$7.700 millones: el "olvido" de la Subtel que impidió cobrar impuestos a las telefónicas por 10 años

Una auditoría reservada de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) develó que el organismo “olvidó” cobrar más de $7.700 millones a tres empresas del rubro. Todo como consecuencia de un caos administrativo que se arrastra desde, a lo menos, una década.

De acuerdo a información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, las compañías corresponden a Telefónica, Claro y Will (firma hoy propiedad de Entel).

Un software que no entrega información mínima para los cobros, profesionales sin la expertise suficiente y la poca o nula acción de las autoridades que dirigieron la repartición durante tres gobiernos diferentes explican un perjuicio fiscal que incluso podría seguir escalando.

Los resultados del informe preocupan en la Subtel. Sin ir más lejos, debieron presentar una autodenuncia ante la Contraloría e iniciar un sumario para establecer las responsabilidades por el no cobro de los más de 9,2 millones de dólares.

Sin cobrar

Según el informe fechado a inicios de este año, las deudas se arrastran desde 2013 y derivan del despliegue de la tecnología 4G. Cada año, las empresas del rubro de las telecomunicaciones -además de estaciones radiales y televisivas, entre otras- deben pagar por la cantidad de espacio radioeléctrico que utilizaron para sus transmisiones. El organismo estatal encargado de calcular y cobrar dicho gravamen es precisamente la Subtel.

Sin embargo, la auditoría reveló que cinco decretos que fijaban los montos a pagar por las tres compañías sencillamente quedaron en el olvido. Por una década, no fueron considerados en las boletas que anualmente les emitió la Subtel.

En concreto, se detectó que Telefónica Móviles Chile S.A., Claro Servicios Empresariales S.A. y Will S.A. suman una deuda histórica de 123.010,77 UTM. A la conversión del mes en curso, la cifra alcanza los $7.774.157.653.

El hallazgo llevó al subsecretario Claudio Araya a emitir sendos oficios para notificar la deuda. A la primera compañía le comunicó que debían regularizar el pago de más de $3.300 millones; más de $2.800 millones a la segunda; y más $1.600 millones a la tercera (ver tabla).

“Se debe considerar que el pago de gravámenes es anual. Es decir, para el caso de los decretos otorgados en el 2012, las empresas no han pagado gravámenes por 10 años y para los decretos otorgados en 2015 no se han pagado durante siete años”, reza el informe.

El “staff”

Falta de comunicación en la Subsecretaria de Telecomunicaciones

El olvido histórico de la Subtel no es mera coincidencia. Dentro de las anomalías halladas se advierte, por ejemplo, que al interior de la repartición estatal “no existe una unidad formal que desempeñe la función de cobro de gravámenes”. Por el contrario, sólo mantiene un “staff de Derechos de Espectro Radioeléctrico”.

El referido equipo -cuestiona el informe- está integrado únicamente por un funcionario administrativo quien, pese a su vasta experiencia, tiene “poca capacidad de análisis y control”.

En esa línea, se menciona que el encargado en cuestión “no cuenta con las herramientas necesarias para un óptimo trabajo”. Entre las falencias principales aparecen que el sistema informático utilizado “no cumple con todo lo requerido” para definir con precisión los dineros que deben ser cobrados por la Subtel.

“Tampoco existen procedimientos formales de comunicación con los departamentos que realizan los cálculos de los gravámenes, lo que deriva en que este proceso se realiza de forma imprecisa y sin los debidos controles, situación considerada grave”, sentencia el escrito.

Un problema conocido

Antecedentes revisados por BBCL Investiga dan cuenta de que el caos administrativo al interior de la Subsecretaría de Telecomunicaciones ya había sido detectado hace casi una década.

Entre octubre y noviembre de 2015, durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, y cuando a cargo de la Subtel estaba Pedro Huichalaf Roa, también se auditó el subproceso de gravámenes del organismo.

