Fotografía: ARCHIVO | Agencia UNO

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  • Hasta marzo de este año, la Cooperativa de Consumo Carabineros de Chile (Coopercarab) albergó en su cúpula al menos cuatro de los imputados en el desvío de más de 26 mil millones de pesos que la fiscalía investiga en Carabineros. Uno de ellos fue Flavio Echeverría, exdirector de Finanzas de la institución pública, quien desde 2013 se desempeñó como consejero y vicepresidente de la entidad privada que con más de 72 mil socios administró en 2016 un remanente de 1.920 millones de pesos. Sus antecesores en la dirección donde se gestó la denominada mafia de la intendencia, Iván Whipple y Julio Pizarro Konga, ocuparon cargos de gerencia en Coopercarab tras pasar a retiro. Con estos y otros antecedentes en mano el Ministerio Público decidió extender la indagatoria del fraude y abrir la arista Coopercarab, mientras que en paralelo el departamento de cooperativas del Ministerio de Economía inició una fiscalización en abril de este año.

    A primera vista es un local comercial más del centro de Santiago. Por estos días, perfumes, lentes y ropa comparten el primer piso con un gran árbol de Navidad, ubicado justo al centro del lugar y escoltado por dos autos 0 kilómetro. Su resplandeciente presencia parece tentadora para los clientes, quienes por compras superiores a 10 mil pesos obtienen un cupón para participar en su sorteo. Para quien desconozca la identidad del lugar, el primer indicio de que se trata de la Cooperativa de Consumo Carabineros de Chile (Coopercarab) aparece solo al percatarse de las imágenes de funcionarios que adornan algunas de las paredes.

    En sus instalaciones de calle Mac Iver, así como en sus otras seis sucursales a lo largo del país, se pueden adquirir productos para el hogar, electrónica, vestuario y más. Pero también hay artículos exclusivos para carabineros, como las gorras. Hasta el cuarto piso de ese añoso edificio subía diariamente Jorge Whipple, mientras se desempeñó como gerente de crédito y cobranzas de la cadena. Al mismo lugar, pero una vez al mes, concurría el general Flavio Echeverría para asistir a la reunión del consejo de administración. La rutina de ambos se repitió hasta marzo de este año, cuando Whipple se vio involucrado, y Echeverría detenido, por su participación en el fraude al interior de Carabineros que la fiscalía estima en más de 26 mil millones de pesos y que hoy tiene más de 126 formalizados.

    En los 10 últimos años pasaron por la cúpula de Coopercarab al menos cuatro imputados en el robo que indaga el Ministerio Público. Entre ellos están los tres últimos exdirectores de Finanzas de Carabineros: el general en retiro, Julio Pizarro Konga, su par; Iván Whipple Mejías; y el último jefe del escalafón de Intendencia, Flavio Echeverría. Este último está confeso, mientras que sus antecesores han sido mencionados por los inculpados como partícipes del mega fraude que se habría iniciado hace más de una década. El coronel en retiro, Pedro Valenzuela San Martin, con arresto domiciliario por la misma causa, oficiaba en la cooperativa como consejero suplente de Echeverría. Este martes 5 de diciembre habrá una audiencia de revisión de las medidas preventivas del caso, en las que estaba contemplado Echeverría, pero finalmente desistió.

    Dados los nexos con la llamada mafia de la Intendencia, la fiscalía extendió la investigación del fraude a Coopercarab. El 18 de julio de este año el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, envió un oficio a Coopercarab solicitando detalles del paso de Whipple y Pizarro por la cadena comercial ligada a Carabineros, lo mismo que hizo con Echeverría y el resto de los imputados. La decisión, dicen sus conocedores, tiene relación con antecedentes surgidos en el marco general de la indagatoria del fraude, más que con la simple presencia de sus imputados en la cadena de tiendas. En paralelo a eso, el departamento de cooperativas del Ministerio de Economía inició en abril una revisión que se extendió hasta algunos meses atrás y que, entre sus observaciones iniciales, detectó una inconsistencia de 298 millones de pesos en créditos asumidos como incobrables.

