Los generales del estallido: las declaraciones del alto mando ante la Contraloría

El pasado 3 de marzo la Contraloría General de la República (CGR) recomendó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, suspender de sus cargos a dos generales en servicio activo y uno en retiro por incumplir los protocolos sobre aplicación del uso de la fuerza durante el estallido social.

Se trata del actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, quien al momento de los hechos cumplía funciones como jefe de la Zona Metropolitana Este. La misma sanción del órgano fiscalizador fue propuesta para el actual subdirector de la entidad, general inspector Mauricio Rodríguez. Se suma el general en retiro Jorge Ávila.

Para evitar que Yáñez evalúe cumplir o rechazar la medida propuesta por el organismo fiscalizador, los altos oficiales recurrieron a la justicia civil quien acogió una medida precautoria paralizando el procedimiento.

Sin embargo, los testimonios completos de estos últimos y otros cuatro generales nunca han sido conocidos públicamente.

A través de una solicitud por Ley de Transparencia, se accedió a miles de fojas donde no solo constan las declaraciones de los altos oficiales, sino también otras de coroneles, un suboficial armero artificiero, quienes entregan detalles reveladores del uso de escopetas, cuyos balines provocaron cientos de traumas oculares en manifestantes por disparos a corta distancia, prohibidos por un informe interno de la institución.

El contenido íntegro de sus versiones ante la CGR los releva la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Los resguardos de Bassaletti

El primero en declarar, el 19 de mayo de 2020, fue el actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, Enrique Bassaletti. Durante el estallido social estuvo a cargo de la Zona Metropolitana Este. Es decir en el anillo Plaza Italia, desde la comuna de Providencia.

En diez fojas, Bassaletti respondió a un puntilloso interrogatorio, referido a cuáles eran sus responsabilidades internas, cómo manejó las operaciones, el uso de escopetas antidisturbios y el lanzamiento de lacrimógenas en distintos centros asistenciales.

Lea la declaración completa de Bassaletti

El oficial defendió el actuar de la policía uniformada. Indicó que las medidas contenidas en el protocolo del uso de la fuerza eran “autosuficientes”. Que se ajustaban a las “recomendaciones internacionales y se encuentra redactada de manera clara (…) contemplando incluso ejemplos para otorgar mayor claridad”.

Fue inquirido respecto a los hechos ocurridos en el hospital Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel, recinto -según le relató el fiscal- que se vio afectado por la utilización de gases lacrimógenos o elementos químico-disuasivos que de acuerdo a diversas denuncias, fueron lanzados ex profeso.

“Desconozco si se adoptaron medidas o instruyeron investigaciones en este sentido”, relató. Sin embargo, agregó que ante la presencia de algún ilícito, los antecedentes habrían sido remitidos al Ministerio Público o debien decretada una investigación administrativa.

Sobre hechos similares, acaecidos los días 4, 6 y 8 de noviembre de 2019 en las inmediaciones del Hospital Clínico Félix Bulnes, la CGR también profundizó sobre la instrucción de investigaciones o sumarios. “Lo desconozco. Tendría que revisarlo. Puede ser que hayan ido a distintas sedes administrativas de Carabineros”, refirió.

Sentido común

En la misma línea, la Contraloría le preguntó en qué consistían las prohibiciones y restricciones en el uso de químicos disuasivos.

Indicó: “Hay instrucciones para evitar usarlas en colegios y hospitales, de todas formas, también debe imperar el sentido común y el estado de necesidad; entonces si hay que disolver una manifestación y hay un colegio con niños cerca, lo que hay que hacer es evitar su uso, pero en forma fortuita podría arrastrarse hasta allí una nube de gas lanzada cerca”.

A renglón seguido, insistió que el “sentido común” va enlazado con la reglamentación interna y no es necesario invocarla para todos los procedimientos.

“Entonces, como es aplicación del sentido común, no es necesario estar señalando que no se puede usar ese medio disuasivo, sino que se aplica el principio de sentido común y los principios de la circular sobre uso de la fuerza, entre ellos proporcionalidad, racionalidad y gradualidad”, enfatizó.

“¿Son graves? ¿Por qué?”, preguntó el fiscal administrativo Carlos Soto sobre los hechos ocurridos en los centros asistenciales.

“Yo no puedo responder esa pregunta y no soy quien para evaluar si no conozco los antecedentes (…)”, indicó.

“En el nivel de lo deseado, ningún recinto debería ser afectado, pero hay que ver las circunstancias (…) el viento pudo cambiar de dirección (…) o que la cápsula de lacrimógena haya rebotado en algún punto y afectado al recinto. Esto no quita que todos los Carabineros conocemos que no se debe usar, y dudo que haya habido intencionalidad o dolo en el actuar”, agregó.

