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  • Experto en técnicas antilavado aplicadas a las empresas privadas, el abogado Rodrigo Reyes, conoce el tema al dedillo. Socio de la consultora Prelafit, trabajó en la Unidad de Tráfico del Consejo de Defensa del Estado que investigó a las grandes organizaciones colombianas que operaban en Chile entre las décadas 90 y 2000. Desde la experiencia acumulada, Reyes explica que las compañías, como también la banca, han cambiado la manera de relacionarse con el cliente, ejecutando el due dilligence o debida diligencia para evitar sorpresas. Sin embargo, admite que verse involucradas con el crimen organizado lo miran en el presente y no como potencial de futuro. Y advierte que las señales de alerta deben ser tomadas con mayor seriedad durante la pandemia y la crisis económica. En entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, para el Especial Crimen Organizado, analiza también los alcances de la Ley de Lavado.

    ¿Están preparadas las empresas con sus sistemas de prevención del delito para enfrentar el fenómeno del crimen organizado?

    Están más preparadas de lo que estaban en los años 90 ‘s. Hay que tener presente que el delito de lavado de activos que se asocia a organizaciones criminales solo se tipificó como ilícito en 1995, cuando se dictó la Ley de Drogas 19.366. Antes de esa fecha podías lavar dinero en Chile no era delito. Esa legislación se modificó en 2003 con la ley 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), donde tipificó el lavado de activos, en relación a diversos delitos base. Hoy no solo existe blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, sino también con el financiamiento del terrorismo, de mercado de valores, bancos, los delitos funcionarios, aduaneros, tributarios y recientemente el uso fraudulento de trarjetas de crédito.

    ¿Es decir hay mejores controles?

    Sí, las empresas, las bancas fueron contando con mejores controles con el objeto de tratar de estar más preparados para levantar sus riesgos y mitigarlos a través de controles. Pero dirigido al control de sus clientes. El gran principio en los temas de lavado de activos es el llamado “conozca a su cliente” y desarrollar el due dilligence o debida diligencia, para conocer cuál es la actividad y cuál es la operación normal de estos. Y si cambian esa normalidad que eso sea considerado como una señal de alerta, digna de ser investigada, y si corresponde, hacer el Reporte de Operación Sospechosa a la UAF.

    ¿Si comenzó en 1995 la tipificación del lavado de activos, luego en 2003 con la creación de la UAF, qué otras mejoras se han producido desde entonces?

    En 2009, a partir de la Ley 20.393, de diciembre de 2009 que incluyó a todas las empresas del mundo privado y del Estado, pueden ser imputadas como persona jurídica por actividades que realicen sus ejecutivos, ligados eventualmente con una organización criminal. Ahora bien, no pensando en una conducta negligente o de hacer oídos sordos o dejar pasar determinadas actividades de sus clientes, sino que los ejecutivos fueran parte de una organización criminal y a través de eso lavar activos.

    ¿Cómo surgió esa norma?

    La OCDE le exigió a Chile tener algún tipo de medida de responsabilidad, no necesariamente penal, pero nuestro país optó por la responsabilidad penal de la persona jurídica. Desde ese momento se replicó en los países OCDE de la región como Argentina, Perú, Brasil, Bolivia y Colombia y el resto de latinoamérica.

    ¿Y más allá de lo penal, cuál es el alcance?

    En tener negocios éticos, muy en línea de la responsabilidad social empresarial. En otras palabras, que las empresas se organicen adecuadamente, porque no solo el Estado debe velar que no se cometan delitos en su seno, sino que es la empresa la que debe elaborar mecanismos tendientes a prevenir la comisión de ilícitos al interior de las compañías.

    Está claro que el mecanismo de prevención de delitos ya está extendido en las empresas, pero ¿cómo lo interpretan? ¿Es más bien restrictivo? ¿Imaginan al menos que pudieran ser objeto de verse involucradas con una organización criminal?

    Todavía hay mucho de eso. Pero hay empresas y hay varias empresas que se han subido al barco por el solo hecho de la formalidad. Solo cumplen con ella, pero este sistema ha ido mutando hacia sistemas reales y efectivos. Lo único que logra mitigar o eximirse de algún tipo de responsabilidad a la empresa, es que tengas un sistema elaborado de manera seria y que sea real y efectivo. Y tienen que aprobar un programa de cumplimiento. Pero hay algunas que solo se han quedado en la formalidad y hay poca gestión de los programas de cumplimiento. Pero es un camino largo y sin retorno y que avanza paso a paso.

