Fotografía: ARCHIVO | Agencia UNO

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  • La declaración de un exmayor de carabineros sobre maletines con dinero que recibía Gordon podría abrir un nuevo flanco para el exgeneral director de Carabineros. En paralelo, el fiscal Eugenio Campos avanza en una nueva arista: la entrega de documentos falsos ante Dipreca para obtener pensiones de invalidez artificialmente abultadas; y los desahucios simulados de civiles que jamás pertenecieron a la institución para obtener pagos ilícitos.

    El círculo en torno al exgeneral director de Carabineros, Eduardo Gordon, parece estrecharse cada vez más a medida que surgen nuevos antecedentes de la investigación sobre el fraude que sacude la institución policial, el cual suma un monto superior a los $25 mil millones y más de 100 formalizados, entre uniformados y civiles.

    Gordon primero declaró como testigo ante el Ministerio Público, pero tras cuestionamientos de la Contraloría General de la República a un monto de $21 millones que le transfirió irregularmente al coronel Jorge Serrano, su estatus cambió y su segunda declaración fue como imputado. Esa transferencia irregular de dinero, sin embargo, podría ser sólo una pequeña muestra del verdadero rol que tuvo el general en retiro. Así, al menos, lo establece una de las declaraciones de la indagatoria a la que accedió Radio Bío Bío.

    El 24 de abril pasado, el exmayor de Carabineros, Fabián Cárdenas Mancilla, se presentó ante dos fiscales y un teniente para leer un informe que preparó a modo de declaración. En él abordó diversas versiones que pudo escuchar de oficiales de la Intendencia de Carabineros que hoy, al igual que él, están formalizados en la causa. La primera de esas versiones de “oídas”, como las calificó en su declaración, la recibió del exmayor Diego Valdés Bustamante, y apunta precisamente a Eduardo Gordon.

    “Mi general (Iván) Whipple me dio la misión de entregar personalmente un maletín a quien (él) llamaba ‘Lalito’, que era el general director Eduardo Gordon Valcárcel, en cuyo interior, suponía, iba con muchos millones en dinero en efectivo, ya que se encontraba cerrado con llave”, dijo Valdés, según el relato de Cárdenas.

    Debido a lo anterior, agregó Cárdenas, Valdés no pudo abrir el maletín, por lo que tuvo que “seguir las instrucciones de subirse al vehículo fiscal del general director, quien se lo recibió directamente de sus manos en el estacionamiento de la Dirección General (…) Un vez entregado el maletín, a poco andar el vehículo -una cuadra- se bajó sin él”.

    Valdés, de acuerdo al relato de Cárdenas, “suponía que eran muchos millones, pues coincidentemente se había pagado en forma doble una condena judicial por supuestos beneficios al personal de secretaría, cuyo abogado se dice era compañero de promoción del general director Eduardo Gordon Valcárcel; general subdirector, Gustavo González Jure; y el general, Iván Whipple Mejías”.

    Cárdenas contó a los fiscales que Valdés le reveló estos antecedentes en una reunión social, en la que hubo consumo de alcohol, lo que podría haber gatillado su confesión. De hecho, Valdés le dijo que esta operación se repitió al menos otras dos veces. Radio Bío Bío intentó comunicarse en varias oportunidades con Gordon para obtener su versión de lo hechos, pero no fue posible ubicarlo.

    En una segunda reunión social, esta vez en el interior del Departamento de Contabilidad y Finanzas de Carabineros, Valdés le expuso a Cárdenas otra irregularidad vinculada al desfalco de dineros de la institución policial.

    “El coronel Fernando Pérez Barría efectuaba movimientos de fondos a través del sistema SIGFE dirigidos a la Dirección de Seguridad Privada, específicamente, al coronel Patricio Riveros”, dijo Valdés, de acuerdo al relato de Cárdenas. “Eran egresados de alguna manera, pues estos movimientos eran borrados del sistema, al parecer, a través del uso de una llave maestra que existiría en poder de algún funcionario de la DIFINCAR”, agregó.

    Al respecto, Cárdenas dijo que el ingeniero Eduardo Pardo Muñoz, quien antes había trabajado en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, “tenía acceso a la denominada llave maestra y ese sería el argumento por el cual se le contrató en Carabineros”.

    Fuentes de la investigación consultadas por Radio Bío Bío confirmaron que la declaración de “oídas” de Cárdenas, quien recibió más de $128 millones de manera fraudulenta cuando era funcionario de Carabineros, es relevante para la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público. También manifestaron que el rol del mayor Diego Valdés Bustamante es gravitante en el caso y se extiende a una nueva arista.

