Fotografía: ARCHIVO | Agencia UNO

0 visitas |


  • Una investigación especial de la Contraloría develó dos vías irregulares mediante las cuales el Ejército realizó pagos indebidos a funcionarios activos y en retiro. Se trata principalmente de suboficiales que aportaron dinero al Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria que fue cerrado en 2006. Para justificar la devolución de sus aportes perdidos tras el cierre, con recursos castrenses, se aplicó el uso de viáticos por comisiones de servicio y pagos por contratos a honorarios que no se habrían realizado. Sólo entre entre 2015 y 2016, el monto alcanza los 180 millones de pesos. Desde el Ejército admiten que “son hechos irregulares”, por lo que abrieron dos sumarios. En paralelo, tanto el Ministerio Público como la Fiscalía Militar de Coyhaique ya investigan posibles delitos.

    Cuando el general en retiro (r) Óscar Izurieta estaba en la mitad de su gestión a cargo de la comandancia en Jefe del Ejército, tuvo que resolver un problema, hasta ahora desconocido, que aquejaba a un grupo de funcionarios activos y retirados en la Región de Aysén. Dineros y cotizaciones de esos funcionarios habían desaparecido del denominado Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema de ayuda solidario que funcionaba desde 1950 de manera informal en la zona y que en 2006 fue cerrado repentinamente.

    El cierre del FAM generó fuertes cuestionamientos por parte de los aportantes que se vieron perjudicados, pues cientos de ellos no pudieron recuperar los dineros que habían ahorrado en el fondo solidario. Incluso, a raíz de esta decisión, 85 exfuncionarios de la IV División presentaron demandas judiciales contra el Fisco, donde, entre otros aspectos, exigieron una indemnización por los recursos que no les habían devuelto.

    Frente a este escenario, en 2008, Izurieta instruyó al entonces director de Personal, Ricardo Toro, que buscara soluciones para resarcir de alguna forma a los afiliados al FAM, que en su mayoría eran suboficiales. Sin embargo, el general (r) nunca imaginó los ribetes que alcanzaría esta determinación.

    Un informe de investigación especial elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), emitido el pasado 5 de marzo y al cual tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, reveló que, entre 2015 y 2016, se utilizaron dos mecanismos irregulares para compensar a un grupo de aportantes del FAM con recursos presupuestarios de la institución (ver informe de la Contraloría).

    Uno de ellos consistió en el pago de 122,7 millones de pesos a 90 funcionarios activos de la IV División, de donde provenían los exafiliados al fondo solidario, a través de viáticos derivados de comisiones de servicio dentro del país. La otra vía fue el desembolso de 56,9 millones de pesos por parte de la Tesorería del Ejército a 19 funcionarios en retiro que fueron ahorrantes del FAM, por contratos de servicios a honorarios. En ninguno de los dos casos se encontró documentación que respaldara que dichos servicios se hayan prestado efectivamente. Es decir, la rama castrense destinó cerca de 180 millones de pesos de recursos fiscales para pagar por trabajos que no se llevaron a cabo, todo con el fin de restituir los fondos del desaparecido sistema informal de solidaridad.

    De todos modos, es posible que los recursos entregados por vías irregulares sean más altos, ya que la denuncia anónima que dio origen a la investigación de la Contraloría acusó que estos procesos se habrían desarrollado desde 2011 hasta 2016. En tanto, la revisión del organismo fiscalizador solo se enfocó en los últimos dos años de ese lapso.

    En vista de estos antecedentes, la entidad liderada por Jorge Bermúdez abrió un juicio de cuentas para que los responsables devuelvan la plata involucrada y, en paralelo, envió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los posibles delitos implicados. Por su parte, el Ejército inició dos sumarios para establecer las responsabilidades administrativas, tanto en la IV División como en el Comando del Personal, y presentó una denuncia ante la Fiscalía Militar de Coyhaique para que indague los eventuales ilícitos.

    “Los antecedentes señalados en el Informe de la Contraloría General de la República hacen posible vislumbrar que son hechos irregulares, que no cumplen con los estándares de probidad que la Institución impulsa”, dijo la institución castrense a Radio Bío Bío. “El Ejército de Chile ha dispuesto de todos los medios para esclarecer todas las situaciones que pudiesen haberse apartado de la normativa institucional”, agregó (ver respuesta completa del Ejército).

    Óscar Izurieta | Wikipedia
    Óscar Izurieta | Wikipedia

    Consultado sobre el tema, el general (r) Izurieta señaló que “yo recién me enteré que existía el FAM a fines de 2006, cuando el comandante en Jefe de la (ahora) IV División me informó del problema que se había generado con este tema. Esto era algo que solo manejaban los funcionarios destinados a esa zona. Y pese a que podría haber dicho que esto era un problema privado de los funcionarios involucrados, en vista de que una situación ajena a lo institucional estaba produciendo un problema de moral, de espíritu de cuerpo, de falta de unidad, decidí intervenir para solucionar el tema. Así que orienté al director del Personal que dentro del marco legal y reglamentario se buscaran algunas medidas, pero no para restituir los fondos, ni para resarcir, sino que medidas que permitieran disminuir el perjuicio a estas personas”.

