Fotografía: ARCHIVO | Agencia UNO

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  • El Consejo de Defensa del Estado presentó esta acción legal por fraude al Fisco luego de que la Contraloría detectara que el Ejército pagó cerca de 180 millones de pesos a través de dos mecanismos irregulares. Uno de ellos consistió en comisiones de servicios que nunca se realizaron y el otro fue por medio de contratos a honorarios por trabajos que no fueron prestados. Todos estos pagos fueron efectuados para compensar a los ahorrantes que se vieron afectados por el cierre del Fondo de Ayuda Mutua, también conocido como FAM . Entre los querellados se encuentran tres generales en retiro.

    A fines de marzo pasado, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío publicó un artículo que dio cuenta de un nuevo fraude al interior del Ejército, institución que ha estado envuelta en diversos casos de corrupción en los últimos años. Lo anterior, pues un informe de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que se habían pagado cerca de 180 millones de pesos, entre 2015 y 2016, a través de dos mecanismos irregulares con cargo a recursos castrenses, es decir, del Fisco.

    Uno de ellos consistió en el pago de 122,7 millones de pesos a 90 funcionarios activos a través de viáticos derivados de comisiones de servicio que no se habrían realizado, ya que no existe documentación que respalde su ejecución. El otro fue el desembolso de 56,9 millones de pesos por parte de la Tesorería del Ejército a 19 funcionarios en retiro por contratos de servicios a honorarios, de los cuales tampoco hay evidencia de que se hayan efectuado. Todo esto se llevó a cabo en la IV División del Ejército que funciona en la Región de Aysén.

    Vea también: “Comisiones de servicio falsas: Los nuevos pagos irregulares detectados en el Ejército”

    Estos pagos realizados a través de vías fraudulentas se efectuaron con el fin de compensar a los uniformados que se habían visto afectados por el cierre del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema de ayuda solidaria que había funcionado de forma extra institucional en la zona de Aysén entre la década de 1950 y 2006. El término del FAM generó fuertes cuestionamientos por parte de los aportantes que se vieron perjudicados, pues cientos de ellos no pudieron recuperar los dineros que habían ahorrado en el fondo solidario.

    Para evitar que el conflicto escalara, en 2008 el entonces comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, instruyó que se buscaran soluciones para resarcir de alguna forma a los afiliados al FAM, aunque, según él mismo aseguró a Radio Bío Bío, pidió que todo se hiciera dentro de los marcos legales y normativos. Si es que hubo algo irregular, dijo, fue después de que él dejara el mando de la institución castrense. Como sea, nunca imaginó los ribetes que alcanzaría esta decisión 10 años después.

    Esto, ya que varios han sido los flancos que se han abierto a raíz del informe de la Contraloría. Cuando el organismo fiscalizador emitió el informe, envió dichos antecedentes al Ministerio Público de la Región de Aysén para que investigara los posibles delitos que podrían implicar los pagos realizados de forma irregular. En base a las indagaciones que lidera la fiscalía de la zona, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) esta semana presentó una querella por el delito de fraude al Fisco contra 26 ex uniformados y todos aquellos que resulten responsables.

    La acción legal, a la que accedió Radio Bío Bío (ver querella), apunta contra tres generales en retiro (r) y, entre otras diligencias, instruyó al Laboratorio de Criminalística de la PDI de Coyhaique para que realice un informe que determine el monto de dinero defraudado.

    En paralelo a ello, el Ejército está desarrollando un sumario interno para determinar quiénes fueron los responsables y en base a ello aplicar sanciones, y la Fiscalía Militar de la zona lleva a cabo un juicio por el mismo tema.

    El rol de los comandantes de división

    “Con el objeto de defraudar al Fisco de Chile, los comandantes en Jefe de la IV División del Ejército, Rodrigo Díaz Amechazurra y Fernando San Cristóbal Schott, ordenaron la devolución de los aportes efectuados al FAM a los ex ahorrantes, con cargo a fondos fiscales”, cita la querella del CDE. “Para tales efectos, procedieron a disponer comisiones de servicio a distintas localidades de la Región de Aysén, las que, en algunos casos no se realizaron; sin embargo, los viáticos asignados a las comisiones, fueron pagados, teniendo los funcionarios querellados, designados para su ejecución, pleno conocimiento de que se trataba de un mecanismo para la devolución de dineros aportados al FAM”, añade.

    Junto con ello, los generales (r) Díaz Amechazurra y San Cristóbal Schott fueron quienes dispusieron la contratación en calidad de honorarios de 19 uniformados en retiro, cuyos servicios fueron pagados pese a que nunca fueron prestados. En esos contratos, además, intervino el entonces comandante del Comando de Personal, general de brigada Daniel Aberl Pacheco, pues fue quien suscribió los mencionados contratos.

    En tanto, los ex funcionarios que firmaron los contratos aceptaron los dineros fiscales teniendo pleno conocimiento de que formaba parte de “un mecanismo ideado e implementado para hacer devolución de los aportes que estos hicieron al FAM, consigna el documento.

    En vista del rol que jugaron en la creación y ejecución de los mecanismos irregulares de compensación para los ex afiliados del FAM, el CDE estableció dos clases de acusados. Mientras los generales (r) Díaz, San Cristóbal y Aberl fueron acusados de ser autores directos del delito de fraude al Fisco, el resto de los uniformados, que en su mayoría eran suboficiales, fueron querellados por ser coautores del mentado ilícito.

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