Fotografía: Contexto | Agencia Uno

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  • Los cuatro exjefes castrenses, generales (r) Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente Alba y Humberto Oviedo, prestaron testimonio a fines de octubre con la fiscalía de Coyhaique. Tres de ellos aseguran que poco o nada supieron de los pagos a uniformados por servicios no prestados por funcionarios que incluso fueron enviados a Haití. El actual titular del Ejército Ricardo Martínez indicó que salvo cuando llegó al máximo puesto militar, supo de cómo se alargaron carreras, se pagaron viáticos, entre otras anomalías que hoy investiga el Ministerio Público. El contenido de sus declaraciones, los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    A fines de octubre de 2018 cuatro excomandantes en jefe del Ejército y tres exministros de Defensa, prestaron declaración -en calidad de testigos- ante el fiscal de Coyhaique Luis González, en el marco de la investigación por el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM). Este último fue una fórmula creada en la zona militar de la XI Región, donde los uniformados depositaban dinero mensualmente, para retirarlo una vez que dejaran la institución y que hoy es investigado por el Ministerio Público local, bajo la figura de fraude al fisco.

    Básicamente, se descubrió que una serie de militares perdieron los fondos y el Ejército creó una “fórmula solidaria” para resarcir dicha pérdida. De acuerdo a una investigación de Contraloría y del propio Ministerio Público, se acreditó el pago de viáticos por servicios no prestados, carreras alargadas de forma innecesaria y participación efectivos en las Fuerzas de Paz en Haití -que cobraban asignación- que según cifras del Ministerio Público podría llegar a superar los 3.500 millones de pesos en detrimento del Estado.

    A los testimonios antes mencionados se sumó también el de Ricardo Martínez Menanteau, actual jefe institucional -quien asumió a principios de 2018- y exauditores del Ejército.

    De los dichos de los interrogados, queda claro que varios de los titulares de la rama castrense nunca le informaron a los ministros de Defensa y todo el tinglado se hizo a espaldas de las autoridades de gobierno, tal como se lee en las declaraciones a las que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío por una fuente judicial.

    No dejar por escrito

    El 25 de octubre a las 16.50 horas, prestó testimonio el exjefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, recientemente condenado en calidad de cómplice de homicidio, en el episodio La Serena de la Caravana de la Muerte.

    Cheyre se desempeñó como jefe institucional entre 2002 a 2006, es decir durante la administración Lagos. Según su versión, creó la Contraloría General del Ejército (Cotrae) con miras a mejorar el control interno.

    Lea la declaración completa de Cheyre

    El general (r), indicó que tomó conocimiento del FAM gracias a un informe de la Cotrae, pero que en la oportunidad le indicaron que se trataba de un ente con carácter privado, a través del informe 6080-37.

    “Yo entrego el mando del Ejército el 9 de marzo de 2006. En el lapso transcurrido desde el informe hasta la entrega, nunca recibo algún nuevo antecedente a la materia, tampoco conozco ni se me da cuenta de personal que pudiera estar perjudicado ni tampoco que existan requerimientos ante la justicia y otro organismo. No había ningún tipo de requerimiento al Comandante en Jefe del Ejército y por lo tanto, para mí, a la fecha de mi retiro es un tema privado radicado en la IV División del Ejército”, declaró Cheyre.

    El mismo día, pero a las 09.00 horas, el general (r) Óscar Izurieta Ferrer, se sentó frente al fiscal Miranda. A diferencia de Cheyre, su antecesor, reconoció que apenas supo del FAM en 2006, cuando asumió la Comandancia en Jefe, buscó darle una solución. En esa línea recibió un requerimiento de la Contraloría, en donde se le indicaba que los fondos de los uniformados -depositados en una cuenta del Ejército- debían ser devuelto a sus dueños.

    Izurieta cumplió la orden, pero algunos funcionarios, luego de años de imponer recibieron apenas dos mil pesos.

    Por ello, declaró Izurieta, se buscó una solución “solidaria” desde 2008. Una de ellas fue enviar a funcionarios a la Misión de Paz en Haití, con lo que recibían un sueldo en dólares que permitió en parte subsanar la pérdida de dineros.

    Hubo también otras soluciones, declaró Izurieta, como mantener a suboficiales hasta el máximo permitido, que son 33 años. También extender el cese de sueldos hasta por tres meses, una vez que los funcionarios pasaban a retiro.

    “Estas vías fueron las que describimos y se implementaron desde 2008 hasta que yo me fuera como CJE. Con lo anterior, quiero dejar claro que mi sucesor tenía la facultad de mantener las vías de solución, proponer otras o dejarlas sin efecto”, aseguró Izurieta ante la fiscalía.

    Y agregó un hecho hasta ahora desconocido: “Nunca respecto de la implementación de estas medidas, ordené ponerlas por escrito, ya que estaba dentro de las facultades del Comandante en Jefe del Ejército y de cada unidad”.

    Lea la declaración completa del general Izurieta

    El exmilitar aseguró que la solución adoptada en favor de los uniformados que perdieron plata en el FAM, la informó a dos ministros de Defensa con los que se relacionó durante su mando: Vivianne Blanlot y José Goñi. La primera fue notificada en su domicilio el 10 de octubre de 2018 -de forma personal- que debía presentarse en las oficinas de la Brigada de Investigación de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI el 25 de octubre. Sin embargo no concurrió y pese a los insistentes llamados a su teléfono celular por parte de los detectives, nunca contestó.

