Fotografía: Agencia Uno

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  • El organismo fiscalizador se encontró con asesorías no acreditadas, tratos directos innecesarios para difusión de noticias en medios de comunicación locales y compras de regalos que van desde "paraguas modelo ejecutivo" hasta botellas. Para justificar uno de los gastos presentaron un CD, pero éste estaba en blanco. A todo ello, se suma una capacitación por la que los funcionarios debieron atravesar más de 700 kilómetros, entre la capital y... el Gran Hotel Enjoy de Pucón. La historia la revela la Unidad de Reportajes de BioBioChile.

    La Contraloría General de la República iniciará un reparo con el que busca restituir $588,6 millones para las arcas municipales de Maipú, luego de que descubriera numerosos pagos irregulares en la administración de la alcaldesa Cathy Barriga.

    Las anomalías constan en un informe de 158 páginas del organismo de control, en el que se da cuenta de la contratación de asesorías sin respaldos y compras de artículos sin la acreditación suficiente, que van desde paraguas hasta botellas de aluminio.

    Pero hay más. También se cuestiona un viaje de la alcaldesa y su personal municipal a Pucón. Atravesaron 785 kilómetros, desde la capital hasta la zona turística de La Araucanía, para una capacitación en… el Gran Hotel Enjoy.

    La Contraloría tomó cartas en el asunto y anunció que iniciará un juicio de cuentas, con el que pretende recuperar los dineros desembolsados por el Estado en las adquisiciones de la alcaldesa.

    Los tratos directos

    Según consta en el informe fechado este 9 de marzo, la Contraloría descubrió que la casa edilicia celebró contratos vía trato directo con cuatro páginas web por varios millones de pesos, para confeccionar y difundir noticias de eventos y servicios del municipio.

    Sin embargo… se descubrió no todo estaba en orden.

    Por el contrario, se detectó que tres de las cuatro páginas web contratadas copiaban y pegaban de manera literal las noticias difundidas por la gestión comunal, algo que -a juicio de la Contraloría- corresponde a servicios que no pueden ser considerados “necesarios” e “imprescindibles”, puesto que el municipio cuenta con su propia oficina de prensa.

    En todos los proveedores también se detectaron problemas para acreditar los servicios. El primero de ellos, sólo presentó como pruebas “un par de ejemplos con impresiones de pantalla”.

    Del segundo prestador de servicios, no constan las fechas de las publicaciones contenidas en los informes y verificaciones practicadas en dicho sitio web permitió comprobar a Contraloría la publicación de solamente una noticia, de fecha 20 de enero de 2020. No existían otras notas publicadas ese año, consigna el documento de ente fiscalizador.

    El tercero, en tanto, identificó de manera genérica y sin detalle de fecha y título las publicaciones realizadas, “hecho que no permite verificar los servicios informados con aquellos figurados en la página web”, señala el escrito.

    Mientras que del cuarto, “efectuada una revisión a dicho portal web el 8 de febrero de 2021, no fue posible confirmar las publicaciones realizadas en el año 2020, porque estas no fueron habidas”, sentencia el organismo.

    Por dichos servicios, la casa edilicia pagó casi 27 millones de pesos, lo que significó un “tirón de orejas” a la administración de Barriga de parte de la Contraloría, desde donde se le recordó que “los desembolsos realizados con fondos públicos, deben efectuarse (…) con el debido resguardo del patrimonio público, y pleno respeto al principio de probidad administrativa, y que además, no afecten los principios de eficiencia, eficacia y economicidad”.

    Los asesores de Barriga

    La historia no termina ahí. Según se constató, la Municipalidad de Maipú contrató a cinco asesores: dos de ellos con dependencia directa de la alcaldía, otros dos para el programa de reparto de agua municipal Smapa y otra funcionaria a honorarios.

    En total, a todos ellos se les pagó más de 13 millones de pesos, pero la realización de sus tareas no pudo ser acreditada.

    ¿La razón? Simple. Cuando los funcionarios de la Contraloría llegaron a fiscalizar en terreno la prestación de los servicios, las unidades a cargo de visar los informes de actividades que respaldaban los pagos no presentaron evidencias que acreditaran las tareas contenidas en los reportes mensuales.

    En el transcurso de la investigación, el ente fiscalizador requirió una respuesta formal de la administración municipal, pero ésta no se pronunció sobre la materia.

    Capacitación en… ¿Pucón?

    El municipio tampoco escatimó en compras y capacitaciones por las que destinó $548 millones.

    El Gran Hotel Enjoy de Pucón fue el lugar de destino escogido para capacitar a 100 funcionarios que cumplían entre 5 a 50 años de servicio.

    La actividad se concretó los días 29, 30 y 31 de mayo del 2019, costándole a las arcas municipales casi $48 millones de pesos.

    Según describe el órgano contralor, el evento no contaba con la documentación de respaldo mínima para sustentar el gasto realizado, tales como el contenido, programa y evaluación de la capacitación, además de antecedentes que respalden que el personal que participó en ella cumplía con los requisitos.

    Por si fuera poco, también se reveló que de las 100 personas consideradas para la actividad, sólo se guardó registro de la participación de 87 de ellas. Nada indica sobre las 13 personas que no asistieron al evento y que de todas formas estaban incluidas en el costo de la actividad.

    Paraguas modelo ejecutivo

    Según indica el lapidario informe del organismo de control, por la considerable suma de poco más de $137 millones, se efectuaron adquisiciones de regalos publicitarios que no estarían vinculados a actividades relacionadas con fines propios del municipio.

    El desglose va así: bolsas ecológicas, caramayolas, mochilas, cobertor de polar, botellas deportivas de aluminio, paraguas modelo ejecutivo, entre otros. Todo ellos habrían sido entregados en distintos eventos realizados por la municipalidad en el período 2019-2020.

    También se constató el pago de $109 millones de pesos por servicios de transporte para personas, el que -nuevamente- no contaba con la documentación pertinente que respalde el decreto de pago.

    En efecto, la municipalidad -a modo de prueba- presentó un disco compacto con información, pero esta no pudo ser verificada por Contraloría: “Se encontraba en blanco”, indica el reporte respecto del CD.

    Por último, también se encontró, entre otras cosas, que las compras realizadas por el municipio en relación al covid-19, tales como mascarillas, portales antivirus, termómetros, vitamina C, camas clínicas, test rápidos y mercaderías, estaban insuficientemente acreditadas.

    Por ejemplo, en el caso de las vitamina C, el informe es claro al indicar que “una vez analizada la información puesta a disposición por tales adquisiciones, se verificó que no existe evidencia de que los bienes obtenidos hayan sido ingresados a la bodega municipal y tampoco la existencia de actas donde se formalice la distribución de las especies adquiridas”.

    Algo similar ocurre con la compra de 80 camas clínicas eléctricas tres funciones A.P y colchón de espuma IC, donde según la Contraloría no consta el ingreso de estas al inventario municipal y tampoco el destino final de tales especies.

    Por todo lo anteriormente señalado, la Contraloría indicó que iniciaría el reparo respectivo, a fin de restituir los pagos que ascienden a un total de $588,6 millones.

    La Unidad de Reportajes de BioBioChile intentó obtener una respuesta de la municipalidad, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

    Lea el informe completo aquí:

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