Estrategia y caos

Como el resto de los generales interrogados, Bassaletti coincidió en que durante su carrera nunca enfrentó una situación similar al estallido social. Extenuantes horas de trabajo, carros lanza agua a medio funcionar, problemas en la logística, pero sobre todo uso de personal no calificado para la situación que enfrentaban.

“Durante el periodo de octubre de 2019, hubo personal que trabajó en control público aún sin especialidad de control de orden público, sino que eran carabineros territoriales, debido a la escasez de personal especializado dado el gran volumen de eventos”, apuntó.

Parte de la estrategia investigativa de la CGR era determinar cómo operaba la cadena de mando y dependencia, en una estructura piramidal.

Según Bassaletti, las órdenes que recibió entre el 18 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de esa anualidad, provinieron del jefe de la Zona Metropolitana, el general Mauricio Rodríguez, actual subdirector institucional, es decir el segundo al mando.

“Sí. Recibí varias instrucciones, fueron múltiples (…) de tipo administrativo, como por ejemplo de autodenuncia ante hechos constitutivos de delito, (…) mantenimiento y custodia de los cuarteles, instrucciones sobre los derechos de los detenidos (…)”, aclaró.

Corta distancia

El uso de cartuchos calibre 12 en las escopetas antidisturbios fue otro de los puntos auscultados por la Contraloría a raíz de los cientos de traumas oculares producidos por los disparos a corta distancia, que infringían los protocolos sobre el uso del armamento antidisturbios.

El hecho estaba contenido en un informe preparado por el Laboratorio de Criminalística (Labocar), fechado en 2012 y hasta entonces nunca actualizado, para el uso de munición calibre 12 milímetros.

Publicado en noviembre de 2019 por Ciper Chile, el informe recomendaba al personal policial no disparar a más de 30 metros del blanco, como además apuntar al tercio inferior del cuerpo. A menor distancia, advertía, podría ser letal. Cuando se dio a conocer este documento, el joven Gustavo Gatica había sufrido un trauma ocular como otros cientos de casos. El estudiante de psicología, a diferencia de otros, perdió la visión en ambos ojos.

La Universidad de Chile analizó los perdigones y descubrió que los balines no eran de goma, sino que contenían otra serie de elementos, incluso algunos nocivos para la salud, ya que muchas veces los proyectiles quedan alojados para siempre en el cuerpo, sin que puedan ser extraídos.

“Tenía una proporción en que tenía elementos distintos a la goma, como cristales de cerámicos. Aunque el informe de la Universidad de Chile señalaba plomo, lo cierto es que solo eran trazas y lo que no era goma eran cristales de cerámicos y otros elementos. Nosotros no sabíamos de esto. (…) De ahí que se cambió la munición a 3 postas (balines)”, declaró Bassaletti.

Al respecto, agregó: “Un problema de la escopeta es que el tiro no es controlado, no se puede dirigir, (…) no es preciso, porque existe una proyección en forma de cono, no hay puntería, se dispersan las postas”.

Con posterioridad al estallido, Carabineros cambió la munición utilizada hasta ese entonces. Al ser consultado sobre el por qué dijo que la corrección ocurrió porque la munición estaba “en entredicho, sobre todo por la composición (…)”.

Y sinceró que el cambio ocurrió para “buscar una alternativa de menor daño posible”. Se eligió la usada por la PDI que contenía solo tres postas.

“¿Desea agregar algo más a su declaración?”, le indicó el fiscal a Bassaletti, a lo que accedió.

“La mayoría de los Carabineros son agentes de bien, somos personas que tenemos por objetivo servir a la comunidad, y lo hacemos con mucho orgullo. En ese espíritu nos afectan mucho los casos de corrupción o de personal que se apartan de las normas que nos regulan. Es injusto que por esos casos se juzgue a toda la institución. Siento que hay una animadversión de diversos sectores contra Carabineros”, concluyó.

No menos que saber

El entonces director de Logística, general Jean Camus, testimonió el 20 de mayo de 2020 en la CGR. En sus primeras palabras, explicó que su repartición dependía de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, dirigida, entonces, por su colega Jorge Valenzuela.

Camus dijo que su labor era apoyar a toda la institución, ya que opera en las compras públicas, entre esas la cartuchería para las escopetas, adquisición de blindados, carros lanza gases y agua, entre otros pertrechos.

Al ser consultado sobre cuál es el mejor disuasivo para restablecer el orden público, aseveró que el agua, siempre y cuando se “ocupe bien”. En todo caso advirtió que depende del tipo de manifestación que se desarrolle.