    El gerente general de la cooperativa, el general en retiro Jorge Rojas Langer, destaca que la tienda que compite con las grandes casas comerciales es la única empresa de su tipo que sobrevivió en las fuerzas armadas. Coopercarab fue fundada en 1934 y actualmente tiene más de 72 mil socios, que en su mayoría son carabineros. El año pasado registró un remanente histórico para su gestión de 1.920 millones de pesos y está catalogada por el Ministerio de Economía en el grupo de cooperativas de importancia económica. Pese a que su consejo de administración está compuesto por cinco funcionarios de Carabineros en servicio activo (tres de esos cupos están reservados para el alto grado) y dos en retiro, más un representante de los trabajadores, Rojas se refiere Coopercarab como “la empresa” y resalta su autonomía frente a la institución. Dice que cuando se supo del fraude los implicados fueron alejados de la entidad, aunque no hubo otras medidas extraordinarias.

    Coopercarab, en Mac Iver, Santiago.
    Coopercarab, en Mac Iver, Santiago.

    Refugio de generales

    Los cargos gerenciales de la cooperativa se convirtieron en el destino natural de los directores de finanzas de Carabineros que pasan a retiro. Pizarro Konga, por ejemplo, jubiló a fines de 2005 y en marzo de 2006 fue contratado como gerente de finanzas de Coopercarab. Durante un año fue responsable de la gestión económica, financiera y contable de la cooperativa, lo que incluía la preparación de presupuestos de ventas, compras, ingresos, gastos y de inversión. Radio Bio Bio tuvo acceso a su finiquito, documento que revela que recibió 2,1 millones de pesos como “indemnización sustitutiva de aviso previo”, más otros saldos que sellaron su salida con un pago total de 4,4 millones de pesos.

    Luego fue el turno del general Whipple, sucesor de Pizarro Konga en la dirección de Finanzas. A fines de 2011 dejó Carabineros y en marzo del año siguiente fue reclutado por Coopercarab como gerente de crédito y cobranzas. Desde ahí debía lograr que las colocaciones aumentaran, controlar los impagos y asesorar a la gerencia general en la gestión de riesgo del negocio. En eso estuvo hasta el 31 de marzo de este año, días después de que se destapara el mega fraude en Carabineros y meses antes de ser citado por la fiscalía a declarar como imputado.

    Pese a que Rojas asegura que Whipple renunció a “la empresa” por razones de salud, la cooperativa pagó al general en retiro una indemnización de 17 millones de pesos. Según su contrato, obtenido por este medio, Whipple tenía un sueldo base de 1,5 millones de pesos más bonos, asignaciones y gratificación no imponibles ni tributables. Sumando todo eso, Rojas admite que un gerente de la cooperativa percibe en torno a los 4 millones de pesos mensuales.

    Distinto es el caso de Flavio Echeverría, quien en abril de 2013 postuló al consejo administrativo de la cooperativa y fue electo siendo director de Finanzas Carabineros. Fue reelecto en 2016 y ofició como vicepresidente del consejo, debiendo por ello reemplazar en un par de ocasiones al presidente Juan Irigoyen. De acuerdo a los estatutos, su función en Coopercarab debía ser remunerada mensualmente con el equivalente a seis ingresos mínimos mensuales, por lo que su paso por la entidad le habría reportado más de 60 millones de pesos hasta marzo de este año.

    “Los consejeros acá no tienen ninguna incidencia en la administración financiera de la empresa. Todo lo que es la administración financiera radica en el gerente general, que soy yo. Obviamente yo le rindo cuentas a ellos de lo que se hace y se pretende hacer (…) no hay incidencia directa en transacciones económicas o comerciales que puede hacer la empresa. Y esa fue una de nuestras mayores tranquilidades que tuvimos cuando salio la situación del consejero Echeverría. No tiene ninguna posibilidad de acceso a finanzas”, dijo Rojas.

    Sin embargo, los estatutos indican que los consejeros sí tienen poder. “El consejo podrá contratar con los bancos nacionales o extranjeros cuentas corrientes, de deposito o de crédito, y demás operaciones bancarias que estime pertinentes. Girar, aceptar, reaceptar, prorrogar, endosar, protestar cheques, letra de cambio y demás documentos negociables en general”, estipula el documento, entre otras prerrogativas.

    Y no solo eso. El consejo que ocasionalmente presidió Echeverría también puede contratar préstamos, suscribir contratos de leasing, descontar, endosar avalar protestar pagares y documentos negociables en general; hacer declaraciones juradas, retirar valores en custodia o en garantía, arrendar cajas de seguridad y administrarlas. Efectuar y retirar depósitos en el mercado de capital e incluso remover al gerente general. También proponen acciones relevantes, como cuando en 2013 la cuota mensual que paga cada socio subió de 2 mil pesos a 6 mil pesos.

