Luego de que a José Tralcal, condenado por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, se le otorgara el beneficio de libertad condicional, Jorge Andrés, hijo de la pareja, se refirió a la decisión de la justicia en entrevista con BioBioChile.
Apuntando a la impunidad, a un abandono hacia las víctimas y a la falta de soluciones a largo plazo, enfatiza en que esto sienta el camino para futuros casos similares. “Los violentos están siendo premiados”, advierte.
De igual forma deslizó irregularidades detectadas en la entrega de estos beneficios, como la duplicación de una abonanza de días tras las rejas, de una causa a otra. Con todo, sostiene que le “entran suspicacias”.
Para él, “el Estado nunca ha estado de acuerdo en darle una solución definitiva al conflicto”. De cara al 2023, espera que “los tres poderes del Estado debieran estar de acuerdo en proponer acciones definitivas y de largo plazo”.
“El apoyo del Estado es sólo para los imputados”
-¿Qué opina del beneficio de libertad condicional entregado recientemente a José Tralcal?
Estas libertades condicionales se han estado realizando permanentemente durante años con la representación que tienen los abogados de los imputados. Esto no es nuevo, esto es lo último que está saliendo. Nosotros nos hemos opuesto permanentemente a los beneficios carcelarios, porque algunos de esos casos han sido incluso irregulares. Por lo tanto, lo que uno esperaba -como víctima- es que las sentencias se cumplan. Y cuando se dicen 18 años, en teoría, deberían ser 18 años, pero lamentablemente en el sistema chileno -lo garantista que es el sistema- permite que estas personas, en el peor de los casos, cumplan su condena al cumplir la mitad de la sentencia.
-¿Qué sensación les deja como familia?
En cierto grado queda en la impunidad. Pero más que eso, porque uno va viendo en el transcurso del tiempo cómo se van dando estas cosas: es que las víctimas siguen estando desamparadas. No solamente en este delito, en cualquier otro delito y en el caso más complicado es cuando son graves, como lo que le ocurrió a nuestros padres. Eso significa que el apoyo del Estado es todo para los imputados y las víctimas tienen que arreglárselas por sí solas. Quiero hacer el alcance de que, hasta este momento, ni siquiera la fiscalía ni el querellante del Gobierno están participando de estas acciones legales. Es impresionante que nosotros somos los que pasamos a ser los malos de la película, porque somos los únicos que ya en las últimas instancias estamos alegando en contra de los beneficios carcelarios. Entonces, yo creo, que el sistema debe realizarse en su conjunto. No solamente por la palabra de las puertas giratorias, sino que vamos a lo concreto, y este es uno de los casos concretos que estamos viendo.
-¿Buscarán apelar de alguna forma a esta decisión?
Sí. Estamos viendo la apelación a la Corte Suprema, que es lo que queda, para revertir la medida, porque además encontramos que fue irregular. Yo este lunes estaba hablando con el abogado y me decía que ciertos antecedentes (daban cuenta) de lo mal que funciona el sistema judicial, porque hace un par de meses nomás se había juntado el consejo que ve estas libertades y le habían denegado la libertad bajo fianza y acto seguido, por un recurso de amparo, se anula esa resolución y la persona sale en libertad. Eso no es razonable. Significa que además los próximos que vienen podrían optar a lo mismo. Me acabo de enterar de que Celestino Córdova está tratando de optar por lo mismo. Entonces, como decía, el sistema legal hace que, en la práctica, las sentencias no se cumplan.
N. de la R.: Posterior a la realización de esta entrevista, se confirmó que el Ministerio del Interior, a través de la División Jurídica, apelará –al igual que la familia Luchsinger– ante la Corte Suprema la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco.
“A uno le entran suspicacias”
-Usted comentó que solicitaron al Consejo para la Transparencia el detalle de los antecedentes de Gendarmería para otorgar estos beneficios carcelarios, pero que pese a que se falló a favor, el Consejo de Defensa de Estado interpuso una acción para impedir que se les entregara esta información. ¿Han recibido algún comentario de la institución respecto a esto? ¿O fue una acción silenciosa?
Uno se va informando a través de los abogados, porque le tienen que llegar copias. Esto se genera producto de que nosotros queríamos saber cuáles eran los primeros antecedentes de los primeros beneficios carcelarios que se le estaban otorgando a los imputados y detectamos, a través de nuestro abogado y por reuniones o acciones legales que estábamos ejerciendo, que aquí habían cosas irregulares.
Se descubrió que a los condenados se les estaba abonando prisiones preventivas y arrestos domiciliarios que habían tenido por otras causas, a la causa nuestra. Eso ya es extraño, pero como en Chile hay jurisprudencia, los abogados defensores encontraron una causa menor en la que se había hecho, por lo tanto, la Corte de Apelaciones -por la igualdad ante la ley- consideró que era razonable entregarle ese beneficio. El problema es que no se le entregó una sola vez el abono, sino que se le entregó duplicado, y ese abono se le tuvo que corregir producto de las acciones nuestras. Entonces, como decía, por estas cosas a uno le entran suspicacias, sospechas por cómo se dan estas cosas irregularmente dentro del sistema.
-Entonces…
El abogado solicitó la información para nosotros estar tranquilos con que los antecedentes que tuvo a la vista Gendarmería para otorgar estos beneficios, eran correctos. Pero, por lo que recuerdo, el tribunal de garantía negó el acceso a la información, por lo que en última instancia recurrimos al Consejo para la Transparencia, que después de muchos meses que iniciamos las acciones y se acogió a trámite, entregó la sentencia de que estos informes tenían que entregarse.
