Para 2019, el mote de “flojo” acompañaba al diputado Joaquín Lavín León a dondequiera que fuera. Su baja participación en el Congreso —expuesta en reportajes de TV— le granjearon tal fama. Sin embargo, la investigación de la fiscalía demostró que, entonces, el parlamentario estaba bastante ocupado. No en labores propias de su cargo, sino como asesor de numerosas campañas de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Las mismas que —según el Ministerio Público— el ahora ex gremialista financió con recursos públicos de manera ilícita.

Documentos judiciales, whatsapps y declaraciones policiales —a las que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— reconstruyen los pasos que llevaron al desafuero de Lavín junior: no solo se le imputan cargos por apropiarse de dineros de la casa legislativa, sino también de haber traficado influencias al interior del municipio que controlaba su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.

En total, el organismo persecutor lo acusa de haber defraudado a las arcas fiscales en más 104 millones de pesos.

Todo gratis

Según información recabada por BBCL Investiga, el perjuicio fiscal más grande que se le imputa a Lavín León está asociado a SocialTazk. Se trata de una plataforma digital diseñada en 2018, para el manejo de bases de datos y envío masivo de mensajes de texto con frases políticas. El objetivo era, justamente, utilizarlo en campañas, tanto del propio imputado como de la UDI en general.

El congresista no tuvo mejor idea —sostienen documentos judiciales— que financiarlo con dineros del Congreso.

Entre julio de 2018 y agosto de 2019 contrató como asesor legislativo a quien estaba desarrollando la aplicación. Y luego, rindió los gastos de la plataforma ante la sede del poder legislativo como si fueran servicios derivados de su función parlamentaria.

El trabajo de Lavín en las campañas de la UDI llegó a tal nivel que —de acuerdo a la indagatoria— ofreció su plataforma a más de 70 candidatos de su partido en todo Chile. Les creó un usuario y contraseña, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña.

Todo gratis.

Los abanderados gremialistas sólo debían hacerse cargo de alimentar la base de datos de la aplicación. La información, sin embargo, podría haber incluso provenido de empleados públicos que la obtuvieron en función de su cargo, dicen fuentes consultadas por BBCL Investiga.

“Por supuesto me entrevisté con Lavín”

Según consta en la indagatoria, era el propio Lavín quien —al poco andar desde la creación de la plataforma— intentó captar a sus colegas del Congreso para que utilizaran la app. Así lo declaró a la fiscalía un correligionario suyo: el diputado gremialista Jorge Alessandri Vergara.

En su alocución, el parlamentario contó que para 2018 estaba interesado en saber cómo sus camaradas realizaban su trabajo distrital, de medios y territorial.

“Por supuesto que una de las personas con las que me entrevisté era el más votado en ese momento en el Congreso, que era el diputado Lavín León”, aseveró.

Fue así como este último le presentó a SocialTazk, que operaba bajo la empresa Modo74.

“No recuerdo si me mostró la aplicación, pero me dijo que estaba en funcionamiento y que era la aplicación que él utilizaba. Permitía también mandar mensajería de texto masiva a los distintos grupos de nuestro distrito”, explicó el representante del Distrito 10.

A Alessandri le pareció “muy útil”, sobre todo porque necesitaba abarcar un territorio grande. Así, terminó contratando los servicios de SocialTazk el 1 de septiembre de 2018.

—¿Cuánto tiempo utilizó esta plataforma?

—Me parecía una herramienta que podía llegar a ser útil pero después de unos meses a mi equipo no le pareció lo mismo. Fueron ellos los que me dijeron que mejor que no siguiéramos con esto. Somos cuatro personas entonces tampoco teníamos el tiempo que requería ingresar todas esas bases de datos al sistema y que efectivamente funcionara. Finalmente, ellos me pidieron cancelar la suscripción al poco andar, no lo tuvimos más de tres meses. Hoy usamos plataformas que Google da casi gratis para organizar tareas.

Un power point

“8 de marzo, conmemoramos nuestro día, te saludo mujer con cariño y admiración. Con fuerza te invito a liderar juntas nuestra comuna, Abigail Acosta Concejal”. “Actua! El derecho de la salud es de todos. Porque podemos empoderar la salud de la region. Apoya a Karla Lescure tu Enfermera de Sierra gorda y Baquedano (sic)”.

En medio de la decena de allanamientos conseguidos por la fiscal del caso Constanza Encina, los investigadores hallaron los mensajes que eran enviados desde la plataforma. La estructura de las comunicaciones era simple: un saludo que iba acompañado del nombre del candidato de la UDI. La calidad de la información con la que contaba la plataforma era tal que permitía enviar contactos georreferenciados por distrito, circunscripción o comuna.

