La ANFP respira con alivio. El ente rector del balompié chileno recibió un millonario monto en su cuenta tras ganar su batalla judicial a la Tesorería General de República, por montos que habían sido embargados en 2019 y que correspondían a impuestos de la Copa América realizada en nuestro país en 2015, de la mano de Sergio Jadue.
Un reportaje de The Clinic da cuenta que el pasado 4 de febrero la TGR acabó reconociendo la derrota legal, luego de un firme pronunciamiento de la Corte Suprema. Acto seguido, realizaron la transferencia.
“Que como resultado de lo dictaminado por los tribunales superiores de justicia, se ven afectadas las medidas de apremio verificadas con fecha 5 de abril de 2019, esto es los embargos ejecutados respecto de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que recayeron sobre las cuentas corrientes de las que es titular (…) Se resuelve: Ha lugar de la devolución de la suma de $4.184.437.778 en la forma solicitada. Y devuélvase la suma de $81.297.315 tomado en depósito a la vista”, confirmó la Tesorería en un documento, al que tuvo acceso el medio antes citado.
Sí, en un momento en que necesitaba de ingresos, debido a una deuda estimada de 5 mil millones de pesos (al 2024), la ANFP logra liberar fondos para salir adelante.
Y no es todo. Luego de su triunfo en tribunales, la ANFP decidió acelerar: solicitó, por medio de su abogado Simón Zañartu, que se incluya un reajuste por IPC e intereses, considerando que el monto no estuvo a disposición por cinco años. Se estima que la suma incrementaría a cerca de los $6.500 millones.
¿Por qué se embargó el dinero de la ANFP?
El origen del conflicto se remonta a 2019. Ese año, la TGR ordenó el embargo de seis cuentas corrientes de la ANFP para recaudar $4.200 millones, que correspondían a una deuda por los impuestos del certamen continental realizado en nuestro país.
El organismo fiscal consideraba una deuda total estimada de 6 mil millones, teniendo en cuenta que los ingresos del campeonato habían dejado más de $12 mil millones en utilidades. La gran mayoría, por venta de entradas.
Con Jadue ya fuera de la administración del fútbol nacional, su sucesor, Arturo Salah, se comprometió a pagar, teniendo en cuenta que una auditoría que habían encargado confirmó que el dinero ganado por el torneo llegó a las cuentas de la ANFP (y después gran parte de ello entregado en préstamo a clubes locales).
Sin embargo, cuando Salah y su directiva quisieron ‘ponerse al día’, se encontraron con una serie de conflictos legales que lo impidieron. ¿El más importante? La deuda no era de la ANFP, sino que de la Corporación para la Organización de la Copa América 2015 (COL), un organismo que se creó para organizador el evento y que, como decía su estatuto interno, quedaría disuelto seis meses después del último partido.
¿Error de tipeo o ‘trampa’ para evadir?: el contrato que ayudó a la ANFP
Si bien el COL era presidido por el mismo Sergio Jadue, y contaba con personalidad jurídica y cuentas corrientes propias, el hecho de que se tratara de una entidad que ya no existía, fue uno de los argumentos de la Corte para darle la razón a la ANFP.
“El vicio que se ha constatado importa un yerro que se ha verificado ad initio, impidiendo que se trabe la relación procesal con la ejecutada, por no haberse realizado el emplazamiento legal, desde que se pretendió notificar y requerir de pago a la “Asociación para la Organización de la Copa América del año dos mil quince” cuando ya estaba disuelta y, por tanto, inexistente, y por tratarse de una inobservancia que no puede subsanarse, y acarrea como una sanción posible la nulidad, así se declarará”, resolvió la Corte de apelaciones en septiembre de 2024.
Pero hay más. También a favor del ente rector del balompié chileno jugó que en los estatutos del COL aparece como beneficiario la “Asociación Nacional de Fútbol de Chile” y no la “Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile”. Es decir, la diferencia de una sola palabra marca toda la diferencia.
Principalmente, porque la “Asociación Nacional de Fútbol de Chile” no tiene personalidad jurídica y, por ende, no existe. Entonces, la ANFP no puede ser vinculada legalmente a la deuda del COL.
Lo más increíble de esta historia es que los estatutos fueron aprobados por dos notarías, y ninguna lo advirtió. Ni la Gervasio de Viña del Mar (donde Jadue trabajó mientras estudiaba, según The Clinic); ni la Facuse de Macul, donde la ANFP elabora la mayoría de sus documentos. Tampoco se percató de la falla el departamento jurídico de la municipalidad de Peñalolén, que era el llamado a revisar y fiscalizar los estatutos.
“El monumental error en los estatutos y la nula fiscalización tiene dos versiones para explicarlo: una, que el redactor era tan malo que cometió la torpe falla de redacción, y la otra que, derechamente, fueron escritos así a propósito con el fin de consagrar un esquema cuyo objetivo no era otro que pasar un gol: evadir, eludir, no pagar impuestos”, sentencia el reportaje del The Clinic.
Consignar que, para el trabajo periodístico citado, desde la ANFP confirmaron la transferencia, pero prefirieron no dar declaraciones. La Tesorería también prefirió guardar silencio.