    Flavio Echeverría, en audiencia de formalización.
    Flavio Echeverría, en audiencia de formalización.

    En reserva, algunos miembros de la cooperativa contactados por Radio Bio Bio cuestionaron la representatividad de esta cúpula, criticando que las condiciones en las que son electos -en asamblea anual de socios- no garantiza la real participación de todos los estamentos de Carabineros. De hecho, de los 72 mil socios de la Coopercarab a nivel nacional, de los cuales 57% son funcionarios en servicio activo, 27% en retiro y los demás pertenecen a otras instituciones, solo 38 asistieron a la asamblea que se celebró el pasado 5 de mayo a las 9 de la mañana en el teatro de la Escuela de Carabineros. Los demás, seguramente cumplían con sus jornadas laborales en alguna de las unidades del país.

    Ni la ausencia del consejero Echeverría ni sus vínculos con el fraude o el de otros funcionarios de la cooperativa se abordaron en dicha asamblea. Inesperadamente, el encuentro estuvo marcado por una exposición de las autoridades llena de halagos a la gestión de los trabajadores y resultados que dieron cuenta del ejercicio más exitoso en años, con un remanente de 1.920 millones de pesos en 2016. Según explicó Rojas, éste permitió reducir los compromisos bancarios.

    “Es un hito operacional histórico y por ello nos sentimos orgullosos. Vivimos un año complejo pero pudimos asentar las bases para enfrentar un futuro cierto, productivo y sólido, como lo vislumbraron nuestros fundadores con la seguridad de controles y auditorías internas”, destacó el gerente en esa oportunidad, según constata el acta.

    Curiosamente, el ánimo fue otro en la sesión reservada que el consejo de administración realizó cuatro días después del consejo general, sin la presencia de los socios. De acuerdo al acta que da cuenta de dicha ocasión, a la cual tuvo acceso La Radio, en la cúpula hay preocupación por la caída de las ventas y las renuncias, pues 407 socios dejaron la cooperativa en el último año. “Las ventas consolidadas de la cadena registraron un decrecimiento de -17,27% en relación a igual mes del año anterior, actualizado por IPC, equivalente a 515 millones de pesos”, precisa el documento. En este contexto, la sucursal de Santiago anotó 292 millones de pesos en retroceso, el mayor monto de todas las tiendas. Para intentar revertir este escenario y ganar clientes, actualmente gestionan una alianza con Hites.

    Lo que sí se comentó someramente en la asamblea de socios, fue la fiscalización del Ministerio de Economía. En ese entonces, y para la tranquilidad de los afiliados, el gerente general señaló que los fiscalizadores habían manifestado verbalmente “su conformidad con el orden y procesos de la empresa”. Pero el proceso todavía tenía camino por delante.

    Inconsistencias en las cuentas

    Con una semana de anticipación y a través de un oficio de dos páginas, el departamento de cooperativas del Ministerio de Economía informó a Coopercarab que dos fiscalizadores llegarían a sus oficinas el 17 de abril para examinar aspectos contables y legales. Los antecedentes de dicho proceso fueron requeridos por Radio Bio Bio a la cartera vía Ley de Transparencia ese mismo mes. Tras una respuesta negativa por parte del gobierno, este medio apeló al Consejo para la Transparencia, institución que a fines de septiembre de este año ordenó la entrega de los documentos. Los múltiples oficios que este medio recibió en octubre dieron cuenta de un intercambio de observaciones entre ambas entidades durante al menos medio año (revisa acá el intercambio de oficios).

    Uno de los hallazgos ocurrió en materia de créditos. “Las cifras correspondientes a los comprobantes contables del castigo realizado a la cartera no coinciden con los montos informados en el informe de auditoria interna (…), existiendo entre ambos archivos una diferencia de 298 millones de pesos”, indicó el departamento de cooperativas del Ministerio a Coopercarab en septiembre (vea acá el oficio).

    Dos excontadores ligados a ambas instituciones explican que se podría tratar de créditos que se asumieron como impagos sin que se hubiesen agotado todas las acciones pertinentes para recuperarlos. En julio de este año, el Ministerio Economía también había detectado una contradicción al respecto en el actuar de la entidad. Esto, debido a que su política “contempla un plazo de 4 años para ejercer las acciones de cobro en cuentas de socios con morosidad, situación que no se condice con la inactividad en los procedimientos de cobranza aludida por este departamento (…) específicamente en deudas superiores a UF 50” (revise acá la el oficio de Economía).