“Los partidos políticos en general, y la UDI en particular, no cuentan con una base de datos a la que se pueda echar mano a la hora de activar o movilizar el electorado”, se lee en una presentación de Power Point de la app que confeccionó el propio diputado.

De ahí que la fiscal Encina sostuviera ante la Corte de Apelaciones de Santiago que la plataforma nada tenía que ver con las funciones parlamentarias de Lavín y —por ende— no debían ser financiadas con cargo a dineros públicos.

En total, según el organismo persecutor, el diputado rindió ante el Congreso $93,3 millones asociados a la plataforma.

“Depuración importante”

Otro de los que utilizó los servicios de SocialTazk fue el ex subsecretario de Hacienda de Sebastián Piñera, José Francisco Moreno. En 2021 fue candidato a la Convención Constituyente.

“Tomé contacto con el único parlamentario que tenía cierta trayectoria en el distrito, con Joaquín Lavín León, que incluso era el marido de la alcaldesa de Maipú que se proyectaba con una tremenda votación”, declaró.

A Moreno ni siquiera le solicitaron que apoyara con la base de datos como al resto de los candidatos. Para entonces, contaban con información de alto nivel.

“Ellos tenían la base de datos que era del Distrito 8, es decir, entre Arnaldo [Domínguez, asesor de Lavín] y Joaquín [Lavín León] me decían que la gracia de este servicio era que habían trabajado mucho esa base de datos, que había un trabajo de depuración importante”.

El método

Hay más. Tal como reveló BBCL Investiga, el parlamentario —según la indagatoria— también obtuvo financiamiento de dineros públicos del Congreso para pagar una deuda personal que mantenía con la imprenta MMG. Se trata de una de empresa con sede en Santiago Centro que prestaba servicios a una cantidad no despreciable de candidatos gremialistas.

“Esa imprenta era la que prácticamente toda la UDI contrataba como proveedora de material de campaña”, atestiguó uno de los brigadistas relacionados a Lavín.

El problema fue que para fines de 2021, el diputado no había pagado sus obligaciones derivadas, principalmente, de las campañas de constituyentes y de concejales afines a él. Aquí aparecen, entre otros nombres, figuras mediáticas como Miguelo u Horacio Saavedra.

“Recuerdo haber realizado flyers para constituyentes a solicitud de Joaquín Lavín (…) Como no obtuvimos una respuesta sobre el pago de los servicios adeudados relacionados a la campaña política que ascendía a la suma de $8.802.430 les comunicamos que los íbamos a demandar”, reconoció el dueño de la imprenta ante la fiscal Encina.

Fue así como —para saldar esa deuda— Lavín León comenzó a rendir facturas falsas ante el Congreso, por supuestos “gastos operacionales” que en la práctica nunca existieron, detallan documentos judiciales.

“Hola Juan, necesito otra factura de $600.000, el detalle debe decir 30 mil cuentas públicas”, reza un whatsapp enviado por Arnaldo Domínguez, asesor del parlamentario, al dueño de la imprenta, el 31 de julio de 2019. “Tengo 600 lucas para facturar, puede ser con fecha de hoy y a la Cámara de Diputados… eso es para amortiguar la deuda”, se lee en un segundo mensaje.

Esos mismos mensajes fueron explicados a la fiscalía por el jefe de la compañía: “El método que ellos tenían para pagar cosas de campaña era la glosa ‘cuenta pública’ (…) Yo accedí a hacer esto porque necesitaba que me pagaran y era la única forma”.

En total, el Ministerio Público calcula el perjuicio fiscal por este delito en otros 10,8 millones de pesos, también provenientes de las arcas del Congreso Nacional. Ese monto, sin embargo, podría incrementar. El Servicio de Impuestos Internos cifró en más de 350 las facturas falsas rendidas por Lavín.

La buena fe

Según se desprende de la causa judicial, las maniobras de Lavín León se pudieron concretar, en parte, debido a las debilidades fiscalizadoras del propio Congreso. En simple, la casa legislativa no tiene la capacidad para inspeccionar los gastos rendidos mensualmente por los 155 diputados que conforman la Cámara.

“El hecho de que un gasto haya sido auditado no es de ninguna forma haber pasado la prueba de blancura, sino simplemente que, en lo formal, el parlamentario cumpla con acompañar la factura o boleta y el comprobante que se requiere, sin que podamos verificar si eso es real, adulterado o la efectividad del servicio”, declaró Priscila Jara, coordinadora del Comité de Auditoría Parlamentaria, ante fiscalía.

