Miami por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Se le acusa de haberle solicitado fondos millionarios para su campaña electoral y el asesinato de dos rivales en la contienda presidencial a cambio de ofrecer respaldo para las actividades del cartel una vez que fuera electo presidente. “El caso demuestra cómo funciona el sistema de financiamiento electoral en Guatemala desde hace décadas”, explica Demian Regehr, representante de la fundación Hanns Seidel en Centroamérica y El Caríbe. “Sin embargo, ha sido un choque para la sociedad guatemalteca.”

En una carta abierta, Manfredo Marroquín, el candidato presidencial del partido Encuentro por Guatemala, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que depurara de las listas electorales a quienes han sido señalados por corrupción, narcotráfico y otros delitos. “El TSE debe hacer un mejor esfuerzo”, dice Marroquín, agregando: “Cada elección, en lugar de ser un medio para oxiginar el sistema político, es un medio para que el narcotráfico coopte los cargos políticos.”

Implicaciones complejas

Aunque la cooptación de la política por parte del crimen organizado no es nada nuevo en Guatemala, la detención de Mario Estrada tiene implicaciones mucho más profundas, ya que pone en entredicho el papel del actual presidente, Jimmy Morales, y de la fiscal general, Consuelo Porras.

En por lo menos una ocasión, el presidente Morales usó el helicóptero privado de Mario Estrada y también se reunió con el expresidenciable a principios de abril, como reportó el medio guatemalteco Soy502. Sin embargo, no se conocen mayores detalles del encuentro y de la conversación que sostuvieron.

En el caso de la fiscal general, la situación es igual de delicada. En una entrevista con CNN, la presidenciable Thelma Aldana confirmó que ella era una de las dos personas a quienes Estrada quería asesinar, según información que había recibido por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Señaló que el Ministerio Público inició la investigación del caso hasta después de que saliera a la luz pública, aunque ya tenía la información desde mucho antes.

Consuelo Porras refuta la versión de Aldana. Según la actual fiscal general, sí recibió información de la DEA sobre el caso, pero Aldana no figuraba entre las dos personas amenazadas.

Sobre la participación electoral de Thelma Aldana, exfiscal y principal candidata de la oposición, tiene que decidir la Corte de Constitucionalidad. Su inscripción, ya avalada por el Registo de Ciudadanos, fue revocada por el TSE a raíz de varias impugnaciones. Para lograr no obstante la inscripción, el partido de Aldana acudió sin éxito a la Corte Suprema de Justicia, que trasladó el caso a la Corte de Constitucionalidad.

“Hago un llamado a la comunidad internacional para que ponga atención a lo que esta pasando en Guatemala: estoy siendo víctima de una persecución, de un linchamiento, por haber incursionado en la política”, decía Aldana en marzo pasado cuando giraron orden de captura en su contra.

La mujer, que en un inicio parecía poner contra las cuerdas a los corruptos, logró la captura del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Pérez la eligió Fiscal General de Guatemala en el periodo 2014-2018. Sin embargo, esas cuerdas la tienen atada a una trama de acusaciones por presunta malversación, mentiras y fraude fiscal.

“Tienen miedo de que termine con la corrupción”, aseguró la mujer que se traslado a El Salvador, en medio de la orden de captura en su contra. Su intención de ser presidenta seguía intacta, no así su reputación.

Hay más ejemplos de candidatos incompatibles al menos en cartas credenciales o parentescos históricos y polémicos. Ese es el caso de Zury Ríos Sosa. El TSE apeló ante la Corte de Constitucionalidad contra su inscripción, ya que considera inconstitucional su candidatura, porque es la hija del exgeneral y jefe de Estado Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder tras un golpe de Estado.

Con estos dos casos pendientes en la Corte de Constitucionalidad, el panorama político en Guatemala sigue opaco. “Estamos a pocas semanas de las elecciones y aún no sabemos quiénes van a ser los candidatos”, dice Demian Regehr, de la fundación Hanns Seidel. “Lo que vemos es una total incertidumbre en cuanto a los comicios, y esto ha creado una gran frustración en la población.”