La Contraloría General de la República (CGR) remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes de una reciente auditoría que destapó contrataciones cruzadas en cinco municipios del país, por trabajos imposibles de cumplir.
Se trata de un informe de 134 páginas que tuvo como objetivo analizar el gasto en horas extraordinarias y los contratos a honorarios suscritos por la Municipalidad de Coquimbo, entre enero y diciembre de 2020, bajo la administración del entonces alcalde, Marcelo Pereira Peralta (DC).
Así, se descubrió que cuatro funcionarios prestaron servicios de manera paralela -y a tiempo completo- en las casas edilicias de Coquimbo, Vicuña, La Granja, Macul y Freire. Las tres primeras corresponden a administraciones presididas a la fecha del estudio (es decir 2020), por alcaldes de la DC, la cuarta por el Partido Comunes, y la última de ellas por RN.
De acuerdo al documento, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile, los montos superan los 65 millones de pesos. En caso de que no se acrediten las labores ni tampoco la restitución, la Contraloría formulará el reparo correspondiente para restituir los dineros a las arcas fiscales.
De Coquimbo a Macul
Según el informe del ente fiscalizador, los servidores públicos corresponden a Alfonso Núñez Riveros, Cristian Sáez Cariz, Hugo Lara Torres y Román Toro Tapia.
El primero de ellos, fue contratado a honorarios por la Municipalidad de Coquimbo, para “elaborar planes de acción de los programas municipales relativos al cumplimiento de los compromisos contraídos por la municipalidad con los diversos sectores y actores de la comunidad”.
Sus remuneraciones ascendían a 20 millones de pesos anuales. ¿El problema? Del cruce de datos, la Contraloría descubrió que Núñez Riveros, durante ese mismo año 2020, obtuvo otras rentas por la suma total de $19.820.199, provenientes desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, en la región Metropolitana.
En base a la información obtenida desde el sitio web de transparencia del organismo, se verificó que el funcionario fungió como encargado de la Unidad de Adquisiciones de esa entidad.
“De acuerdo a los antecedentes analizados, los servicios contratados no son posibles de ser desempeñados física y materialmente”, afirma la Contraloría.
Esto, “considerando, por una parte, los factores de distancia geográfica entre los lugares en que se debían ejercer ambas labores, y por otra, las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia por Covid-19, lo que hace improbable que tales servicios hayan sido ejecutados, debido a la naturaleza de los mismos”.
“Trabajo” a más de 1.100 kms
El segundo en aparecer es Cristian Sáez Cariz. Contratado a honorarios, percibió $22 millones de parte de la Municipalidad de Coquimbo.
Al igual que en el caso anterior, se descubrió que el funcionario también prestaba sus servicios de manera paralela en una repartición diferente. Esta vez, la Corporación de Turismo de Vicuña. Ese mismo año, es decir en 2020, percibió otros 18 millones de pesos pagados desde esa última entidad.
La conclusión de la Contraloría es la misma: ambos servicios son imposibles de ser desempeñados de física y materialmente, dada la distancia geográfica y los problemas derivados de la pandemia.
Y peor aún: se determinó que el Sáez Cariz, durante 2020, además percibió honorarios desde la Municipalidad de Freire, ubicada en la región de la Araucanía, por otros 6 millones de pesos. Información que fue verificada a través del sitio web de transparencia de ese organismo.
En buen chileno, el funcionario se paseó prestando servicios paralelos en municipalidades a más de mil kilómetros de distancia.
De Coquimbo a La Granja
El tercero es el caso de Hugo Lara Torres. Fue contratado por la Municipalidad de Coquimbo entre enero y mayo de 2020. Tan solo en los dos primeros meses del año se embolsó 10 millones de pesos por asesorías.
Esto, pese a también prestar sus servicios en la Municipalidad de La Granja, presidida por el alcalde Felipe Delpín (DC).
De acuerdo a la información recopilada por la Contraloría, el servidor público fue contratado por 44 horas en esta ultima casa edilicia, ubicada a casi 500 kms de Coquimbo. Percibió una remuneración total de más de 17 millones de pesos en la capital.
Por si fuera poco, se comprobó que Lara Torres mantenía su domicilio en Las Condes, de modo a que -a juicio del ente fiscalizador y al igual que en los otros casos- “los servicios contratados no son posible de ser desempeñados física y materialmente”.
Sin pruebas de los servicios
El último funcionario corresponde a Román Toro Tapia. Entre marzo y diciembre de 2020 obtuvo remuneraciones superiores a los 13 millones de pesos en la Municipalidad de Coquimbo.
Aquí el problema es más complejo, puesto que los informes de actividades presentadas por el trabajador daban cuentas de actividades genéricas, “sin contar con medios probatorios que acrediten fehacientemente los cometidos encargados al prestador de servicios”.
Y por si fuera poco, se determinó que Toro Tapia prestó servicios de manera paralela en la Municipalidad de Vicuña, presidida por el alcalde Rafael Vera Castillo (DC), donde percibió otros 3 millones de pesos.
En este caso, Contraloría también apuntó que los trabajos ofrecidos en ambas comunas eran simplemente imposibles de realizar.
Requerida por el ente fiscalizador respecto de todas estas irregularidades, la Municipalidad de Coquimbo no se pronunció.
Suma y sigue
A las anomalías antes descritas, se suman otros hallazgos al interior de la Municipalidad de Coquimbo. Se descubrió, por ejemplo, que nueve funcionarios mantuvieron una contrata de 22 horas con la casa edilicia y a su vez fueron contratados a honorarios para desarrollar similares labores de las que desempeñan en su empleo a contrata.
