Fotografía: CONTEXTO | Agencia UNO

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  • Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, BioBioChile publicó que el Ejército había sancionado a los fiscales militares de Angol y Puerto Varas, respectivamente. ¿El motivo? Ambos habían realizado trabajos como abogados particulares durante sus horas de trabajo. En el caso del primero incluso aparecían firmados los libros de asistencia, en el segundo no se pudo saber, porque dicho libro fue incinerado. A raíz de estos hechos un ex fiscal militar, presentó un requerimiento a la Contraloría General de la República donde manifiesta, con una serie de documentos, que esos dos hechos no son aislados al interior de la Tercera División de Montaña y que también habría al menos un integrante del alto mando involucrado. El Ejército reaccionó, dicen que antes de que la CGR interviniera, e intentó "endurecer" las medidas de control difundiendo una circular, para lograr (una vez más) que sus funcionarios respeten las normas de probidad.

    Con fecha 16 de mayo de 2014, el entonces comandante en jefe de la Tercera División de Montaña del Ejército, general de brigada Camilo Vidal Castillo, distribuyó una especie de recordatorio a las 18 unidades castrenses que dependen de su mando.

    El documento (con timbre “público”) al cual tuvo acceso BioBioChile, se refiere al control horario de ingreso y salida al cual están sujetos los oficiales de los servicios profesionales, incluyendo las disposiciones para el control de la jornada laboral a través de un libro de asistencia o registro electrónico.

    La intervención del “mandamás” del Ejército

    Sin embargo, de poco sirvió ese intento de refrescar la memoria entre los funcionarios, ya que el 18 de abril de este año, nuevamente se distribuyó un documento similar (eso sí con timbre “reservado”) y que se titula “Circular de Comando”, esta vez fue firmada por el mismísimo comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez Menanteau.

    En él, se realiza una considerable modificación donde se incluye a “los oficiales que pertenecen a los escalafones de los servicios profesionales y del servicio religioso”, quienes “deberán registrar diariamente sus horarios de llegada y salida en la organización institucional de la cual forman parte, para efectos de dejar constancia de las horas trabajadas; las que, semanalmente, deberán ser concordantes con aquellas consignadas en el respectivo decreto de nombramiento”. Una medida que no nació porque sí.

    El origen de la nueva medida

    En diciembre de 2018 y enero de 2019, BioBioChile publicó dos notas similares, desde Los Ángeles y Puerto Montt, respectivamente. En ambas se informaba sobre la sanción a fiscales militares que participaron en audiencias particulares, durante sus horarios laborales.

    Se trata del entonces fiscal militar de Angol, capitán Cristopher Marchant Bocaz y el fiscal militar de Puerto Varas, teniente coronel Rodrigo Cuadra Schlie. En este último caso se incluye la incineración del libro de asistencia, que denunció el ex fiscal militar Rodrigo Vera Lama. Pero no fueron los únicos que habrían caído en este tipo de irregularidades.

    El requerimiento a Contraloría

    Precisamente el también abogado, Rodrigo Vera, ingresó un requerimiento a la Contraloría General de la República, solicitándole que investigue “faltas a la probidad en el Ejército”.

    En el documento de 149 páginas, se detallan las irregularidades mencionadas, pero se suman más antecedentes y nuevos nombres como el del mayor Eduardo Padilla Lizama (ex fiscal militar de Temuco y actual asesor jurídico de la Tercera División de Montaña), quien junto con Marchant Bocaz, habrían realizado labores como docentes, durante sus horarios de trabajo, pero no precisamente en universidades.

    “Empleaban la jornada de trabajo del Ejército, para fines particulares, ya sea ejercicio libre de la profesión de abogados y también haciendo clases dentro de grupos de formación de Carabineros, en las ciudades de Temuco y Valdivia”, explica Vera Lama.

    Representando a sus superiores

    De acuerdo a lo investigado por Rodrigo Vera y que explica a través de su requerimiento en la CGR, el ex fiscal militar de Angol, Cristopher Marchant, actuó como abogado particular, durante sus horas de trabajo, pero tuvo dos “clientes” que conocía bastante bien.

    Se trata del coronel Juan Michelsen Haverbeck y el entonces teniente coronel Miguel Ángel Navarrete Rehren, a quienes los representó en audiencias registradas el 24 de marzo de 2017 en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles y el 19 de abril de 2018 en la Corte de Apelaciones de Temuco, respectivamente.

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    Aunque para el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, quien conversó sobre el requerimiento con Radio Bío Bío, la acusación contra Michelsen y Navarrete “es totalmente errado, totalmente errado, no es así como usted lo dice”.