    Valdés, de hecho, junto a Randy Maldonado, ambos de la Sección Tesorería del Departamento III, tramitaba la documentación necesaria para encubrir la salida fraudulenta de dineros desde Carabineros. Además, también tenía firma giradora de cheques institucionales. Su nombre, de acuerdo a los antecedentes de la investigación que pudo revisar Radio Bío Bío, también aparece en la denominada arista Dipreca.

    Falsificación y uso de instrumento público

    En los últimos dos días la fiscalía formalizó a siete personas más en el caso del millonario fraude en Carabineros, pero esta vez, por “falsificación y uso de instrumento público”, delito que por primera vez se imputó el pasado miércoles 15 de agosto.

    El principal formalizado es el ex CPR (contrato por resolución, destinado a empleados civiles) de Carabineros, José Inapaimilla Vergara, indagado también por la millonaria malversación. La nueva tipificación, sin embargo, resulta clave en la arista Dipreca, por pensiones abultadas, que indaga el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.

    Alta fuentes de Radio Bío Bío indicaron que si bien el acusador espera en los próximos días comunicar la separación de la indagatoria -desagrupando la arista Dipreca- ello no fue impedimento para que se formalizara por este ilícito; mientras todos los antecedentes siguen actualmente rotulados en el mismo Rol Único de Causa (RUC).

    José Inapaimilla es indagado por falsear documentos ante Dipreca para obtener pensiones de invalidez artificialmente abultadas y también en el caso de los desahucios, donde se inscribían nombres de civiles que jamás pertenecieron a la institución para obtener pagos ilícitos.

    La fiscalía comunicará la división por hechos y no por imputados, lo que podría generar que varios involucrados queden con causa abierta en dos investigaciones al mismo tiempo. Incluso, los otros seis requeridos judicialmente ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, habrían sido reclutados por Inapaimilla, según estimó el Ministerio Público.

    De acuerdo el relato aportado a la investigación por el propio José Inapaimilla, el pasado 7 de abril de 2017, participó en la tramitación y pago de desahucios falsos, con montos malversados desde cuentas de Carabineros. Detalló que aprendió una técnica especial para generar documentos de resoluciones de retiros ficticios, con personas civiles, para así obtener dineros y realizar la repartición de los mismos.

    Para esto, indicó, mientras prestaba servicios en Tesorería, remitió un balance a Diego Valdés Bustamante, llamándole la atención la cuenta denominada “Valores en Tránsito”, con un alto volumen de dinero. Inapaimilla describió la forma de concretar los movimientos y retiros de dineros asignándole gran responsabilidad a los imputados Diego Valdés y Randy Maldonado, para concretar respectivos procesos.

    “Marcos Medina falseaba la resolución con los nombre de un civil, considerando apellidos y rut de una persona ajena a la institución que posteriormente realizaba el cobro de un desahucio por caja (…) Esta resolución me la entregaba a mí, yo se la mostraba al jefe de la unidad, Capitán Diego Valdés. Él, sabiendo que era fraudulenta, me daba la autorización para continuar con el trámite y debía pasársela a Juan Pardo. Él recepcionaba el documento, lo revisaba en cuanto a que todos los datos estuvieran y procedía a elaborar el certificado de reintegro y obtenía la firma del capitán Randy o de Valdés, sabiendo que era fraudulento”, dijo Inapaimilla, en su declaración ante la fiscalía.

    Cita en BordeRío

    En la investigación, Inapaimilla detalló que “en una oportunidad un grupo de oficiales me invitaron a almorzar”. Se trataba, dijo, de “Diego Valdés, Randy Maldonado, Carlos Cereceda y otro que no recuerdo”. Lo invitaron a BordeRío, un complejo de restaurantes y pub a orilla del Río Mapocho, en el sector oriente de la capital. “Yo noté que eran habituales ahí por cómo las trataban”, agregó.

    “Randy Maldonado me dijo que yo los estaba cagando con plata y que estaba haciendo documentos por mi cuenta. Les expliqué que no era así, me paré y me fuí”, relató el ex CPR de Carabineros.

    Este episodio, en todo caso, fue ratificado por el también imputado Juan Carlos Cereceda, en su declaración del 27 de abril de 2017.

    “Yo participé de un almuerzo reunión que se realizó en un restaurante en BordeRío y en esa oportunidad estaba Randy Maldonado, Diego Valdés, José Inapaimilla y yo. Entonces, al Inapaimilla lo increparon y encararon porque estaba sacando la plata de otra forma, con unos desahucios, le dijeron que la cortara y él se paró y se fue. Yo me di cuenta al revisar los abonos de reintegro en el subsistema de reintegros, al ingresar un rut, que no estaba en la base de datos de Carabineros”, dijo Cereceda, ante la fiscalía. “Ahí supimos que lo había puesto Inapaimilla”, agregó.

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