Respecto al cambio de munición, continuó, este se produjo a raíz de “las lesiones en muchos ciudadanos”. Junto a Gustavo Gatica, se sumaba el caso Fabiola Campillay, quien también perdió la visión por el disparo percutado a corta distancia por el capitán Patrico Maturana, ya formalizado por el Ministerio Público. “Previo al estallido social, esa munición se utilizaba solamente para fechas emblemáticas”, agregó Camus.

Sobre el documento revelado por Ciper Chile, contestó: “Yo no tenía conocimiento del informe con anterioridad al estallido. (…) Tengo entendido que (…) estaba a disposición de las capacitaciones en el uso de la escopeta”.

Lea la declaración completa de Camus

El entonces encargado nacional de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, quien actualmente tiene el grado de general director de Carabineros, tampoco supo de su existencia. Y agregó detalles.

“Lo conocí solo cuando la fiscal (Ximena) Chong me lo enseñó. (…) Desconozco el uso del informe. No sabemos si hubo alguna trazabilidad del informe”, declaró.

Pese a sus comprobados efectos en el cuerpo y posible letalidad, el general Yáñez confesó que “no solo se hizo una compra a la fecha del informe (2012), sino que también en 2016 se adquirió la misma munición”.

Sobre el cambio de munición, pregunta transversal para todo los generales, Yáñez reconoció que a la fecha se utilizaba la munición calibre 12 y que la modificación fue “una decisión institucional” debido a los “cuestionamientos propios del estallido social, donde se cuestionaba el efecto en las personas que tenía el uso de la munición”.

Lea la declaración de Yáñez

Luego de 32 preguntas, y al igual que Bassaletti, Yáñez agregó al final que el estallido fue un hecho inédito en la historia chilena, “en atención a la cantidad de eventos, considerando los recursos con los que contábamos”.

Vivan las escopetas

El general Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste, habló ante el fiscal administrativo el 20 de mayo de 2020. Al igual que su par de la zona Este (Bassaletti), dijo que dependía operativamente del jefe de la Zona Metropolitana, Mauricio Rodríguez.

Monrás defendió el uso de la escopeta: “Yo creo que (…) es un buen medio. La utilizo para que mediante el dolor se deponga una acción. Se tiene conciencia que genera lesión, pero se debe ocupar la gradualidad y saber ocuparlo”, indicó.

El general Monrás recordó que “en el gran grupo de manifestantes, siempre había grupos más exaltados”. En ese escenario, “se van utilizando los medios que se tengan. Primero la conversación, luego el agua y luego la escopeta. Este último método, antes de octubre de 2019 era de un uso restringido y no tan utilizada”, reconoció.

Lea la declaración completa de Monrás

Otra de las armas usadas, indicó Monrás, es el llamado “super sock” que usa un cartucho similar al de las escopetas.

Se trata del mismo que recibió en su rostro la actriz María Paz Grandjean en las cercanías del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) el 18 de octubre de 2019, donde trabajaba por esos días. ¿Resultado? Fractura de mandíbula.

El autor del disparo, el excapitán Tomás Rodriguez, quien fue formalizado este martes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de apremios ilegítimos.

Incendiar La Moneda

El entonces jefe de la Zona de Control y Orden Público, general (r) Jorge Ávila, aseguró ante la Contraloría el 3 de diciembre que los cartuchos calibre 12 solo eran usados en fechas emblemáticas, entre ellas el día del Joven Combatiente de fines de marzo y el 11 de Septiembre.

A su juicio después del 18 de octubre y pese a la quema de estaciones de Metro, el toque de queda decretado por el gobierno al día siguiente, estimó “ingenuamente que esto iba a decaer”.

“Sin embargo, llegado el 25 (de octubre) se produjo una marcha histórica, la más grande que ha tenido Chile, donde los medios estimaban más de 1 millón 200 mil personas”, agregó.

Relató que los ataques a las fuerzas policiales aumentaron en el eje Plaza Italia y que incluso se trasladaron peligrosamente al anillo de seguridad de La Moneda.

“Después tenemos la marcha de los guerrilleros que desde mi punto de vista fue extremadamente violenta (…) El uso del carro lanza agua fue tremendamente relevante (y) se complementó con el uso de gases, granadas de mano o carabina lanza gases”, explicó.

Lea la declaración completa del general Jorge Ávila

A su juicio la estrategia buscaba “inhibir la acción de (…) que actuaban bajo el consumo de alcohol y drogas, presumo, pues los gases no les generaban efecto alguno (…) nuestro personal se vio en la necesidad de ocupar la escopeta antidisturbios”.

Dicha contención, insistió, “impidió que ellos lograran llegar al Palacio de La Moneda, con claras intenciones de (…) cometer un incendio”, declaró.

También se sentó en el banquillo de la Contraloría el general Jorge Valenzuela, por entonces director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales.

Durante el periodo investigado por el organismo fiscalizador, Valenzuela declaró que su rol fue preocuparse “que los Carabineros tuvieran los insumos para poder realizar sus funciones”.