    La prensa

    ¿Entonces la empresa mira con distancia la existencia del crimen organizado?

    Sí. Por un lado, algunas empresas ven en la elaboración de sus códigos de ética y modelos de prevención, el cumplimiento de una formalidad. Y ven una oportunidad de eximirse de su responsabilidad penal. En caso de que sean imputados el día de mañana. Y eso es una mala política. Es decir, estos programas no deberían ser mirados solo con el fin de eximirse de responsabilidad penal. Lo que deben hacer es desarrollar estos programas para efectos de prevenir que en el interior de su compañía ocurran actos ilícitos u otros de carácter indebido. Solo así puede remediar, cooperar con la autoridad, disminuir los daños que pudo haber ocasionado el actuar ilícito de un ejecutivo. Eso es fundamental.

    ¿Es como evitar enterarse por la prensa?

    – Sí. Es evitar que la empresa se entere por el diario respecto de un incumplimiento severo. La idea es que el sistema haya podido prever la conducta, de tal manera que se pudieran dictar las medidas de resguardo y mitigación. Esa es la filosofía que hay detrás de esto.

    Usted trabajó en la primera unidad antilavado del Consejo de Defensa del Estado entre la década noventa y 2000. Con esta experticia hoy asesora a empresas en estas materias precisamente para evitar que caigan en las redes de las organizaciones criminales. ¿Ha recibido consultas respecto a si el crimen organizado o el narco es un peligro potencial y saber cómo enfrentarlo?

    Sí. La peor pesadilla para una empresa es aparecer vinculada en alguna operación con una organización criminal. Y lo que ha ocurrido es que ahora hay una mayor aproximación a los riesgos con la debida diligencia, a través de diferentes ámbitos. Por ejemplo, si una empresa minera quiere realizar una donación a una fundación, lo que hace hoy es averiguar muy bien qué hace esa fundación y su objetivo para no terminar a través de ella, financiando campañas, políticos o un atentado terrorista. En otras palabras, determinar quién es el beneficiario final, sus socios de negocios, proveedores que los pueden involucrar en tremendos problemas.

    Chile limita con dos productores importantes de drogas y eso genera lavado en Chile a través de organizaciones criminales, que eventualmente podrían llegar a las empresas. ¿En ese sentido nuestra ley es moderna? ¿Cómo estamos frente a nuestros vecinos?

    Probablemente en estos temas de imputación penal de empresas podemos estar un poco más arriba que el resto porque somos un país OCDE. Eso nos obligó a tener determinada normativa, sino también a someternos periódicamente a exámenes realizados por comisiones de la OCDE. Y esta última ha sido bastante crítica, lo que ha permitido mejorar. Para muestra un botón, en su última visita, ha venido levantando la idea de que existan los canales de denuncia.

    ¿Cómo así?

    Existe un proyecto de ley que está bastante avanzado y que va a significar la creación de un canal público para efectos de que las personas denuncien, sino que también tengan protección. Por ejemplo, que no puedan ser despedidas y queden exentas de represalias, como suele ocurrir.

    ¿Cómo operan hoy conductas relativas a la relación narco y lavado?

    En general ha venido vinculando con el narcotráfico y fundamentalmente con maniobras de agotamiento del delito. Las conductas imputadas de lavado en contra del pariente del narcotraficante que tiene una casa o un auto a su nombre, pero hasta ahora no se trata de estructuras complejas. De hecho no hay imputaciones, por ejemplo,a bancos o instituciones financieras o a otro tipo de sujetos obligados a informar ante la UAF. Hablo de notarías, conservadores de bienes raíces, agentes inmobiliarios que se le imputen delitos de lavado de activos.

    ¿Cómo opera esto último?

    Si tú le imputas a una notaría, banco, al conservador de bienes raíces, lo que hay ahí es un delito de lavado de activos puro. Si bien es un sujeto que no participa del delito base, no trafica drogas, pero lo que hace es servir para ocultar o disimular el origen de los dineros.

