El viernes 11 de julio Daniel Jadue (PC) y otros ex funcionarios municipales fueron condenados a reintegrar más de 56 millones de pesos a la Municipalidad de Recoleta, por concepto de pago atrasado de cotizaciones previsionales.

El fallo provino desde la Corte Suprema, la cual confirmó las sentencias anteriores que habían condenado a Jadue y los ex jefes de los departamentos de Educación, Control y Administración y Finanzas por su responsabilidad en el atraso de pagos provisionales y el costo que esto significó al municipio por las multas e intereses aplicadas desde las AFP, Isapres y el Instituto de Previsión Social (ISP), ascendientes a 818 UTM.

Las multas responden al pago extemporáneo respecto a cuatro funcionarios durante 2015 y 2016, irregularidad que fue levantada por medio de la Contraloría a través de un informe de investigación especial. Posterior a este, se inició un juicio de cuentas en el que los acusados defendieron los atrasos en los pagos por problemas administrativos, como retrasos desde las transferencias del Ministerio de Educación a la Municipalidad y pérdida de ingresos por baja asistencia. Sin embargo, los tribunales indicaron que el municipio debió haber adoptado medidas previas para contingencias y afirmó que hay responsabilidad civil por la “descuidada administración del presupuesto municipal”.

Hasta la Suprema

La decisión de la multa interpuesta a Jadue y a los ex directores de departamento llegó hasta la última instancia, quejándose los acusados de que no se respetó el debido proceso en el juicio que los condenó. Específicamente, en el recurso de queja iniciado el pasado 6 de diciembre, se indica que nunca se hizo un verdadero examen de cuentas –requisito para el juicio– sino que solo una auditoría, y sin esta revisión, el inicio mismo del juicio no sería válido. Además alegaron que la notificación por el mal uso de fondos no se hizo dentro del plazo legal establecido.

Por ello, solicitaron a la Corte Suprema que se reconociera que se violaron los principios del debido proceso, y que por lo tanto, se dejara sin efecto la obligación de pagar los millones.

Sin embargo, el Máximo Tribunal rechazó el recurso de queja, no por desestimarse los argumentos vertidos en este, sino que porque fue presentado posterior al vencimiento del plazo que tenían para hacerlo. Con la decisión final tomada, los condenados tendrán que reintegrar las 818,08 UTM a la Municipalidad de Recoleta.