La Contraloría General de la República emitió este martes un nuevo informe donde otra empresa pública sale al pizarrón.

En esta ocasión, se señala que la Empresa Nacional de Minería (Enami) efectuó una serie de pagos a empresas proveedoras cuyos socios tienen relación de parentesco con el entonces Director, Patricio Céspedes Guzmán, entre el año 2018 hasta agosto del 2022.

Específicamente, el ente contralor apunta a Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA. Las tres compañías recibieron -en conjunto- transferencias por $10.444.893.786 en el período mencionado.

Contraloría revela millonarios pagos en Enami

Lo grave del asunto radica en que la situación fue advertida en dos informes previos de 2022.

En ellos, se menciona que en las sociedades participaban la cuñada y sobrinos de Céspedes, pero que sus identidades fueron tachadas en los documentos originales. No obstante, dichas observaciones nunca fueron respondidas.

Por lo anterior, la Contraloría ordenó a la estatal remitir dentro 60 días hábiles el procedimiento interno comprometido e iniciar una investigación por parte del directorio en un plazo de 15 días hábiles, sin perjuicio de la derivación del caso al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Desde la Enami indicaron a La Radio, por medio de un escrito, que “la actual administración que asumió en agosto de 2023, ha trabajado por robustecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de la empresa”,

En este sentido, añaden que “se han mejorado una serie de procedimientos, sobre todo en la prevención de eventuales conflictos de interés, para evitar situaciones como las detectadas por Contraloría en este informe correspondiente al año 2022”.

Junto con ello, por medio del mismo comunicado, puntualizaron que se encuentran “trabajando para dar respuesta en los tiempos requeridos a las observaciones y actualizaciones solicitadas por el organismo contralor”.

Céspedes niega los hechos apuntados por Contraloría

Radio Bio Bio contactó, a su vez, a Patricio Céspedes, quien sostuvo que los hechos dados a conocer son absolutamente falsos, y valoró que los antecedentes sean puestos a disposición de la Fiscalía. Asimismo, se reservó el derecho de establecer acciones legales contra quienes, de forma “tendenciosa, han intentado dañar mi honra y la de mi familia”.

Por su parte, el docente del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile, abogado Alexander Linford, reiteró que la ley de compras públicas es clara: se prohíbe el beneficio de familiares de autoridades en procesos de contratación.

Además, agregó que la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, es clave, para establecer posibles delitos y recuperar recursos públicos.

Desde el Congreso, donde se han levantado comisiones para investigar diversos aspectos de la Enami, el presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulantay, aseguró que es lamentable que, una vez más, una empresa estatal esté involucrada en eventuales faltas administrativas graves.

Pero el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, fue más allá, argumentando que, lo lógico en este caso, es sacar a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) del Directorio de Enami.