$6 mil millones en el aire: justicia niega retención de dinero por megafraude de facturas en GORE RM

La justicia negó una solicitud para retener dinero de las cuentas de Gopa Soluciones SpA y su representante legal, Arnaldo Alarcón. El empresario y su firma son investigados por haber usado $6.547 millones en facturas falsas del Gobierno Regional Metropolitano para obtener financiamiento de firmas de factoring.

La petición fue realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el lunes pasado. El organismo se querelló en julio, luego de que en marzo el GORE RM destapara el caso y presentara su propia acción legal.

Según han denunciado, Gopa Soluciones SpA —que prestaba servicios de construcción a entidades públicas— emitió documentos tributarios falsos, que no estaban asociados a ningún proyecto. A pesar de que el GORE no los pagó, sí los aceptó, lo que permitió que fueran factorizados y se estafara a dos compañías financieras.

En su escrito, el SII argumentó que Gopa y Alarcón participaron en calidad de autores de delitos tributarios reiterados, ya que ocurrieron en más de un período contributivo.

“La naturaleza reiterada y el cuantioso monto involucrado en la emisión de facturas ideológicamente falsas constituyen un riesgo inminente de que el querellado proceda a ocultar o distraer los fondos para eludir el pago de la sanción pecuniaria, lo que hace imperativa la retención inmediata de los activos financieros”, manifestó la institución.

No hay retención sin formalización

Con esos argumentos, el Servicio pidió la “medida precautoria de retención de bienes muebles o dineros”. En particular, mencionó dos cuentas, una de Alarcón y otra de su compañía, en el Banco Falabella. De acuerdo al SII, las identificaciones de los fondos las entregó el querellado en declaraciones juradas.

Sin embargo, el magistrado Ponciano Sallés negó de plano la solicitud, debido a que la indagatoria no ha sido formalizada por la fiscalía. En su análisis, el legista arguyó que es necesario que la formalización establezca un núcleo fáctico —los hechos— para después, en relación a él, determinar si se cumplen los presupuestos de las medidas cautelares.

“En definitiva, la imputación de hechos penalmente relevantes por parte del Ministerio Público constituye un presupuesto básico de cualquier afectación de derechos en el proceso penal”, sostuvo.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha pedido audiencia para comunicar cargos. La indagatoria la lleva la persecutora Tania Sánchez, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en colaboración con un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI), y se encuentra con diligencias en curso, entre ellas, las que solicitaron los querellantes.

Cuentas vacías

El Servicio de Impuestos Internos y el GORE Metropolitano no son los únicos a la caza de Gopa Soluciones. También el factoring Xepelin se querelló en la misma causa, después de que el Gobierno Regional le informara que no pagaría facturas por $2.100 millones.

Xepelin además demandó civilmente a Alarcón y Gopa por esa suma. En aquella arista el factoring ha pedido embargar dinero desde 10 cuentas, sin que hasta el momento se haya podido encontrar un solo peso.

Mientras, Boreal Servicios Financieros presentó dos demandas contra el GORE Metropolitano, exigiendo el pago de tres facturas, por un total de $291 millones.

El GORE, representado por el abogado Marcelo Segura, ya opuso excepciones, pidiendo la impugnación de los procesos por ser las facturas ideológicamente falsas.

Así, explicó que dos facturas, de febrero y marzo de este año, por $95 millones y $119 millones, tenían como descripción obras de un supuesto ‘Salón Bulnes’. “El GORE jamás ha contratado una obra relativa a un salón Bulnes”, afirma el escrito.

En tanto, la tercera factura, también de febrero de este año, mencionaba un “Estado de Pago Nº3 Cesfam Urzúa”, que tampoco correspondía a ningún proyecto del GORE.

Hasta el momento, Boreal no ha contestado a las alegaciones del GORE. Desde el SII informaron que no apelarán a la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía y manifestaron que seguirán trabajando coordinadamente con el Ministerio Público para lograr la formalización de los delitos consignados en la querella y así, en esa oportunidad, solicitar las medidas cautelares pertinentes.