Lamentablemente, nos enteramos hace poco tiempo atrás que el Consejo de Defensa para el Estado impidió que se nos entregara esta información, entre otros, argumentando que hay antecedentes que podrían vulnerar los derechos de los victimarios. Lo extraño, es que en el recurso de amparo que permitió la libertad condicional, se usan los mismos antecedentes psicológicos, reservados, para su beneficio, pero nosotros no podemos acceder a ellos. Entonces es algo muy oscuro lo que está ocurriendo con estos temas.
Nosotros pasamos a ser los malos de la película porque estamos pidiendo antecedentes, nos estamos oponiendo y somos los únicos. Se supone que el Estado no solamente debiera defender a los imputados o condenados en sus derechos, sino que también a las víctimas, pero las víctimas estamos solas. Estamos haciendo las acciones legales solos, la fiscalía no aparece y el otro querellante, que en su entonces fue la Intendencia, ahora delegación presidencial, tampoco aparece en los alegatos.
N. de la R.: Posterior a la realización de esta entrevista, se informó que el Ministerio del Interior, a través de la División Jurídica, sí participará de la apelación.
-¿Por qué cree que hay reticencia a entregar la información?
Antes de indicar las sospechas que hay, creo que tenemos razones fundadas para dudar de las decisiones que se tomaron producto de eventualmente antecedentes que no nos constan que hay, porque cada vez que los hemos pedido se nos han negado, argumentando el derecho de los asesinos de resguardar su información privada. Pero, como decía, esta misma información privada es usada para argumentar o como antecedente para lograr un recurso favorable de amparo para que se le otorgue la libertad condicional. Entonces, volviendo a la pregunta, uno dice “tengo razones fundadas para pedir los antecedentes” y cuando se me niegan aún más sospechas me dan.
“Se ha logrado muy poco”
-¿Cree que el trato a las víctimas de este tipo de violencia en la Macrozona Sur ha mejorado, respecto a 2013?
Creo que ha habido algunas cuñas, pero quedan ahí nomas. En el caso penal vemos que el 99% de las causas quedan sin esclarecerse y desde el punto de vista civil, la verdad es que han habido pocos casos en que el Estado, a través de los tribunales, ha reconocido su deficiencia o su responsabilidad en estos actos. En el caso nuestro, nosotros hemos logrado acreditar que teníamos razón en nuestra demanda y ganamos un juicio civil, pero en la mayoría de los casos no es así, el Estado no reconoce sus falencias. Es más, en el último caso que yo vi -un pariente cercano que ha tenido muchos ataques incendiarios, pérdidas en cientos de millones- la indemnización que ha otorgado el Estado es ridícula. Entonces, desde ese punto de vista, a través de los tribunales, se ha logrado muy poco.
Lo que sí se está haciendo, y creo que es loable, es que el Gobierno Regional sí ha hecho aportes en dinero a víctimas, para que puedan ser capaces de reiniciar sus labores y emprendimientos. En ese sentido, desde hace, no quiero atribuirlo solamente a este periodo, sino que viene desde hace tiempo, estos montos han ido incrementando producto de que también las víctimas han ido aumentando. Recordemos que estos hechos ocurren prácticamente todos los días.
-¿Ha visto algún cambio respecto al tema en la gestión del actual presidente, Gabriel Boric?
Yo lo único que entiendo es que hay un “Plan del Buen Vivir”, que no sé cómo se va a aplicar, ni cómo se va a implementar. Hasta ahora he visto que sí se han destinado fondos, pero la verdad es que son derivados a otras cosas. En particular no he visto que sean montos importantes para la cantidad de víctimas que hay y para que haya realmente una capacidad de las personas perjudicadas de reemprender en otras actividades.
“Los violentos están siendo premiados”
-¿El Estado abandonó su rol en el conflicto? De buscarle solución.
Creo que más que nada, el Estado, en sus tres poderes, nunca ha estado de acuerdo en darle una solución definitiva al conflicto. Hay muchas instancias o leyes del Estado que promueven la violencia, y los violentos son los que están siendo premiados. Entonces, en la medida que eso siga ocurriendo, más allá de las reparaciones que pueda dar el Estado, eso no resuelve el conflicto.
-A su juicio, ¿qué solución le ve al conflicto de las tierras con el pueblo mapuche?
Cuando cualquier persona sufre un desmedro, va a los tribunales y los tribunales determinan si hay algún grado de reparación y la reparación -ahora voy a este caso- puede ser de otras formas, no solamente con tierras. Si efectivamente, producto de acciones del Estado hace cientos de años atrás, personas sufrieron desmedro, hay mecanismos para reparar el daño causado. Ahora, lo que pasa es que en este país, porque no es la única parte del mundo donde ocurre esto, la única forma que se da como solución para reparar el daño causado es entregar tierras. No se buscan otras alternativas, como en otros países. Por ejemplo, Australia, donde si bien es cierto hay una parte que es restitución de tierras o entrega de tierras, también hay otras formas y las personas quieren otras formas de reparación, no solamente tierras. Eso es uno de los ejemplos.
-Mirando al 2023, desde su punto de vista, ¿cuál sería un cambio positivo en el trato a las víctimas y respecto al conflicto?
Yo esperaría, coincidiendo con lo que hablaba antes, que dejara de promoverse la violencia para lograr los objetivos que acá se están buscando. El Estado permanentemente ha accedido a las presiones de ciertos grupos y a las acciones violentas para solucionar el problema del Gobierno de turno. (Pero) Esto no es un problema del Gobierno de turno, es un problema mucho más largo y este Gobierno y lo que debieron hacer los anteriores, es dar una solución definitiva de largo plazo, y eso pasa por modificaciones de leyes y también por la adecuada aplicación de éstas. O sea, los tres poderes del Estado debieran estar de acuerdo en proponer acciones definitivas y de largo plazo.
