El último año expuso al Parque Cultural de Valparaíso como un escenario trágico. Una opereta institucional con personajes que se repiten, que a veces cambian de traje y regresan, siempre regresan.
Fue así que, una mañana de agosto del 2023, Sebastián Redolés giró el volante de su vehículo para evitar una colisión. Las ruedas derraparon, el auto quedó atrapado al borde de la calzada. Frente a él, reconoció a Fidel Rudolffi, exfotógrafo de El Mercurio, operador del Parque Cultural y pieza clave del círculo de poder que Redolés había comenzado a incomodar.
Meses antes, Redolés presidía el directorio del Parque Cultural de Valparaíso. Fue destituido tras denunciar irregularidades financieras en la administración. No se limitó a comentarlas en pasillos: las hizo públicas y las llevó a Fiscalía. La querella sigue activa. Cuando Meganoticias lo consultó por el incidente, Rudolffi respondió: “Debe ser menos susceptible, menos impresionable a una mirada… debe hacer honor a la valentía de su padre y comportarse”.
El subtexto fue brutal. Se refería a Mauricio Redolés, padre de Sebastián, prisionero político de la ex Cárcel, sobreviviente de uno de los centros de detención más agresivos del país. Lo que sigue se asemeja más al guion de una película de suspenso burocrático que al relato de una administración pública.
El Parque Cultural de Valparaíso opera desde hace tiempo bajo un código reconocible: el de la mafia. Silencios comprados, cargos rotativos, decisiones sin huella pública y nombres elegidos a dedo. Un ecosistema institucional que nunca se depuró del todo. En Valparaíso —como en otros puertos de América Latina— la trampa es más bien norma, y la opacidad, un método operativo con historia larga.
La salida de Redolés la ejecutó Jaime de Aguirre, entonces Ministro de las Culturas. No hubo razones técnicas, su cargo era ad honorem. Se argumentó “pérdida de confianza”. El caso fue archivado y el directorio pasó de mano en mano hasta estacionar en Gianina Figueroa: sin experiencia en gestión cultural, sin currículum visible en el sector, pero con vínculos suficientes en la administración pública.
El concurso para definir la dirección ejecutiva reunió más de 190 postulaciones y fue declarado desierto. Figueroa, entonces, quedó con la presidencia y la dirección ejecutiva del Parque. El poder se concentró en una sola firma.
En los meses siguientes: despidos, salidas forzadas, reducción de áreas. Se desarmó el equipo técnico. Entre los desvinculados, Alonso Yáñez, jefe de programación. Su trabajo había sido respaldado por más de 500 trabajadores del arte, quienes firmaron una carta pública denunciando una privatización encubierta del Parque Cultural.
Por esos días se inauguró una exposición largamente esperada. Una artista vestida de negro, con cinta al cabello, atravesó el salón central mientras los flashes dibujaban, por fin, una alfombra roja. El Parque recuperaba visibilidad, aunque fuera solo por una noche. Mientras el discurso se pronunciaba en la sala principal, dos funcionarios leían un oficio con nerviosismo. En el anfiteatro, un técnico probaba luces sin saber si esa noche habría función. Nadie había confirmado el pago del equipo de sonido. Nadie había cobrado aún.
Semanas después, en una oficina de segundo piso, la renuncia fue impresa y firmada. Gianina Figueroa dejó su carta sobre una carpeta de planificación. Bajó por la escalera sin hablar con nadie.
A la misma hora, tres miembros del directorio redactaban un acta en voz baja. Se designó a su reemplazo: Vladímir Morales González. Sin concurso, sin evaluación pública. Morales arrastraba una condena ejecutoriada por fraude al fisco, dictada por la Corte Suprema en 2017. Su llegada al directorio duró apenas unas horas: ante la presión mediática, el Ministerio de las Culturas solicitó su renuncia y emitió un comunicado evasivo.
El Parque Cultural de Valparaíso, fundado sobre la promesa de la memoria y el acceso libre, hoy opera sin conducción efectiva y con cifras en rojo desde 2016. El déficit financiero alcanzó los $130 millones en 2023. A pesar de contar con financiamiento basal del Ministerio —más de $1.275 millones transferidos ese mismo año—, la administración ejecutiva no logró sostener una estructura funcional. El directorio, por su parte, nunca rindió cuentas ante la opinión pública ni promovió evaluaciones independientes. No hay sumarios. No hay informes. No hay responsables.
Tampoco hay memoria. A diferencia de Villa Grimaldi, Londres 38 o el Estadio Nacional, aquí se niega el pasado de forma sistemática. No es solo un parque cultural: es la ex Cárcel de Valparaíso. Ese título —ausente en su nombre oficial— ha sido omitido también en su arquitectura, su relato museográfico y su gobernanza. Quizás por eso ha quedado fuera de una administración a la altura de la historia que carga. Y, por cierto, fuera de los fondos patrimoniales que tal memoria merece.
Si el Parque Cultural de Valparaíso termina cerrando sus puertas, no será por falta de público ni por desinterés ciudadano. Será por una combinación letal: negligencia estructural, captura institucional, y un relato político que confunde cobertura con sentido. No basta con hablar de cultura: hay que administrarla con el respeto que merece. La romantización de la precariedad ha sido sostenida incluso desde el lenguaje presidencial. Y quedó registrada así, en la voz del mandatario, durante la ceremonia de inauguración:
“Estás en las calles de Valpo, estás en la pobreza de sus poblaciones, estás en la lucha de su gente cotidiana, estás en las anónimas, estás en la memoria. Y que hoy te designen embajadora de este espacio tan lindo creo que es un reconocimiento justo, pero que engrandece.”
— Presidente Gabriel Boric Font, agosto 2023.
Mientras la pobreza sea patrimonio para cualquier gobierno, la cultura seguirá siendo entonces una ornamenta barata, el decorado pobre, evitable. No empoderar la labor de los espacios que debieran velar por sublimar la creación es el peor error de cualquier país que ambicione ser algo más que un paisaje. Paisajes que ya apenas dan cuenta de su propia historia.