En el caso de la imprenta, por ejemplo, el organismo persecutor detectó que un asesor de Lavín solicitaba entre una y cinco copias de folletos supuestamente asociados a labores parlamentarias para justificar los desembolsos del Congreso. La idea era aparentar que muchos de esos flyers habían sido entregados, cuando en la realidad solo correspondían a muestras para respaldos.

“Juan, me podí sacar unas cuatro copias de eso, y me mandai una foto por ambos lados por favor, juntas cachai, y el lunes las paso a buscar, por último, que tengo que rendir hoy día, hueón (sic)”, se escucha decir a Arnaldo Domínguez, el asesor, en uno de los audios interceptados por el Ministerio Público.

Según explicó Jara, la encargada del comité que controla el uso de los fondos públicos del Congreso, es responsabilidad de cada parlamentario velar por la “transparencia” y la “austeridad”.

“Conforme a lo señalado uno entiende que no se debiera mentir al momento de efectuar la rendición y se parte de la buena fe”, declaró la abogada.

Despidos con resorte

El organismo persecutor no sólo indaga a Lavín por fraude al fisco, sino también por haber aprovechado su cargo para obtener, de otros funcionarios públicos, decisiones favorables a sus intereses al interior de la casa edilicia presidida por su cónyuge, la entonces alcaldesa Cathy Barriga. Es decir, por tráfico de influencias.

Y es que, según cálculos del equipo investigador, 497 funcionarios de la Municipalidad de Maipú fueron desvinculados por decisión de Lavín. Solo por estos despidos, el municipio debió pagar más de 1.149 millones en indemnizaciones y transacciones judiciales.

L., funcionaria de la Municipalidad de Maipú cuando Barriga llegó al poder, dijo haber sido citada por Lavín en una reunión fuera del municipio para desvincular a empleados municipales.

“[Joaquín Lavín León] me generó cierto temor al no acatar lo que estaba señalando. No sabía o más bien temía hasta dónde podía llegar si me negaba a hacer lo que me estaba pidiendo, porque era el diputado del distrito y marido de la alcaldesa”.

Y agregó:

“Me sentí de alguna forma intimidada frente a su solicitud y por eso accedí a lo que me pidió”.

Aunque el imputado intentó defenderse (“nunca instruí ni ordené nada dentro del municipio”, dijo en su declaración ante el Ministerio Público), lo cierto es que fue el propio Lavín quien dejó huellas de sus movimientos en los correos electrónicos.

En diciembre de 2016, por ejemplo, el diputado envió un e-mail a Carlos Fairlie, el jefe de gabinete de su esposa y entonces alcaldesa. La comunicación era clara:

Según la indagatoria, los despidos fueron tan masivos que afectó los intereses de la propia UDI. Esto, de nuevo, se sabe por las huellas que dejó Lavín. En enero de 2017, el imputado debió mandar un correo bajo el asunto “Listado Reintegro”. Allí consta un archivo Excel creado y modificado —de acuerdo a los investigadores— por el propio Lavín en que enlista 59 personas que deben ser reincorporadas a la casa edilicia.

En esa misma lista, el parlamentario dejó constancia de quién solicitaba devolver los funcionarios a sus labores: “A solicitud del equipo de Allamand (RN)”, “Patricio Melero (UDI)”, se lee en el archivo.

“Si venía alguna solicitud del diputado no había ninguna posibilidad de negarse o decir que no”, declaró otro alto funcionario municipal de la era Barriga.

No todo está dicho

Consultado por BBCL Investiga, Patricio Melero descartó haber solicitado cualquier reintegro. De todos modos, en la carpeta investigativa figura un correo enviado por el extimonel de la UDI en el que recomendaba a una persona para que fuera contratada en la municipalidad. Este medio intentó obtener una versión de Andrés Allamand, sin resultados hasta el cierre de esta edición.

Tras conocer los cargos que se le imputan, Cristóbal Bonacic, abogado de Lavín dijo este jueves estar tranquilo.

“Aquí nadie ha dicho que el señor Lavín es culpable o inocente de absolutamente nada. Simplemente consiste en que la Corte entendió que había méritos suficientes para seguir investigando”, afirmó.

“El 26 de diciembre se ordenaron diligencias pedidas por esta defensa que apuntan al centro de la imputación y diligencias que nosotros tenemos la tranquilidad que van a ser bastante satisfactorias para esta parte y pueden traer como consecuencia que ni siquiera se pueda formalizar por algunos delitos presentados el día de hoy”, resaltó.

“La afirmación que hace el Servicio de Impuestos Internos respecto que el señor Lavín se habría enriquecido con dinero es absolutamente falsa”, sentenció.

Se espera que Bonacic apele ante la Corte Suprema.

ESTE ARTÍCULO DESCRIBE UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)