    Entre la década 90 y 2000, hubo casos muy bullados como la Operación Océano, el mismo Cabro Carrera, la peruana Aerocontinente, todos ligados al narco y al lavado de activos. Eran otros tiempos, sin reforma procesal penal.

    Efectivamente, incluso el clan Maza que eran dueños de una casa de cambios. Esos casos se echan de menos hoy. Y uno tiende a preguntarse si acaso las casas de cambio, los medios de transportes, incluso las aerolíneas, las navieras ¿están absolutamente exentas de este tipo de conductas? ¿Es casualidad que en los años noventa hayan sido imputadas este tipo de empresas vinculadas con el lavado de activos y el narcotráfico? ¿O efectivamente hoy se está lavando pero no somos capaces de detectarlo? Son las preguntas que surgen.

    Pero insisto en la pregunta. ¿Las empresas están asustadas? ¿El crimen organizado es una especie de papa caliente que nadie quiere tocar?

    La organización criminal es vista como algo con lo que nunca quiero verme involucrado, pero siempre es algo lejano. Esto también tiene que ver con los sesgos. Si le preguntas a la gente cuál es el riesgo que tiene actualmente, siempre tiende a mirar el presente. En esta empresa no tengo riesgos, hasta que ocurren los eventos, los incidentes. La gente en general no percibe que hay un riesgo de vinculación con organizaciones criminales. Pero ciertamente si eso sucede le tendría terror sobre todo en un país como Chile donde la opinión pública es bastante sensible a las conexiones de una empresa con una organización criminal.

    Eventos

    ¿En su experiencia le ha tocado ver que una empresa haya tomado conocimiento de una posible relación con una organización criminal o bien lo haya hecho sin saberlo y se haya desecho del problema sin informar a las autoridades?

    En general lo que ocurre es que si eso es percibido por la empresa como un cliente riesgoso, lo que se hace es tratar de no vincularse con ese tipo de activos. Un típico caso o de gran vigencia con las empresas de bitcoins. Muchos bancos han visto que esto puede ser un espacio para algunos niveles de opacidad importantes por la misma estructura que tiene el algoritmo de las criptomonedas. Entonces han estado algo reacios a abrir cuentas corrientes a empresas de bitcoin en Chile y en general en el mundo. Ahora bien, hoy las transacciones no se hacen en dinero, sino a través de otros instrumentos y desde ese punto de vista hay nuevos riesgos.

    ¿Qué falta hoy en la legislación antilavado?

    Se ha avanzado mucho en materia de sentencias en materia de lavado de activos. Hoy tenemos muchas. Pero falta calidad en los casos.

    ¿Cómo así?

    No tenemos grandes casos de lavado de activos. La detección de organizaciones como las de antaño. Como decía, en los 90 tuvimos organizaciones criminales detectadas muy grandes, vinculadas con grandes capos de la droga. Entonces uno ve que en países como Estados Unidos, un banco es como el HSBC fue vinculado con organizaciones criminales del narco mexicano. ¿Entonces nuestras empresas chilenas es que son super bien portadas? ¿O la verdad es que no se está buscando más allá? Entonces queda la sensación de que la red permite atrapar algunos mosquitos, pero pasan los pájaros. Y eso pudiera ser peligroso.

    Hay empresas que siguen teniendo sociedades en los paraísos fiscales. ¿Es parte de las preocupaciones de las empresas?

    Yo creo que en general han venido teniendo una baja. Hoy no son instrumentos especialmente útiles, porque en general la legislación de secreto bancario se ha ido extendiendo una normativa internacional que tiende a captar cuál es el origen de los dineros que se depositan en paraísos fiscales. Fundamentalmente, desde la ocurrencia del atentado terrorista a las torres gemelas ocurrido en 2001 en Nueva York. En el caso de Suiza y otros países considerados paraísos fiscales han tenido que cooperar con la autoridad. En suma ya no son lo que eran. Y aunque siguen siendo un elemento de evasión fiscal muy importante, pero no sé qué tanto ligado a organizaciones criminales.

    Recientemente, del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación reveló que el banco HSBC consentía operaciones de lavado de organizaciones criminales, conocidos como los Fincen Files.