    Coopercarab atribuyó la situación a razones netamente administrativas y el Ministerio quedó conforme, lo que habría dado por finalizado este proceso de fiscalización. Consultado al respecto durante una entrevista presencial, Rojas, el gerente de la cooperativa, se limitó a proporcionar la respuesta escrita que entregó a la autoridad, en la que señala que parte de la diferencia es consecuencia de la aplicación de los cambios normativos ocurridos durante los últimos años (vea acá la respuesta). Siguiendo la misma línea, José Manuel Henríquez, asesor del departamento de cooperativas, sostuvo que la brecha de 298 millones de pesos “resulta inoficiosa para realizar análisis alguno” (minuta con la respuesta que envió Economía).

    Un abogado tributarista que revisó los oficios agrega que la cooperativa castigó estos créditos sin seguir las instrucciones que establece la Ley ni el Servicio de Impuestos Internos (SII). “La cooperativa habría procedido a castigar las deudas morosas, es decir, las habría rebajado como un gasto de su renta líquida imponible para fines tributarios, sin seguir las instrucciones que estableció el SII”, comentó. La Ley de Impuesto a la Renta establece que el castigo de créditos incobrables sólo procede cuando se hayan agotado los medios de cobro. En ese sentido, el SII estipuló que el contribuyente que quiera castigar créditos debe cumplir una serie de gestiones y requisitos cuya intensidad varía según el monto de la deuda y que en el caso de las de mayor cuantía llegan incluso hasta el cobro judicial.

    En la práctica, añade el tributarista, rebajar como gasto o castigar los créditos por deudas morosas sin cumplir la norma, provoca que el monto de dichos castigos constituya un gasto no aceptado, el cual debe ser repuesto a la renta líquida imponible del ejercicio en que se produjo. Pero mientras el SII no detecte en sus propias fiscalizaciones una situación como esta, ningún impuesto se podría cobrar.

    Desde el Ministerio de Economía, Henríquez acotó que la fiscalización a Coopercarab respondió a un plan anual y no a una reacción ante la contigencia. Como haya sido, cada acción de fiscalización le reporta ingresos a la Subsecretaría de Economía. Las cooperativas de importancia económica, por ejemplo, aquellas con activos iguales o superiores a UF 400.000, deben desembolsar 207 UTM (unos 9,6 millones) por cada revisión que emprende el Ministerio. De hecho, en enero de este año la entidad privada ligada a Carabineros pagó una cuota de 169,15 UTM (7,8 millones de pesos). Según Henríquez, finalmente y tras meses de procedimiento concluyeron que ésta no presenta irregularidades.

    Pero el tratamiento de los créditos incobrables no fue lo único que llamó la atención de los especialistas. Ambos expertos que tuvieron un vínculo con la cooperativa tuvieron dudas respecto a los montos declarados en el balance 2016 de la entidad como gastos administrativos, ascendentes a 1.454 millones de pesos. Consultados sobre si revisaron el desglose de aquellos, desde el Ministerio de Economía respondieron que cualquier nuevo antecedente debía ser solicitado, otra vez, por Transparencia.

    “Papel, tinta, lápices, aunque no son solo artículos de oficina. También cuentan materiales como las bolsas para entregar al socio cuando hace su compra, las actualizaciones ante notario. Es natural que sea alto”, dijo Rojas, el gerente de la cooperativa.

    Otra de las cifras que despertaron dudas entre los expertos contables fueron los 72,3 millones de pesos en “internet y correo electrónico”. En relación a esto último, Rojas argumentó que “es el sustento de que esta empresa este conectada desde Iquique a Puerto Montt”.

    Con la fiscalización del Ministerio de Economía aparentemente culminada y el análisis de la fiscalía en pleno desarrollo, el consejo de Coopercarab deberá seguir sesionando con siete integrantes y el cupo de Echeverría vacante hasta el primer semestre del próximo año, cuando se realice una nueva asamblea de socios de la entidad y Carabineros haya resuelto qué hará tras la eliminación del escalafón de Intendencia, requisito que debe cumplir quien postulara a ese puesto.

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