El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Héctor Caro Molina, se inhabilitó para conocer sobre los antecedentes e intervenir en la causa que se substancia en ese tribunal por delitos de corrupción entre abogados y ministros de la Corte Suprema, en el marco del denominado caso Muñeca Bielorrusa.
Al tratarse de un proceso que, precisamente, pone sobre el tapete los vínculos e influencias entre jueces, partes y/o sus abogados, parece existir especial cuidado de parte de los sentenciadores. En ese contexto, este lunes el magistrado dejó constancia de que lo afectaba una de las causales de inhabilidad para conocer e intervenir en la causa.
En concreto, de acuerdo con antecedentes recopilados por BBCL Investiga, el sentenciador apuntó al artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, específicamente al número 4, que versa que es causa de implicancia “ser el juez ascendiente o descendiente, o padre o hijo adoptivo del abogado de alguna de las partes”.
En este caso, según el mismo juez explicitó, su relación con una de las partes se da a través de su hijo, Andrés Caro Contreras, quien “cumple funciones en el estudio jurídico del abogado señor Sergio Contreras Paredes”, abogado de Mario Vargas Cociña.
Trama bielorrusa
Vargas Cociña, conocido en su minuto por defender a imputados por delitos sexuales de alta connotación pública, como el sacerdote John O’Reilly y el director de TV Herval Abreu, actualmente está en prisión preventiva tras ser formalizado como autor de los delitos de lavado de activos y soborno reiterado
Misma condición mantiene su colega en el estudio jurídico, el exdiputado Eduardo Lagos Herrera, a quien se le imputan idénticos delitos. Ambos, junto al también excongresista Gabriel Silber Romo y a la hermana del exfiscal Guerra, María Guerra Fuenzalida, dan vida el estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber que representó los intereses del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) en la pugna legal ante Codelco.
También como imputado en la causa figura Víctor Migueles Oteíza, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y quien —de acuerdo con la investigación— habría hecho gestiones y fallado a favor de la firma chilena-bielorrusa a cambio del pago de coimas acordadas entre su conviviente y los juristas.
Confirman prisión preventiva
En total, gracias a tres fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema, la cuprífera estatal chilena se vio obligada a desembolsar más de $17 mil millones en favor de Belaz-Movitec.
A la espera de la posibilidad de que se sumen nuevos imputados a la trama bielorrusa, como la propia exministra Vivanco y el todavía supremo, Diego Simpértigue y Gabriel Silber, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes mantener en prisión preventiva a Lagos, Vargas y Migueles.
Esto, luego de rechazar los recursos interpuestos por las defensas argumentando que “existen antecedentes fundados para sostener que, en la comisión de los ilícitos, los coacusados utilizaron una red de contactos en beneficio de sus propios intereses con la consiguiente afectación de los bienes jurídico-penales en juego”.