Fotografía: Agencia UNO | Edición BBCL

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  • La empresa creó un mecanismo de prevención del delito para obtener dineros del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros fondos de inversión para desarrollar proyectos, como una forma de cumplir con el estándar legal. Básicamente se trata de un sistema para evitar que la “persona jurídica” -a través de los ejecutivos de la empresa- cometa delitos de corrupción, como establece la ley 20.393 que permitió ingresar a Chile en la OCDE. Básicamente si el Ministerio Público acredita los hechos, la firma deberá pagar millonarias multas. Los detalles aparecen en una orden de investigar donde los empleados reconocieron ante la PDI, que los ejecutivos de Itelecom nunca les revelaron el tinglado criminal creado para coimear a funcionarios públicos para quedarse con millonarias licitaciones, tanto en Iquique como en Chillán para instalar luces led. La historia y el documento lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    La firma Itelecom, investigada por lavado de activos y pago de sobornos en las municipalidades de Iquique, Chillán y Negrete para ganar millonarias licitaciones instalando luces led, violó su propio mecanismo de prevención del delito. En otras palabras, el sistema que busca evitar que una compañía -a través de sus ejecutivos- incurra en actos de corrupción. De paso, también engañó a varios de sus empleados que nunca se enteraron del tinglado delictual montado por el dueño Marcelo Lefort, actualmente formalizado por coimear a funcionarios públicos y blanqueo de capitales.

    Los hechos aparecen relatados en la indagatoria paralela que sustancia el Ministerio Público que apunta a los ilícitos cometidos por la “persona jurídica”. De comprobarse, Itelecom arriesga el pago de elevadas multas. Si bien la ley establece que la empresa podría ser disuelta, lo cierto es que al existir contratos en ejercicio y una reorganización de la misma ante la justicia civil, es altamente probable que el organismo perseguidor opte por sanciones económicas a beneficio fiscal.

    La información consta en una orden de investigar preparada por funcionarios de la PDI que interrogaron tanto a los empleados de la firma, los especialistas que crearon el dispositivo legal, como también a la certificadora del mismo.

    A una copia íntegra accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Lea la orden de investigar de la PDI

    Orden de investigar Itelecom by Jorge Molina Sanhueza on Scribd

    Creación

    De acuerdo al documento policial, un estudio de abogados junto a una empresa asesora, crearon en 2019 las matrices de riesgo para Itelecom y tanto los trabajadores como los ejecutivos y directores fueron ampliamente capacitados.

    Entre otros aspectos, se creó un canal de denuncia interno y se designó al oficial de cumplimiento, cargo que recayó en la abogada Carolina Lefort, quien es pariente de uno de los ejecutivos formalizados por blanqueo de capitales por el Ministerio Público. Esta última es quien debía mantener una comunicación con el directorio ante cualquier vulneración legal en los negocios de la firma. Ante la PDI aseguró que nunca tuvo conocimiento de que se cometiera algún acto delictual.

    A fines del mismo año, Itelecom buscó a una certificadora legalmente inscrita ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el fin de aparentar que cumplían los requisitos exigidos por inversionistas extranjeros, como también para conseguir recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial para financiar proyectos. Ese 2019, mientras realizaban estas gestiones, los teléfonos de los ejecutivos eran interceptados por la fiscalía.

    Ni el bufete, ni la certificadora tenían cómo saber de los casos de corrupción, ya que su labor no implicaba revisar los estados financieros y menos las labores bancarias personales de los dueños, gerentes o directores, ya que la ley entrega la responsabilidad de cumplir las normas internas a la propia compañía.

    De hecho, el modelo de prevención fue implementado posterior al pago de coimas, lo que podría desmejorar la situación procesal de los dueños de Itelecom.

    La Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (20.393) comenzó a operar en Chile en 2009, lo que permitió que el país ingresara como miembro de la OCDE. El cuerpo legal permite sancionar no solo los delitos de corrupción cometidos dentro de nuestras fronteras, sino también cuando un empleado extranjero recibe coimas de una empresa local.