En 27 preguntas, ahondó: “Algunos suministros para control de orden público, cuyo stock estaba previsto para un uso anual, se utilizó en un par de semanas”.

El más utilizado fueron los disuasivos químicos que aumentó “exponencialmente (…) durante el tiempo de contingencia”.

Sobre el armamento y los vehículos con los que contaba Carabineros para restablecer el orden público, el general Valenzuela señaló que “al inicio era bastante débil el parque automotor y los insumos asociados a la protección de los funcionarios vinculados al control del orden público”.

El uso de este armamento, dijo, se encuadraba con el general Jorge Ávila y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. Su rol, acotó, fue “suministrar los insumos que se me solicitaban”.

Lea la declaración del general Valenzuela

Sobre el cambio en la munición, el general Valenzuela reveló que esa decisión fue del general director a raíz de la “composición de las postas”.

“Primero se restringió su uso, mientras no hubiera un informe oficial sobre la materialidad de la posta”, continuó.

Al igual que sus pares, Valenzuela desconocía el informe del Labocar de 2012.

“(…) escuché en algún momento algo relacionado con esto, pero nunca se me hizo llegar el informe”, manifestó.

Pese a que la Casa de Bello realizó un peritaje publicado profusamente en los medios que cuestionaba la composición de los balines, aseguró desconocer si en base al documento se desarrolló algún análisis o “si se tomaron decisiones sobre esas conclusiones”.

Las voces de los otros

Por Teatinos 56 no solo desfilaron los generales. De hecho, en el sumario consta la declaración de varios coroneles, un abogado y un suboficial armero artificiero.

Este último, cuya identidad está tarjada, entregó su versión “bajo promesa de decir verdad” el 27 de noviembre de 2020. Su relato se acotó a las cinco prefecturas de la Zona Santiago Oeste -a cargo del general Monrás- entre octubre y diciembre de 2019.

Dos puntos relevantes guardan relación con el uso de la escopeta antidisturbios y la distancia necesaria, y sobre el cambio de la munición calibre 12 a una de tres postas.

“Se sabe que no se puede disparar directamente a mujeres embarazadas y quien no respeta eso sabe que está incumpliendo con una norma legal”.

Lea las tres declaraciones completas

Respecto a por qué el mando resolvió cambió la cartuchería, reconoció “(fue a) propósito de la pérdida de vista de un joven, y de un estudio que decía que tenía plomo”. Aunque no lo detalla, por las fechas referiría a Gustavo Gatica.

En la misma calidad administrativa concurrió a la CGR un capitán (su nombre está tarjado) que se desempeñaba como asesor jurídico en la zona ya mencionada.

En su relato, el funcionario advirtió que desde una perspectiva jurídica se ejercía “una fiscalización en un aspecto limitado respecto al uso de la escopeta y armas de fuego”.

Básicamente, agregó que su trabajo apuntó a “canalizar las instrucciones que vienen (…) desde la Dirección de Orden y Seguridad o de Secretaría General”. Desde esta última repartición, añadió, provenían las órdenes para el uso del armamento antidisturbios.

“Desde el departamento administrativo se fiscalizaba que la munición fuera la correcta y que el funcionario fuese certificado”, dijo. En otras palabras, velar porque los protocolos se cumplieran.

Otro de los declarantes fue el coronel jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo Social de la institución (identidad borrada), que en 2019 se desempeñó como prefecto de Fuerzas Especiales (FF.EE).

En su declaración contó que a su mando estaban 700 funcionarios en la Región Metropolitana y “cerca de 2000” a nivel nacional.

Y describió que la principal característica para trabajar en esa unidad de élite, hoy llamada Control de Orden Público (COP), es necesario un perfil psicológico para afrontar la “tolerancia a la frustración”.

En 14 fojas, el oficial coincidió en que el agua es el mejor disuasivo cuando es “bien utilizada”. Mezclarla con elementos químicos para generar irritación queda a criterio del mando, es decir, “opcional”.

Respecto al cambio de munición, el coronel declaró que ellos no cambiaron su munición, mientras él estuvo a cargo de la prefectura de Fuerzas Especiales. “Solo ahora, este año (2020), se cambió a un cartucho de tres postas”, reveló. A renglón seguido dijo desconocer si es de uso “exclusivo o alternativo”.

Y agregó: “La capacitación (de) escopeta es sobre su uso, y no en atención al tipo de munición, de modo que no se hicieron capacitaciones especiales o distintas en esa materia”.

Según cifras del INDH, entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, se presentaron 2.520 querellas. La mayoría de ellas (1.730) por el delito de apremios ilegítimos. La institución más denunciada fue Carabineros, con 2.340 acciones judiciales.