El Congreso aprobó la ley que reforma por completo el sistema notarial y registral del país. Entre los cambios más significativos, se fija un límite de edad para ejercer como notario, conservador y archivero: 75 años. A partir de su publicación, quienes superen ese umbral tendrán un año para abandonar el cargo. Pero no todos están dispuestos a irse en silencio.
Medio centenar de notarios y conservadores —apodados en los pasillos judiciales como “Los Inmortales”— presentaron un informe en derecho ante el Tribunal Constitucional (TC) con un objetivo claro: impedir la entrada en vigor de esa norma que los saca de funciones tras décadas de inamovilidad. Sostienen que se trata de una medida discriminatoria, carente de justificación racional y contraria a derechos adquiridos.
El documento fue firmado por el abogado constitucionalista Patricio Zapata Larraín, quien argumenta que los artículos 3° y 2º transitorio de la nueva ley son inconstitucionales y deben ser excluidos del texto final. En su diagnóstico, la reforma incurre en “edadismo” al expulsar a funcionarios por el solo hecho de haber cumplido una edad determinada.
“Toda modernización debe respetar los derechos de las personas”, se lee en el primer capítulo del escrito. “La salida perentoria e indefectible a los 75 años suma el vicio gravísimo de lesionar, además, la autonomía e independencia que requieren estos cargos para funcionar correctamente”, añade el texto.
El fin de la era vitalicia
La reforma —que culminó su tramitación legislativa el 1 de julio de 2025— pone fin a un régimen que durante décadas permitió que los cargos de notario y conservador fueran prácticamente de por vida. Desde 1995, los mayores de 75 años estaban eximidos del límite de edad que impuso la ley 19.390, pero esa excepción fue eliminada en la nueva normativa. Ahora, el artículo 495 bis del Código Orgánico de Tribunales se aplicará sin excepciones.
Hasta la fecha, 96 funcionarios en el país siguen ejerciendo pese a tener más de 75 años. Algunos superan los 80, otros incluso los 90 y algunos se acercan a los 100. Varios de ellos forman parte del grupo que firmó el requerimiento ante el TC.
Edadismo” y derechos adquiridos
En el corazón de la impugnación está la idea de que el legislador no puede suponer incapacidad por el solo hecho del envejecimiento. Zapata recuerda que el jurista Alejandro Silva Bascuñán impartía clases y ejercía cargos públicos con lucidez hasta bien entrados los 80.
El informe destaca además que en 1995, cuando se estableció por ley la edad límite de 75 años, se excluyó expresamente a quienes ya ejercían el cargo, reconociendo así un derecho adquirido. La nueva ley, en cambio, deroga esa salvedad.
“Aplicar ahora esa causal de cese a quienes fueron nombrados bajo otra regla vulnera la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima”, señala el texto.
Los firmantes sostienen que la medida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, la garantía de inamovilidad de los auxiliares de la administración de justicia y la protección contra la discriminación arbitraria por edad.
El punto ciego del Congreso
Uno de los argumentos más sensibles de la ofensiva judicial es que la Cámara de Diputados no incluyó los artículos 3° ni 2º transitorio en el listado de disposiciones sujetas a control obligatorio ante el TC. Para los recurrentes, esa omisión es grave.
Piden que el Tribunal, de oficio, someta dichos artículos a revisión por tratarse de materias de rango orgánico constitucional.
“La ley afecta elementos esenciales del estatuto jurídico de los notarios y conservadores”, afirma el informe. “Y lo hace sin el debate constitucional necesario. El TC tiene la responsabilidad de reparar esa omisión”.
Más que timbres y firmas
El alegato de los conservadores y notarios no se limita a la defensa de sus cargos. Alegan que su función institucional exige independencia, criterio, responsabilidad y garantías frente al poder político y económico.
Zapata recuerda el caso del conservador Jorge León Zenteno, asesinado con gas sarín por agentes de la DINA en 1976 por negarse a inscribir títulos fraudulentos. Ese crimen, documentado en un proceso penal aún abierto, es usado como ejemplo extremo de lo que puede ocurrir cuando se presiona la independencia registral.
“No se puede desmantelar un régimen institucional bajo la lógica del rendimiento, la eficiencia y la jubilación compulsiva”, sostiene el informe. “La fe pública no se terceriza. Tampoco se calcula por cronómetro biológico”.
¿Por qué dejarlos fuera?
Uno de los puntos más controvertidos es el poder acumulado por algunos de estos “inmortales”. En ciertos casos, han sido vinculados a redes políticas y familiares del mundo judicial. De hecho, las listas son largas en que aparecen hijos, sobrinos, compadres, amigos e incluso amantes, de altos funcionarios de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
Por ejemplo, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado (80), ha estado en la mira muchas veces por contrataciones o incluso, como ocurrió en el último tiempo, la aparición de denuncias públicas —como la ocurrida con el sindicato y su oficio en el caso Sierra Bella o la polémica en torno a la venta de la casa de Salvador Allende, que actualmente están bajo la mirada de la fiscalía— finalmente nada ha sucedido desde la Corte de Apelaciones de Santiago y sigue perfecto en su cargo con sueldo multimillonario.
También se ha advertido sobre la figura de los llamados “oficiales primeros”, subordinados que, ante la avanzada edad del titular, terminan gobernando las oficinas y ejerciendo la firma. Para expertos, este fenómeno presenta serios riesgos jurídicos en materias registrales, incluso cuando los hijos de los notarios, conservadores o archiveros, terminan mandando el destino de un organismo auxiliar de justicia que debería tener un proceder 100% técnico.
Estas prácticas no son menores, sobre todo en un momento en que se han revelado irregularidades en notarías que escalaron a escándalos públicos y ahora deben ser abordados por las cortes.
Lo que viene
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse en los próximos días. Si acoge el requerimiento, podría invalidar parcialmente la norma. Si no, la ley será promulgada tal como fue despachada por el Congreso y comenzará a regir tras su publicación en el Diario Oficial.