    Lobby y política

    Carolina Lefort fue interrogada por los detectives de la Brigada Anticorrupción sobre los alcances de su labor. Indicó no tener ningún antecedente y, entre otros argumentos, indicó que en las actas de directorio nunca quedó constancia de alguna actividad ilegal.

    “No tengo conocimiento de pagos que hayan efectuado ejecutivos de la empresa Itelecom para adjudicarse licitaciones. Todo lo que sé es a través de la prensa”, indicó la profesional.

    En todo caso, reconoció haber visitado a Marcelo Lefort en 2020 cuando estaba detenido en el penal Santiago 1. “En esa visita solo conversamos respecto de temas familiares, nada relacionado con los delitos que se le imputan”, dijo.

    Respecto de las finanzas de Itelecom, Carolina Lefort explicó que todo estaba en manos de Leonardo Bustos.

    Este último, en una declaración revelada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el pasado 21 de enero, reconoció que se usaron más de $1.600 millones solo en el pago de soborno a funcionarios públicos.

    Lea la declaración aquí

    En la orden de investigar varios de los empleados mencionan a otro de los miembros del clan: el abogado Camilo Lefort, a su vez primo de Carolina. Todo en familia.

    Este último reconoció su trabajo en la compañía, pero también aseguró desconocer los sobornos. Sin embargo, sí participó en licitaciones de luces led en distintas municipalidades.

    “En mi impresión este mercado (…) es altamente político (…) hay que hacerle sentido a una municipalidad; se puede a través de Ley del Lobby, pero no es obligatorio que las acepten (…) y sin lobbistas parece que el mercado no resulta”, declaró.

    Alex Campos Garin funge como encargado de finanzas. Según su versión, cuando tomó conocimiento de que la fiscalía había detenido a sus jefes, comprendió las situaciones que en principio -al menos- llamaban su atención.

    En el caso también se indagan también delitos tributarios, en especial la emisión de documentos ideológicamente falsos emitidos por José Hidalgo Abarzúa, dueño de Servicios Parking, que sirvieron para hacer caja y pagar sobornos.

    “En alguna oportunidad cuestioné las facturas de Hidalgo Abarzúa, pero mis jefes me indicaron que (…) estaban correctas y debían pagarse”, reveló.

    Cuando el caso explotó en 2020 con la corrupción en Iquique de Itelecom, aseguró Campos Garín, realizó una revisión pormenorizada de las facturas ideológicamente falsas que superaban los $720 millones.

    Larga lista

    Actualmente se encuentran formalizados en la indagatoria por la corrupción en las luces Led en la Municipalidad de Chillán, el exadministrador de la casa edilicia, Ricardo Vallejos, por los delitos de cohecho y violación de secreto.

    Le siguen Marcelo Campos, exasesor jurídico y exjuez de Policía Local de la comuna de Pemuco, por el delito de cohecho.

    Marcelo Lefort, el dueño Itelecom; Pedro Guerra, subgerente; Ricardo Rodríguez, gerente comercial, y Heriberto Bustos, de administración y finanzas, todos por soborno a funcionarios públicos.

    En la arista Iquique, en tantos enfrentan cargos los concejales de la casa consistorial, Mitchel Cartes (PS), Felipe Arenas (UDI), Arsenio Lozano (PR) y Guillermo Cejas (Ind), por los delitos de cohecho reiterado, lavado de activos y fraude al fisco.

    En este caso, Lefort por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco, al igual que Pedro Guerra, subgerente de la empresa.

    La nómina de formalizados en el norte la cierran Mario Villalobos, Marcos Contreras, Martín Vargas, por el delito de soborno reiterado, y Cristián Ureta, por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco.

    Finalmente, la arista relativa a la Municipalidad de Negrete cuenta con la formalización de cargos a David Encina Fonseca, jefe de la Secretaría de Planificación (Secplan), por el delito de cohecho, y al alcalde, Francisco Melo, por los delitos de cohecho y violación de secreto.

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