Ya en esa oportunidad se advirtió sobre la necesidad imperante de hacer mejoras al sistema de control interno que mecaniza los cobros a las gigantes tecnológicas y a otras empresas que hacen uso del espectro radioeléctrico.

Dicho proceso ya concluía en esa época que el sistema informático que utiliza la Subtel para estos fines, denominado “SIGA”, no entregaba la respectiva “descripción del decreto y/o resolución que da origen al cobro”. Tampoco arrojaba “los datos básicos a considerar en el cálculo del gravamen, ni el detalle de cómo se compone la cifra total de UTM cobrada”.

En buenas cuentas, se trata de la misma conclusión a la que se llegó en la última auditoría. “Se puede constatar que el dato oficial para realizar el cobro de los gravámenes ante la Tesorería General de la República, se obtiene de unas planillas Excel llevadas por el funcionario encargado, las que no siempre coinciden con el dato arrojado por el sistema SIGA”. Caos total.

Esta situación -acota el informe- “evidencia la precariedad del proceso y la poca integridad de la información”.

“Faltó avanzar

Consultado por BBCL Investiga y tras revisar los antecedentes, el propio Huichalaf reconoce ocho año más tarde que durante los meses que permaneció en el cargo -y después de conocer los resultados de la auditoría- efectivamente se podría haber avanzado de mejor manera para evitar el desastre:

—Yo rescato dos cosas. Primero que la auditoría la hicimos nosotros. Y segundo, recibimos el informe e hicimos mejoras generales. Faltó a lo mejor avanzar específicamente en ese sistema (SIGA).

En esa línea, apunta a la responsabilidad de sus sucesores. Señala que “se dejaron todas las condiciones para que las autoridades posteriores lo pudieran hacer”

—El problema general ya lo habíamos solucionado —agrega— Estamos hablando del 2014. Después empezó todo este impulso de la transformación digital del Estado, donde se estaba tratando de convertir todo a la digitalización.

La Subtel responde

Consultada sobre los gravámenes detectados sin cobrar, desde la Subtel aseguran que “como institución encargada de administrar este bien de uso público (el espacio radioeléctrico), la Subsecretaría de Telecomunicaciones debe verificar que los gravámenes correspondientes a su uso sean pagados de manera oportuna”.

Añaden que “en su política proactiva de revisión permanente de sus procedimientos y obligaciones, la Subtel detectó inconsistencias en este ítem que se arrastran desde 2013, y por lo mismo, tomó medidas”.

Concretamente, señalan que se instruyó una auditoría interna. Al mismo tiempo, oficiaron a las empresas sobre sus deudas y el plazo de vencimiento de sus pagos, “información que fue compartida con la Tesorería General de la República”.

Finalmente acotan que también se “ofició a la Contraloría General de la República sobre esta situación y se contrató una auditoría externa para analizar los montos adeudados”.

“Comprometida con la transparencia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones está adecuando sus procedimientos internos y así cumplir con su rol de administrador de este bien de uso público”, sentencian.

Los exsubsecretarios

Además del ya citado Pedro Huichalaf, este medio inquirió a todos quienes ejercieron como subsecretarios de la Subtel desde 2010 en adelante.

En este contexto, el jefe del organismo durante el primer gobierno de Piñera, Jorge Atton, recalca que durante su periodo “hubo una permanente preocupación exactamente por esos ingresos”.

—Nosotros lo que hacíamos era saber exactamente cuáles eran los ingresos que teníamos y garantizar que esos se pagaran y se cumplieran.

Sobre los problemas detectados posteriormente, podrían obedecer a una actualización en sus sistemas que hizo la Tesorería General de la República.

—Hace tres años atrás lo que pasó fue que la Tesorería cambió su sistema y quedaron desconectados respecto a la información en línea. Aquí hay un tema bien importante: una cosa es informar qué es lo que debería pagar tal empresa o aquella empresa; y otra es saber si se pagó.

Rodrigo Ramírez, quien ocupó el cargo entre octubre de 2016 y marzo de 2018, no estuvo disponible para este reportaje. Pese a comprometer una respuesta en primera instancia, luego optó por no emitir una declaración.