    ¿Pero qué roles cumplían estos oficiales en ese entonces en el Ejército? El coronel Michelsen se desempeña como Auditor del Tercer Juzgado Militar, mientras que el actual coronel Navarrete era el comandante del Destacamento Número 17 de Los Ángeles. Oficiales importantes para la institución que aparecen en este requerimiento, pero hay uno con mucho más poder, que igualmente es mencionado.

    El rol de un alto mando

    El general de brigada Rodrigo Sandoval Calderón, desempeñaba y desempeña un rol clave en el Ejército, al momento de las irregularidades denunciadas tenía el grado de coronel del Escalafón de Justicia y era el auditor militar. Actualmente es el Auditor General del Ejército y por último, aunque no menos importante, ejerce como integrante de la Sala Penal en la Corte Suprema, cuando se revisan casos que vienen de la Justicia Militar.

    Este uniformado también aparece en el requerimiento a la CGR, porque su firma y timbre están en los cuestionados libros de asistencias de Marchant y Padilla. El mismo Rodrigo Vera lo explica:

    “Estos libros de asistencia -que contienen información que no se condice con la realidad, es decir que aparecen firmados, no obstante que estos oficiales no prestaban funciones en el Ejército en esas fechas, porque estaban haciendo trabajos particulares- llevan la firma del entonces coronel Rodrigo Sandoval”, detalla.

    Agregando que “se le hace la interrogante a la Contraloría respecto a las razones por las cuales este coronel, actual general en servicio activo, realizaba esta firma como una especie de control”.

    En cuanto al libro de Cuadra, como fue incinerado, no se puede saber si también contaba con la rúbrica y timbre del general Sandoval.

    El comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, también fue consultado sobre el rol del general Rodrigo Sandoval en la revisión de estas asistencias inexistentes, pero indicó que “hoy el general Rodrigo Sandoval se encuentra en Santiago y a mí no me consta lo que usted dice”.

    Aún así, los libros de asistencias son claros

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    Las respuestas del Ejército

    El requerimiento a la Contraloría General de La República lo ingresó el abogado y ex fiscal militar, Rodrigo Vera Lama el 27 de marzo de este año. Según el general Morales, ellos sabían antes de eso lo que estaba pasando, pero la “Circular de Comando”, fue emitida el 18 de abril de este año.

    “Nosotros ya estábamos enterados, ya habíamos tomado las medidas administrativas”, antes de que se presentara el requerimiento. “La institución ya estaba en conocimiento de los hechos relacionados con esta presentación, que era efectivamente que hubo tres fiscales militares que habían utilizado algunas horas de su trabajo, en actividades particulares como abogados”, sostuvo el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña.

    Pero no sólo eso, también -agregó- se adoptaron las sanciones correspondientes a situaciones que calificó como “faltas a la probidad administrativa”.

    “Medidas disciplinarias que fueron ejemplares en relación a la situación y obviamente a partir de eso se adoptaron medidas a nivel de todas las fiscalías militares, (…) toda vez que los fiscales tienen que cumplir como cualquier funcionario público las horas para las cuales están contratados”, recalcó el general.

    Reintegro de sueldo percibido

    Consultado sobre qué medidas se adoptaron, el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña se limitó a decir que son “medidas administrativas propias de la administración que tiene el Ejército”.

    Ante la pregunta de si corresponde que se regresen los dineros que percibieron los fiscales militares mientras trabajaban como docentes o abogados particulares en horarios que correspondía que cumplieran como funcionarios de la institución castrense, este respondió que “las medidas que se adoptan en el ámbito institucional, van a la hoja de vida, en términos de que hay una puntuación negativa, es decir, tienen efectos negativos en sus carreras”.

    La opinión institucional

    “Obviamente no estamos por avalar ninguna actitud que afecte a la probidad administrativa y por eso es que en el momento de tomar conocimiento de algunas situaciones de esta naturaleza, se tienen que adoptar las medidas que correspondan a fin de remediar estas conductas”, manifiesta el general Joaquín Morales.

    Junto con eso, agregó que ya existiría un aprendizaje por parte de los fiscales militares.

    “En estos momentos los fiscales militares tienen muy claro su quehacer y esperamos que esto no vuelva a ocurrir”, recalcó el oficial.

    Posibles delitos

    Tras el requerimiento presentado por el ex fiscal militar, Rodrigo Vera Lama, la Contraloría General de la República pidió las explicaciones y el Ejército respondió. En paralelo, hay sumarios administrativos en desarrollo que ejecutan internamente en la institución castrense.

    Para Vera Lama, al menos en el caso de la incineración del libro de asistencia de Puerto Varas, a través de la Justicia Militar, este hecho sí revestiría características de delito. Sin embargo, el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, aclara que “para nosotros este tema está zanjado”, porque según él ya tomaron todas las medidas administrativas que debían adoptar.

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