    Efectivamente, fue un pequeño grupo de operaciones sospechosas. Algunos hechos que permitían suponer que había organizaciones criminales operando con bancos. Si eso es así en Estados Unidos ¿es posible que esté pasando en Chile con alguna organización o un sujeto obligado a informar? A lo mejor no estamos llegando a tiempo.

    Más allá de la debida diligencia, de conocer a su cliente e incluso tener un sistema de prevención del delito. ¿Cómo podría percatarse una empresa de que está relacionańdose con una organización criminal?

    Dependiendo de cuál sea el sector de la empresa involucrado existen una serie de señales de alerta que se van actualizando. Por ejemplo, la UAF emite constantes señales de alerta a nivel nacional asociadas a diferentes actividades. Por ejemplo, notarios, bancos, entre otros. En este sentido, es muy importante que las empresas vayan capacitando a sus ejecutivos para efectos de darse cuenta cuando están en presencia de alguna actividad o actitud del cliente que permita suponer que se trate de una operación inusual, rara, extraña, que requiera poner más atención.

    ¿Por ejemplo?

    Los casinos. Una de las señales de alerta que han surgido es la llegada de un grupo de personas al casino, compran fichas, se despliegan, no juegan y esas fichas son entregadas a una sola persona y esta última llega a la caja y dice que se ganó un premio. Y como ha comprado bajo el umbral de reporte, entonces no hay constancia de que esas personas compraron sumas importantes. Después la misma persona que retira aparece llevándose 30, 40, 50 millones de pesos. Y teniendo algún tipo de comprobante, podría decir que ese dinero lo ganó legalmente. Entonces, lo que deben hacer los casinos es entrenar al crupier, al personal de seguridad para detectar estas actitudes sospechosas de personas.

    Sectores febles

    ¿Cuáles son las áreas sensibles de una empresa que pudieran verse infiltradas por una organización criminal?

    Básicamente, las áreas vinculadas al manejo de dinero: finanzas, compras a través de una actitud negligente. Por ejemplo, el típico caso. Una empresa le compra a un proveedor cualquier tipo de suministro muy barato. En algún momento cabe preguntarse ¿si es mucho más barato que la competencia es porque esta empresa lo está haciendo muy bien o más bien lo que busca es lavar activos? Y dentro de estos están las empresas mineras, el retail, entre otros.

    ¿Qué tan útil ha sido que todo el Estado se haya convertido en un sujeto obligado a informar operaciones sospechosas a la UAF?

    Todavía no mucho, porque el Estado tiene pocos recursos. Si bien es cierto hay un avance en el diseño de estructuras preventivas y los delitos funcionarios, aún no está absolutamente extendido en la Administración Pública. Hay espacio para mejorar. Denunciar y evitar que no le renueven la contrata a final de año, por ser percibido como un “sapo”.

    ¿Es una percepción cultural?

    Sí. En países como Estados Unidos, Inglaterra y otros desarrollados existe el whistleblower, el que hace sonar el silbato, el alertador. Este último cumple una función pública y es digno de respeto y admiración. En cambio, el denunciante en Chile es visto como la persona conflictiva que no quiero tener en mi empresa. Eso debiera tender a cambiar.

    Entre fiscales del Ministerio Público y oficiales de cumplimiento de los bancos se comenta que la UAF es un organismo sin dientes. ¿Qué hay de eso?

    Hay algo de eso. En estos temas de corrupción y prevención de conductas relacionadas con organizaciones criminales muchas veces es importante que exista la figura de la pistola humeante. Es decir, demostrar que la autoridad aplicó la máxima sanción, una sanción realmente importante, ejemplarizadora. Pero si revisas las sanciones que tiene el incumplimiento de las normas leves, graves o gravísimas que dispone la ley que creó la UAF, las multas son muy menores. Entonces probablemente a la banca o a las instituciones financieras les puede resultar mucho más útil la multa que el cumplimiento y así la pena no cumple su función. Por ese lado hay mucho espacio para mejorar la persecución penal, pero también la administrativa, para aplicar multas ejemplificadoras. Imagínate que la sanción máxima que puede aplicar la UAF por infracciones graves es de 5.000 UF. Por cierto, no tiene ninguna comparación con los miles de millones de dólares que han sido sancionados los bancos de Estados Unidos por lavar dinero de los carteles mexicanos.

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