    Añadió que “entonces, dispuse que se buscara el estudio de dos cosas que son las únicas que se hicieron durante mi mando. Una de ellas era que teníamos un sistema para la gente que iba a la misión chilena en Haití, donde se hacía una selección por divisiones cada seis meses, por lo que yo dispuse que en cada relevo se le asignaba una cuota a la IV División para aquellos más jóvenes que habían aportado, de manera que si habían cumplido con los requisitos tenían una vacante, lo que implicaba un ingreso adicional de sus recursos. Y para los más viejos, que ya estaban por retirarse, considerando que en esa época lo normal era que los suboficiales se retiraran tras 30 años de servicio, para aquellos que habían sido perjudicados con el cierre del FAM, se les daba la opción de poder retirarse a los 33 años, si es que cumplían ciertos requisitos”.

    El origen de un fondo sin regulación

    Hace 68 años, el personal permanente del Regimiento de Aysén, en Coyhaique, dependiente de la entonces V División del Ejército, decidió crear el Fondo de Ayuda Mutua con el objeto de generar un sistema de ayuda solidaria entre sus miembros. Lo anterior, en vista del aislamiento geográfico que enfrentaban y aprovechando los elevados sueldos que percibían por haber sido asignados a esa zona extrema. De ese modo, fijaron un descuento voluntario mensual para contribuir al fondo, el cual se hacía desde sus planillas de remuneraciones.

    Entre los beneficios que ofrecía el sistema a sus afiliados estaba la recuperación de los recursos al momento de retirarse de la institución o al ser destinados a otra división. Pese a sus nobles fines, el FAM careció de regulación institucional desde un primer minuto, pues su creación no obedeció a una atribución normativa o de bienestar de esa dependencia, sino que a una iniciativa personal de un grupo de funcionarios. En resumen, su origen se dio en la informalidad.

    Posteriormente, durante la década del sesenta se generaron dos reglamentos internos que buscaron regular de alguna forma el funcionamiento del fondo, pero solo fijaron algunos elementos básicos, tales como la creación de una asamblea general y una directiva que se hicieran cargo de las decisiones sobre el uso de los recursos. Sin embargo, ambas instancias estaban compuestas solo por miembros del fondo y no había algún agente externo ni institucional que los supervisara. Y varias décadas después, en 1991, se aprobó un nuevo reglamento mediante el cual se estableció el ingreso obligatorio de todo el personal del cuadro permanente que llegase destinado a la IV División. Esto se mantuvo hasta el 2001, cuando se retornó al ingreso voluntario.

    Según constató la Contraloría en su informe de investigación especial, compuesto de 58 páginas,“el Comando del Personal manifestó que en los años subsiguientes a la creación del reglamento el FAM comenzó a evidenciar una inevitable crisis, originada fundamentalmente por la reducción progresiva de los recursos ingresados al fondo, causada por diversos factores”.

    Jorge Bermúdez, contralor General de la República.
    Jorge Bermúdez, contralor General de la República.

    Entre algunos factores estaban, detalla el documento, “el hecho de que el personal que se acogía a retiro recibía un ahorro muy superior al aportado; el envejecimiento de los integrantes de esa división, lo que implicó un considerable aumento en los pagos realizados a dichos ahorrantes; así como las destinaciones del personal del cuadro permanente de la IV División del Ejército; y el término de la obligatoriedad de pertenencia al fondo, todo lo cual provocó que el citado sistema de ahorro se fuese haciendo insostenible en el tiempo y culminase en un inevitable quiebre financiero”.

    Las esquirlas del cierre

    La compleja situación derivó en que el año 2006 el comandante en Jefe de la IV División ordenara el cierre de las incorporaciones al fondo.

    A su vez, este hecho desencadenó la molestia de los afiliados que habían aportado recursos y que no recibieron la devolución de su dinero, quienes además de reclamar sobre esta situación a la institución, hubo 85 casos que presentaron demandas judiciales contra el Fisco, ante el 1° Juzgado Civil de Coyhaique, exigiendo la restitución de los fondos.

    Fue en medio de ese contexto cuando Óscar Izurieta, entonces comandante en Jefe del Ejército, le ordenó al director de Personal que buscara soluciones para compensar, en parte, a los aportantes perjudicados.

    Respecto a las demandas, 12 de ellas no llegaron a término porque fueron abandonadas; 22 fueron rechazadas por el tribunal; y 51 fueron acogidas en primera instancia y ratificadas luego por la Corte de Apelaciones de la misma ciudad.