    Inquirido por el fiscal González, Goñi testimonió: Cuando asumí como ministro (marzo de 2007) mi antecesora. Doña Vivianne Blanlot, no me inforó nada referente a esta problemática, como tampoco lo hizo el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta Ferrer (…) Y esa es la razón por la cual al entregar mi cargo al ministro Francisco Vidal, tampoco le informé nada al respecto”.

    Lea la declaración del exministro Goñi

    Vidal, en su declaración del 26 de octubre de 2018 a las 09.00 horas, confirmó lo dicho por su antecesor. Indicó que al asumir en marzo de 2009 hasta dejar el gobierno en 2010, mantuvo “reuniones periódicas” con Izurieta. “En ningún momento me reportó algún problema referido al FAM”, insistió

    Lea la declaración del exministro Vidal

    Vidal participa del Consejo Académico sobre Estudio de Investigaciones Militares del Ejército. En esa calidad coincidió con Izurieta, quien le relató los alcances del hecho, en el primer semestre de 2018. Es decir a casi diez años de haber abandonado el mando institucional.

    “Me explicó que a los funcionarios que habían sido perjudicados con esta situación, se les enviaba en destinaciones a Haití o donde hay asignación de zona para resarcir en algo esta pérdida”, apostilló.

    El colorín

    El otro ex secretario de Estado que concurrió a la declaración con la fiscalía fue Jaime Ravinet, quien ocupó la cartera en dos oportunidades. Primero con Ricardo Lagos entre 2004 y 2006 y luego con Sebastián Piñera entre 2010 y 2011.

    Lea la declaración de Ravinet

    Según su versión, bajo su autoridad estuvo primero Cheyre y en la segunda oportunidad que estuvo en el gobierno de Piñera, el jefe del Ejército fue Juan Miguel Fuente-Alba. Ninguno de los dos, dijo, le mencionó siquiera la existencia del FAM.

    El general Fuente-Alba, es actualmente investigado por el delito de lavado de activos por la Fiscalía Centro Norte, debido a su abultado patrimonio, que aparentemente no tendría justificación. Asimismo, la ministra en visita civil de la Corte Marcial Rommy Rutherford, lo indaga en la arista del uso irregular de pasajes en el Ejército. Hasta ahora, sin embargo, no ha sido ni formalizado ni sometido a proceso.

    Lea la declaración completa de Fuente-Alba

    En 2007, cuando aún no llegaba a la cabeza del Ejército, el exuniformado dijo que se enteró de la existencia del FAM, “pero siempre fue de manera parcial y muy general”.

    Durante su mando, entre 2010 y 2014, Fuente-Alba explicó que ni su antecesor Izurieta le informó nada al respecto, como tampoco lo hizo a su sucesor, el general Humberto Oviedo, quien abandonó la institución en 2017. Igual situación ocurrió con los tres ministros de Defensa con los que se relacionó. A saber Jaime Ravinet, Andrés Allamand y Rodrigo Hinzpeter -ambos RN- quien no han prestado aún testimonio en el caso.

    El general Humberto Oviedo, declaró a las 15.00 del 29 de octubre pasado. Y sus dichos fueron similares a los de sus compañeros de armas.

    “En el año 2014, cuando recibo el mando del Ejército de manos del general Fuente-Alba, no se me entregó información referente al FAM ni nada asociado a aquel, sin ser uno de los temas que mereciera la importancia como otros que sí lo tenían en aquel momento”, declaró.

    Lea la declaración completa de Humberto Oviedo

    En 2017, continuó, recién tomó conocimiento de los pagos anómalos por servicios no prestados, una vez que la Contraloría requirió información y una auditoría a la Cuarta División con asiento en Coyhaique. “Tal situación la desconocía en absoluto”, indicó.

    “Así, pedí información a la Contraloría del Ejército obre qué es lo que había ocurrido y se me informa que no tenían información de estos hechos, que la contenida en el pre informe de la Contraloría (General de la República) que denunciaba estas comisiones de servicios y contratos ejecutados en forma irregular”, insistió.

    A diferencia de sus antecesores, Oviedo si le reveló los pormenores del caso FAM, al actual jefe castrense Ricardo Martínez Menanteau.

    Este último concurrió a las fiscalía el 25 de octubre. Su declaración en calidad de testigo duró 4 horas y 40 minutos.

    Aunque llamativo, aseguró que “en toda mi carrera militar, jamás supe de la existencia de un Fondo de Ayuda Mutua”.

    Lea la declaración del comandante en jefe del EJército
    “Solo a fines de 2016, cuando trabajaba en el Estado Mayor General del Ejército es que me entero de su existencia (…) principalmente a consecuencia de una investigación que realizaba la Contraloría, pidiendo información asociada al FAM, conforme a una denuncia anónima”, dijo.

    Martínez Menanteau indicó también qué desconocía que la “ayuda solidaria” a quienes perdieron su dinero en el FAM, tuviera un ítem específico en el presupuesto del Ejército.

    Explicó además que nunca participó en una reunión del alto mando donde se tratara el caso, que tampoco recabó datos de los hechos -dijo- “porque tengo la responsabilidad de resolver los recursos que se presenten en relación a las dos investigaciones (sumarias) que se llevan a cabo sobre este tema, ello a fin de mantener la imparcialidad de mis resoluciones posteriores”.

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