Intentos en vano

La que sí contestó las preguntas fue su sucesora. Requerida la exsubsecretaria Pamela Gidi (marzo 2018-julio 2021), manifestó que en su momento pidió toda la información posible, sin embargo, finalmente no tuvo mayor conocimiento de la situación.

—Al asumir mi cargo (…) solicité información detallada de cada división, incluyendo una auditoría en detalle de todos los cobros a realizar anualmente por concepto de espectro radioeléctrico y el estado de estos. Esta auditoría fue entregada por Alejandro Freire, quien era el jefe de Concesiones en ese momento, con el apoyo del jefe de Concesiones histórico que había estado en Subtel incluso desde la época del subsecretario Atton. Sin embargo, este tema nunca salió a la luz durante mi gestión.

Es importante mencionar que, al asumir mi cargo, decidí mantener al equipo de concesiones de los gobiernos anteriores, que estaban compuestos por funcionarios de carrera. Esto se debió a que consideré vital garantizar la continuidad operacional y mantener todo el conocimiento técnico e histórico que ellos traían consigo. A pesar de buscar en varias ocasiones el status de operaciones con los distintos jefes de concesiones, este tema no fue abordado adecuadamente”.

Pamela Guidi

El último subsecretario en ocupar el puesto antes de Araya, Francisco Moreno, también entrega sus descargos.

—Durante mi período como subsecretario de Telecomunicaciones nunca recibí una notificación, aviso, informe, requerimiento o auditoría que expresara algún inconveniente o reparo con el pago de derechos de espectro radioeléctrico relativos al despliegue del 4G en Chile. Tanto por parte de la Tesorería General de la República como de la Dirección de Presupuestos o de alguna división ministerial. Desconozco el contenido de la auditoría que habría iniciado la División de Concesiones.

Nuevas auditorías

Tal como lo explica la Subtel, recientemente el organismo decidió contratar una auditoría externa para conocer el real alcance del desorden. Dicho proceso se encuentra en plena ejecución. Pero no sería la definitiva: fuentes al interior de la repartición apuntan que hay disconformidad por el trabajo que se esta realizando.

Para otros, en tanto, llamó la atención que el proceso fuese adjudicado vía trato directo a la reconocida firma internacional PricewaterhouseCoopers. Todo por $60 millones.

De ahí la importancia de una eventual auditoría que podría iniciar la Contraloría General de la República, con especial foco en la División de Concesiones a partir de los hechos descritos en este reportaje.

Esto último, puesto que existen cientos de sociedades de menor envergadura y de distintos rubros que figuran con deuda, lo que podría aumentar los montos que no fueron cobrados por la Subtel en la última década.

Empresas descartan deuda

Requeridas las empresas, todas dicen haber conocido sobre la deuda con el fisco recién ahora, tras los oficios del subsecretario Araya.

A juicio de Movistar (Telefónica Chile S.A.), y en relación al pago de gravámenes por uso de espectro radioeléctrico, “estos se encuentran al día, sin que exista deuda morosa de pago asociada a estos conceptos”.

Por su parte, desde Claro aseguran que “han cumplido anualmente con todos los pagos por el uso del espectro cobrados por Subtel”. Respecto a los montos que no fueron incluidos en las boletas anuales, sostienen que “estos son cobros adicionales, que corresponden a un nuevo cálculo que efectuó la Subtel”.

Mientras, desde Entel (Will S.A.) manifiestan que la firma “no mantiene ninguna deuda vencida con el fisco”. “Los cobros que se realizan por este concepto anualmente tienen como vencimiento el 31 de diciembre de cada año”, subrayan.

“Entel se encuentra actualmente en el proceso de revisión del aviso de cobro remitido de los derechos que vencen en diciembre próximo y procederá a su pago en la oportunidad habitual”, acotan.

Sea como sea, el plazo fatal entregado por el Estado para ponerse al día con los $7.700 millones es el último día de 2023.