No obstante, la suma de sus rentas y honorarios resultan ser significativamente mayores a las remuneraciones que perciben funcionarios que cumplen una jornada de 44 horas semanales.
Durante la investigación también se advirtió de 19 funcionarios, con jornadas de 44 horas semanales, que además mantenían contratos a honorarios, en los cuales se incorporó una cláusula que establecía que el “trabajador desempeñará las labores mediante cumplimiento de metas, desarrolladas fuera de su jornada laboral en recinto municipal o fuera de este sin cumplimiento de horario y sin timbraje”.
Esto, pese a que, producto de la pandemia, estaban autorizados para desarrollar funciones presenciales hasta las 14:00 horas como medida sanitaria y de autocuidado, y algunos inclusive, se mantuvieron con trabajo remoto.
Tanto el programa, contrato e informes de actividades presentados por cada prestador de servicios, no hacen referencia a las citadas metas o a los parámetros, ponderación y evaluación de aquellas, sin que se aprecie elementos objetivos que permitan corroborar el efectivo cumplimiento de las labores detalladas en los informes de actividades, no obstante, aquellos igualmente fueron recepcionados conforme, desembolsando la suma de $70.539.839.
Por ello, la Municipalidad deberá informar y acreditar las labores desarrolladas por el personal objetado, si aquello no resulta posible, deberá obtener el reintegro del monto de $70.539.839.
En caso de que no se acrediten las labores ni tampoco la restitución del aludido monto, esta Contraloría Regional formulará un reparo en los próximos 30 días hábiles.
Tal como se adelantó, los antecedentes fueron remitidos al CDE y al Ministerio Público.
Vicuña responde
Tras ser contactados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, desde la Municipalidad de Vicuña se refirieron a la situación que los involucra.
Rafael Vera Castillo (DC), actual alcalde de la ciudad y quien también ostentaba ese cargo en el periodo cuestionado, aseguró a este medio que en su municipio “se han cumplido al 100 porciento” los contratos.
—(…) Los funcionarios nuestros cumplen las labores que están encomendadas en su contrato. En el caso de Román Toro él tenía una jornada de trabajo de 44 horas la cual se materializó. No sabemos qué hace después de esas 44 horas. En el caso de Cristian Sáez, que es el gerente de la Corporación, él está contratado con una jornada de dos días a la semana y lo que haga los otros cinco días a la semana la verdad es que no teníamos antecedentes—
El jefe de la casa edilicia explicó además, que el funcionario Román Toro Tapia renunció hace algún tiempo. De paso, alabó el trabajo que realiza hasta la fecha Sáez Cariz.
—Las jornadas laborales se han cumplido, tenemos los informes que así lo establecen y la verdad es que tendrán que investigar en el Municipio de Coquimbo si efectivamente en ese municipio se realizaron o no esas jornadas laborales, pero nosotros tenemos la convicción y la certeza más absoluta de que los horarios y compromisos establecidos en contratos en estos dos casos, tanto en el de 44 horas como en el de dos días a la semana, se han cumplido al 100%—
Y añadió que:
—Cristian Sáez sigue trabajando como gerente de la Corporación Municipal de Turismo con este contrato que ha tenido desde el primer día que ingresó a trabajar con nosotros, con una responsabilidad de dos días a la semana (…) el trabajo que realiza es de tremenda calidad y la Corporación Municipal de Turismo es, sin lugar a dudas, un espejo para todas las corporaciones municipales de turismo en Chile (en cuanto a) eficiencia y trabajo bien realizado y él tiene el crédito de ese tremendo trabajo—
Por último, aseguró que como organismo no tienen temor a ninguna investigación, reiterando que es deber de la Municipalidad de Coquimbo confirmar si los funcionarios aludidos realizaron tareas allí.
Desde la Corporación de Desarrollo Social de Macul emitieron un comunicado donde anunciaron una investigación interna para saber si Alfonso Núñez realizó otras actividades dentro de su horario laboral, aunque aseguraron no haber sido notificados de lo ocurrido.
Coquimbo y acciones legales
Consultado el nuevo alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri (IND), por los hechos ocurridos durante la administración anterior, indicó que se trata de situaciones conocidas por ellos.
De acuerdo a lo señalado por la autoridad a través de un comunicado, desde que llegaron a la casa consistorial se encontraron con irregularidades.
—Alertamos el grave problema de sobredotación que existía, tuvimos que tomar medidas inmediatas, debido a que en junio de 2021 se había gastado el 90 % del presupuesto de remuneraciones. Junto a ello, observamos que cientos de prestadores de servicios tenían atrasados el pago de sus sueldos hasta por 3 meses—
El jefe comunal añade que:
—Lo dado a conocer por la Contraloría no es un hecho nuevo, son irregularidades que se detectaron al iniciar nuestra gestión, que se agregan a eventuales delitos cometidos en la administración pasada y por los que presentamos las respectivas querellas ante el Ministerio Público—
Por último, Manouchehri recalcó que ahora están trabajando para levantar la comuna y enfocarse en las necesidades que expresan los ciudadanos y ciudadanas, con el fin de que nunca más se repitan episodios como los dados a conocer por el órgano fiscalizador.
“Cada peso que ingrese al municipio será gastado en las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”, concluye.
A fiscalía: Contraloría destapa contratos cruzados en municipios por trabajos imposibles de cumplir
