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"Por eso no lo detenían nunca": CDE se querella y va por jueza que dateó a hijastro narco

"Por eso no lo detenían nunca": CDE se querella y va por jueza que dateó a hijastro narco

Martes 21 diciembre de 2021 | 06:00

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Archivo | Poder Judicial

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la querella de capítulos presentada por el fiscal regional de Aysén y va tras la jueza Cecilia Urbina Pinto, acusada de datear a su hijastro narco. Su ayuda, apuntan, le permitió al imputado zafar del radar de la policía: "Siempre contaba que lo andaban buscando y le llegaba la información porque su madrastra era jueza (...) por eso no lo detenían nunca”, contó uno de sus cómplices.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nueva querella criminal en contra de la jueza de garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina Pinto. Tal como reveló este medio, a la magistrada se le acusa por haber entregado información a su hijastro narco sobre la indagatoria que seguía en su contra el Ministerio Público para así eludir la justicia.

La presentación ingresada este lunes -a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– replica los antecedentes aportados por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, en la querella de capítulos que dio inicio al proceso judicial en contra de Urbina.

Lea la querella

Todo comenzó a principios de enero de 2021, cuando la PDI realizaba escuchas a un grupo narco de la zona. Quien daba las órdenes para coordinar una entrega de drogas, era Jorge Cáceres Vásquez, apodado “El Matanga”.

Para sorpresa de la fiscal María Inés Núñez, a cargo de la indagatoria, este último resultó ser hijo biológico de Jorge Cáceres Osses, quien es el marido de Cecilia Urbina.

El hecho encendió las alarmas en el Ministerio Público, ya que las diligencias intrusivas encargadas durante la investigación, eran precisamente resueltas por la magistrado quien mantenía una estrecha relación de parentesco con el imputado.

Pinchados

Para interceptar el teléfono del “Matanga”, la perseguidora solicitó la diligencia a otro magistrado (Mario Devaud Ojeda, recientemente inhabilitado de la causa), para evitar la filtración y solicitó que la tramitación fuera secreta.

De poco sirvió, ya que a fines del mismo mes Urbina ingresó al sistema informático del Poder Judicial y revisó el expediente judicial, donde estaban las medidas intrusivas que afectaban a su hijastro.

De acuerdo a los antecedentes de la fiscalía, los datos fueron transmitidos a su pareja. Por esta razón, a principios de febrero de 2021, este último se reunió con el “Matanga” en una estación de servicio y le contó que su celular estaba “pinchado”.

Este hecho derivó en que el el narco-hijastro se deshiciera del aparato, revelara lo propio a sus cómplices y que la PDI perdiera una importante fuente de información.

“Por eso no lo detenían nunca”

En ambas querellas aparecen los testimonios de dos compañeros de delitos del “Matanga”.

El primero corresponde a Diego Araneda Guenel quien el 16 de abril
de 2021 declaró:

“Cáceres (el “Matanga”) siempre contaba que lo andaban buscando y le llegaba la información porque su madrastra era jueza. Nunca me dijo cuál era el nombre de la jueza ni tampoco el nombre de su papá (…) Decía que le daban información a su madrastra, la jueza. No me dijo quién era la persona que le daba la información, y la jueza se lo contaba al papá de Cáceres, que es su pareja, y el papá de Cáceres le avisaba y por eso no lo detenían nunca”.

El segundo en declarar fue Alexis Barría Villegas. Lo hizo el 15 de junio de este año:

“En casa de su madrastra, que tengo entendido es jueza, en un computador había leído que había un seguimiento. Me dijo que él se había metido al computador”.

Para acreditar que la magistrada filtraba información secreta, la fiscalía solicitó al tribunal de garantía de Coyhaique la interceptación de su teléfono móvil, como también del marido.

En la escucha de la policía civil, fue captada una conversación que Urbina sostuvo con una funcionaria judicial, en la que se da cuenta de que efectivamente Urbina husmeaba en el sistema del Poder Judicial.

En el audio, también reconoció que aún cuando el expediente digital era secreto, a su juicio ese hecho no aplicaba para los funcionarios de la judicatura: “(…) Aunque yo me hubiese inhabilitado, igual uno puede seguir mirando las causas”.

Nuevas declaraciones

Así las cosas, el CDE -a través de esta querella- solicitó al Ministerio Público nuevas diligencias.

Entre ellas, requirió que se instruya a la PDI tomar declaración a funcionarios del Juzgado de Garantía de Coyhaique que aparecen en varias de las escuchas obtenidas durante la investigación.

Lo propio pidió respecto de la fiscal del caso, María Inés Núñez.

La querella se presenta justo un día antes de la formalización en contra de Urbina, la que está programada precisamente para este martes por los delitos de prevaricación y revelación de secreto.

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