Cientos de miles de manifestantes antikirchneristas exigieron la noche del martes el desafuero de la expresidenta y senadora Cristina Fernández, quien anunció que acepta el allanamiento de sus domicilios en una megacausa por sobornos y financiamiento ilegal de la política.
El mitin, convocado por el gobierno a través de las redes sociales, se realizó frente al Congreso. El Senado debe debatir el miércoles si aprueba un pedido del juez investigador, Claudio Bonadio, para allanar un apartamento de Fernández en Buenos Aires y dos viviendas en la Patagonia (sur). La mayoría de la cámara rechaza aprobar un desafuero sin una condena firme.
En una carta a su bancada parlamentaria este martes, Fernández sostuvo que “a esta altura de las circunstancias, no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio”.
Fernández es senadora desde 2017 y cuenta con inmunidad parlamentaria. No puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar. Es la líder opositora con mejor imagen para enfrentar al oficialismo en las presidenciales de 2019, aunque nunca expresó la intención de postularse.
“¡Cárcel a Cristina!”, gritaban participantes del mitin, integrado en su mayoría por personas de la clase media de Buenos Aires, donde la senadora centroizquierdista cosecha el mayor rechazo.
La megacausa involucra a exfuncionarios de los dos períodos de gobierno de Fernández (2007-2015) y más de una veintena de los más grandes empresarios contratistas de obra pública. Muchos de ellos evitaron la cárcel al declarar ante Bonadio que aportaron dinero sin declarar a las campañas de Kirchner.
Lingotes de oro sí, anillos no
Una sesión para tratar los allanamientos la semana pasada fracasó por falta de quórum.
La exmandataria aclaró sin embargo que su disposición “no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas” por el juez, “sino que tiene por principal objetivo terminar con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”.
En su carta, Fernández pidió al Senado que para los allanamientos no se permitan cámaras de televisión ni fotográficas, que estén presentes sus abogados así como un senador de su elección y que se resguarden los objetos de uso personal.
“Si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son de mi uso personal”, ironizó.
Fernández, que sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para adjudicación de contratos de obra pública.
La causa judicial se inició sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares. Se trata además de un exsargento expulsado del ejército por mala conducta.
El departamento de Fernández en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega del dinero.
A esos apuntes se sumaron luego las confesiones de varios empresarios que decidieron acogerse a la figura del arrepentido y más recientemente dos exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner(2003-2007) y Cristina Fernández.