La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite una querella interpuesta contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera, por la atención de su madre en el Hospital del Salvador.
El abogado Raimundo Palamara había presentado la acción penal en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana a inicios de enero. En ella, exponía que la rápida atención de la madre de la ministra —que fue operada a las diez horas de ser admitida— constituía un privilegio en desmedro de los demás pacientes.
Así, argumentaba que de los antecedentes conocidos se desprendía que se habían alterado listas de espera quirúrgicas, postergado cirugías previamente programadas y omitido o acelerado trámites administrativos y clínicos, sin que existiera “constancia pública clara de una condición clínica excepcional”.
En consecuencia, acusaba la posible configuración de los delitos de abuso contra particulares y abuso de funciones, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, fraude al fisco, negación arbitraria de prestaciones públicas y omisión de denuncia.
Boric entre los querellados
En primera instancia, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago había rechazado tramitar el libelo. El tribunal fundó su decisión en que para interponer una querella contra funcionarios por delitos contra la probidad pública se requiere estar domiciliado en la provincia en que ocurrieron los hechos. De acuerdo con su certificado de directorio, la Fundación Fuerza Ciudadana cuenta con domicilio en Viña del Mar.
Sin embargo, este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión. En su análisis, el tribunal de alzada consideró que el querellante había presentado un contrato de comodato por un inmueble ubicado en Santiago, con lo que se cumplían los requisitos de legitimación activa.
Tras ello, el Octavo Juzgado de Garantía ordenó remitir la querella al Ministerio Público. Además, solicitó al querellante ratificar su patrocinio.
Aparte de la ministra Aguilera, entre los querellados figuran autoridades directivas y funcionarios del Hospital del Salvador, autoridades del Ministerio de Salud y el expresidente Gabriel Boric —este último por la posible omisión de denuncia—.
Informe de Contraloría
La querella fue interpuesta antes de que se conocieran las conclusiones de un informe reservado de Contraloría, reveladas por la Unidad de Investigación de Bío Bío.
De acuerdo con la indagatoria del ente contralor, durante la mañana del 23 de diciembre el jefe de asesores de la ministra, Manuel Nájera de Ferrari, se comunicó “a través de diferentes medios” con los directores del Hospital del Salvador, para informarles que la madre de la ministra llegaría a ese recinto y cuál era su estado.
Según Contraloría, hubo pacientes en similares condiciones a la madre de la ministra que tuvieron que esperar casi 41 horas, e incluso otras personas llevaban 123 horas esperando una cama básica.
El órgano concluyó que no existían antecedentes que justificaran la atención preferente de esa paciente e instruyó la apertura de un sumario administrativo.
Después de conocido el informe, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. En tanto, parlamentarios del Partido Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional contra la exministra Aguilera.