    Quizás, si hubiese existido alguna normativa y regulación rigurosa para fiscalizar el FAM todo esto se pudo haber evitado. Sin embargo, el organismo fiscalizador constató que “el FAM nunca contempló manuales de procedimiento, flujogramas, instrucciones u otras disposiciones, dado que sus recursos se recaudaban con fines particulares del personal del cuadro permanente de esa división militar”. De todos modos, durante la revisión de la Contraloría el Comando del Personal acreditó la existencia de un documento denominado Reglamento del Fondo de Ayuda Mutua del Personal, que si bien regulaba el funcionamiento operativo del fondo, “se advirtió que carecía de toda formalidad y aprobación”.

    Una visión similar entregaron desde el Ejército al ser consultados por este medio. “En cuanto a la normativa o regulación formal que rigiera el FAM, es posible informar que existieron distintos textos que, a partir del año 1964, regularon su funcionamiento, disposiciones que no pudieron tener carácter institucional, dado el carácter privado y local de la asociación y de los aportes”, explicaron.

    Comisiones y servicios sin respaldo

    Si bien está claro que fue el general (r) Óscar Izurieta quien instruyó buscar una solución para compensar a los aportantes perjudicados, no hay indicios de en qué momento comenzaron a ejecutarse los mecanismos irregulares mediante los cuales comenzaron a restituirse los fondos de los exahorrantes del FAM.

    “Yo dispuse de dos vías que cumplían con todo el marco legal y reglamentario que regía al Ejército. Y tras ello, supervisé de que efectivamente se cumpliera correctamente con mi instrucción, así que puedo asegurar que durante mi mandato no ocurrió nada irregular al respecto. Lo que haya pasado después no lo sé, ni tampoco es mi responsabilidad”, declaró Izurieta a Radio Bío Bío.

    Después de Izurieta se han sucedido tres comandantes en Jefe: Juan Miguel Fuente-Alba, entre 2010 y 2014; y Humberto Oviedo, quien terminó su período el 9 de marzo pasado, cuando fue reemplazado por Ricardo Martínez Menanteau.

    Como sea, la investigación de la Contraloría solo abordó los años 2015 y 2016, periodo en el que detectó dos mecanismos irregulares a través de los cuales el Ejército compensó económicamente a los exafiliados del fondo solidario.

    Una de las primeras pistas que tuvo para confirmar esto fue la declaración que dio, a fines de 2016, el suboficial Edson Valdebenito González, jefe de la plana mayor del Departamento I de Personal, del Cuartel General de la IV División. En aquella ocasión un miembro de la comisión fiscalizadora de la CGR le preguntó cómo estaban siendo devueltos los dineros a los afiliados al FAM.

    “A través de contratos a honorarios para el personal en retiro que reside en la región, los cuales son confeccionados por la sargento Silva y firmado por el Comando de Personal y comisiones de servicios para el personal activo, que las propone el Comando del Personal y son protocolarizadas en la orden de división, es decir, en la IV División de Ejército”, respondió el suboficial Valdebenito.

    En efecto, el informe constata que, durante el período analizado, la IV División desembolsó $ 122,7 millones en viáticos para comisiones de 90 funcionarios activos que supuestamente habían sido designados a Chaitén, Cochrane, Santa Lucía y Villa O’Higgins, por lapsos que fluctuaban entre 5 a 20 días. Sin embargo, cuando el ente contralor solicitó las bitácoras de los vehículos institucionales para desarrollar dichos cometidos, “la unidad militar no proporcionó las cartillas de control de esos vehículos, motivo por el cual no pudo acreditarse el uso de los mismos y la efectiva realización de las comisiones de servicio”, consignó en el documento.

    Un elemento adicional que forjó la convicción en la Contraloría de que estas funciones no se hicieron fue que de los nueve actos administrativos que aprobaron las comisiones de servicio, cuatro fueron emitidos con posterioridad a su inicio.

    El otro mecanismo irregular que arrojó la investigación consistió en pagos por contratos de servicios a honorarios a funcionarios retirados que habían sido aportantes del FAM. Así, entre 2015 a 2016, la Tesorería de la rama castrense desembolsó 56,9 millones de pesos a 19 uniformados en retiro.

    Para probar la efectiva ejecución del trabajo que se había contratado, el organismo fiscalizador examinó los respectivos 19 informes de desempeño . De esta forma, constató que dichos documentos “no contaban con la necesaria visación del jefe de la unidad, quien debía validar las labores realizadas, conforme lo indica la cláusula ‘convenio’”. Además, descubrió que en 19 de ellos, la firma consignada no coincidió con la firma que registraban los contratos de prestación de servicios de cada funcionario en retiro, “por lo que no es posible determinar si el prestador del servicio fue efectivamente la persona contratada”.

    Nuestro comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
    Ver los comentarios (0)