La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas procesadoras de centolla de la región de Magallanes, y a ocho de sus ejecutivos, por su presunta colusión al momento de fijar precios.
En concreto, de acuerdo acusa el FNE, se trata de las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, quienes entre 2020 y 2021, coordinaron sus precios de compra del producto que es extraído por pescadores artesanales de la zona.
Junto con ello, detalló que los representantes de las compañías “se reunían presencialmente en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla”.
También se contemplaron interceptaciones telefónicas a ejecutivos y allanamientos e incautaciones en dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, en la región de Magallanes.
Investigación de FNE por colusión en compra de centollas
Según informó la FNE, la investigación por este caso, la que comenzó en julio del año 2020 por una denuncia, concluyó que esta práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes que extraen este recurso.
Y es que se pudo comprobar que los pescadores recibieron “menores pagos en comparación a aquellos que hubiesen percibido en un mercado competitivo sin los permanentes contactos que mantenían las empresas y personas acusadas”.
Al respecto, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, comentó que “aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.
Asimismo, el persecutor indicó que se solicitó aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de $51 mil millones a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi $424 millones a los ejecutivos responsables.
Por último, cabe mencionar que esta acción se suma a la presentada en contra de un grupo de panaderos industriales de la Provincia de Iquique, en marzo de este año, quienes también se habrían coludido en el mercado de elaboración y comercialización mayorista de pan.