Facturas millonarias y obras no ejecutadas: el lío que enredó reparación de popular ascensor porteño

La obra comenzó el 17 de septiembre de 2017 y, en teoría, debía ser entregada en marzo de 2019. Así se pondría nuevamente en uso uno de los ascensores más grandes de los nueve de propiedad del Gobierno Regional, y que lleva más de 12 años sin funcionar.

Los trabajos fueron asignados a Ingeniería y Construcción Puerto Principal e implicaron una inversión superior a los 3.000 millones de pesos del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Pero en abril pasado, ya fuera de plazo, la autoridad anunció que los trabajos se iban a retrasar al menos dos meses, luego que encontraran una roca que podía ceder en la ladera en la que se encuentra el ascensor, y cuya dificultad no se encontraba en el proyecto original; es decir, un error que la DA pasó por alto durante el desarrollo de la iniciativa.

A los vecinos les dijeron que en el peor de los casos la obra terminaría en diciembre. Pero de un día para otro, en julio, la empresa desapareció. Desmantelaron la bodega que tenían en el sector y la situación fue evidente cuando el propietario del terreno puso el recinto nuevamente en arriendo. Inmediatamente surgió la preocupación, sobre todo considerando que algunos ya habían empezado a instalar pequeños comercios a la espera de la reactivación que iba a generar el ascensor tras los arreglos.

Todos esperaban que el término fuera inminente, más aún porque los trabajos ya contaban con un 85% de avance.

La inquietud los hizo indagar el asunto y recién a fines de agosto recibieron una respuesta formal de la autoridad. Mediante una reunión y un escrito dirigido a los vecinos (ver archivo aquí), desde la Dirección de Arquitectura (DA) explicaron que la suspensión de las faenas se produjo por un asunto administrativo: de acuerdo a la normativa, las obras adicionales al contrato (es decir, los trabajos extra no estipulados en la licitación original) no pueden superar el 30% del valor inicial pactado.

En concreto, de los 3.000 millones convenidos, el precio del ascensor escaló hasta los 3.900 millones. Y aún así, en este caso “se requieren inversiones adicionales en circunstancias que ya se ha alcanzado este límite”, precisó la DA.

Naturalmente, dicha coyuntura paralizó el avance de las obras y obligará a repetir todo el proceso: cancelar el contrato, licitar de nuevo y retomar los trabajos para el 15% restante.

Sin embargo, ni siquiera ese primer paso aún está listo. A la fecha, no existen decretos u otros que pusieran término anticipado al contrato, pese a que en la práctica las obras están absolutamente detenidas. La situación complica de sobremanera a los vecinos, que reclaman por los repetidos retrasos que ahora se extenderán al menos hasta fines de 2020, considerando los problemas para cerrar el contrato y las habituales demoras de un nuevo proceso de licitación.

La situación escaló a raíz de una pugna por los pagos que se judicializó y que, de acuerdo a lo que han averiguado los propios vecinos, apunta a responsabilidades administrativas al interior de la Dirección de Arquitectura.

Incluso la fiscal del MOP, Francisca Morandé, reportó el pasado 10 de septiembre antecedentes –mediante un oficio– a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, dando cuenta de posibles delitos que incluyen facturas recibidas y firmadas para el pago de obras no ejecutadas. Por esa razón, el Ministerio Público asignó el caso a un abogado de la Fiscalía y ahora se encuentra en etapa de investigación.

La jugada del factoring

Aunque sobre la mayor parte del proceso no hay antecedentes de problemas en los cobros, en particular las dificultades aparecieron sobre el final con tres estados de pago que suman 733 millones de pesos. La primera factura, en diciembre de 2018, por 457 millones de pesos; otra en abril de 2019, por 161 millones más; y una última a fines de mayo de 2019, por 114 millones de pesos.

Según consta en los tres documentos, a los cuales tuvo acceso BioBioChile (ver archivo adjunto), fueron recibidos conforme por personal de la Dirección de Arquitectura en Valparaíso y timbradas por el director regional, Manuel Pedreros. Pese a que, tal como fue reportado al Ministerio Público, se trataba de obras no ejecutadas.

Y si bien ninguna de ellas fue pagada por el MOP, Puerto Principal usó su as bajo la manga: acudió a Orsan Factoring para factorizarlas; es decir, las vendió o cedió a un tercero que las compró para cobrarlas. Una opción a la que recurrieron probablemente para enfrentar sus problemas financieros y una abultada cantidad de demandas laborales, para lo cual necesitaban ese efectivo.

Sin duda, para la constructora fue la jugada perfecta, porque cuando la entidad financiera fue a reclamar el pago de las facturas, el mandante se negó. Por eso el 4 de octubre optaron por demandar al Ministerio de Obras Públicas y reclamar ante el 2do Juzgado Civil de Valparaíso los 733 millones en cuestión (ver archivo adjunto).

Historial de incumplimiento

No obstante, en los últimos meses la constructora ha protagonizado otras complicaciones en obras ejecutadas en la región de Valparaíso. A fines de septiembre les cesaron el contrato con la Municipalidad de Viña del Mar por la restauración del Teatro Municipal.

En ese entonces, la situación se vio agravada por los atrasos en el pago de los sueldos de los trabajadores desde agosto e incluso al proveedor que le enviaron las puertas originales del recinto para su restauración y que, ante el no pago, no entregó las puertas.

Una situación similar se repitió días más tarde con las obras de restauración de la Escuela Ramón Barros Luco de Valparaíso, que quedó con daños estructurales tras el terremoto de 2010. Sobre el final, 50 trabajadores quedaron en la incertidumbre y otros 100 fueron despedidos paulatinamente desde junio: a algunos sólo les pagaron la mitad del sueldo y otros incluso no percibieron remuneraciones desde agosto.

En muchas de esas iniciativas habían fondos regionales involucrados, por lo que la Intendencia está evaluando querellarse contra Puerto Principal por las obras inconclusas, cuya situación además se repite en Petorca, Santo Domingo y San Antonio.

En el caso del ascensor Villaseca la precariedad laboral no fue la excepción: tras abandonar los trabajos dejaron en el lugar a un guardia para velar por la seguridad del recinto, pero el trabajador ni siquiera contaba con electricidad para cumplir con sus funciones de vigilancia. Y cuando los vecinos advirtieron la situación, el MOP se escudó diciendo que el guardia está a cargo de Puerto Principal hasta la liquidación del contrato.