El Ministerio Público presentó acusación fiscal en contra de Hansel Silva Vásquez en uno de los tres procesos penales abiertos al gestor cultural, quien figura como imputado por haber realizado maniobras tributarias —valiéndose de facturas falsas y empresas fantasma— que provocaron un millonario perjuicio fiscal.
De acuerdo con antecedentes recopilados por BBCL Investiga, en esta causa el ente persecutor lo acusa de haber vendido, entre enero y julio de 2014, un total de 15 facturas falsas que a noviembre de 2019 habían provocado un perjuicio para el fisco calculado en $146 millones.
Hansel no actuaba solo. Según se desprende del libelo, al menos en este caso el periodista de profesión contó con la ayuda de Cristian Ramos Carrasco, quien también figura como imputado y acusado en el proceso.
Modus operandi
En efecto, se lee en el escrito de 12 páginas tenido a la vista por este medio, ambos se organizaron para la comercialización de los documentos tributarios a Juan Soto Hernández. Las facturas en cuestión “daban cuenta de operaciones comerciales inexistentes o ficticias”.
De esta forma Soto Hernández incorporó a la contabilidad de la sociedad que representaba legalmente (Servicios Forestales y de Construcción Ltda.) las facturas falsas, lo que le permitió aumentar indebidamente su crédito fiscal y, en consecuencia, pagar menos impuestos de los que correspondía.
Esto por un lado provocó un daño al patrimonio fiscal de $61,4 millones, mientras que el perjuicio de otros $84,9 millones se concretó con la declaración que la empresa representada por Soto Hernández hizo al incluir como gasto de la empresa las 15 facturas fraudulentas, rebajando la base imponible.
En su acusación, el fiscal adjunto de Concepción, Guillermo Henríquez Gilberto, planteó que las facturas las llenaban con datos falsos y se entregaban a cambio de un pago equivalente al 50% del IVA, porcentaje que quedaba como ganancia para Silva Vásquez y Ramos Carrasco.
Fijan audiencia
En este proceso penal, porque hay otros en curso, se comprobó que para cometer el ilícito tributario Hansel Silva y compañía utilizaron dos sociedades en las que el periodista fue socio y representante legal: Constructora y Servicios Forestales Principal Limitada y Construcciones y Servicios Bocanorte Limitada.
La primera, según el Ministerio Público, la usaron para vender 13 de las facturas, mientras las otras dos fueron emitidas por la segunda empresa.
De acuerdo con antecedentes revisados por este medio, algunas facturas fueron emitidas por $44,8 millones, haciéndolas pasar por “servicio de arriendo de maquinarias y equipos para obra mes de marzo, primera quincena, según contrato”.
Un viejo conocido
Esta, sin embargo, no es la principal causa que enfrenta Silva ante los tribunales penquistas. Tal como reveló este medio en febrero de 2022, el Servicio de Impuestos Internos (SII) lo tiene también bajo la mira por un perjuicio fiscal que se estima bordea el millón de dólares.
Para ello, según el libelo del organismo, montó un elaborado entramado que permitió vender facturas falsas de distintas sociedades que figuraban a su nombre. La maquinaria, sostiene la institución, incluía la utilización de testaferros y sociedades fantasmas.
Fue la falta de capital humano y material de las firmas la que levantó las alertas en el SII.
El Barón del Aljibe
Pero no es lo único. Silva también aparece vinculado al caso del empresario Germán Eduardo Faúndez Fuentes. El Barón del Aljibe alcanzó notoriedad luego de que se alzara como el único oferente contratado para la distribución de agua potable en el Bío Bío. En total, en ocho años, facturó al Estado 28 mil millones de pesos. Sin embargo, se descubrió que causó un perjuicio fiscal que podría empinarse por sobre los 1.200 millones de pesos. ¿La razón? El uso de facturas falsas para descontar impuestos.
Expedientes tenidos a la vista por BBCL Investiga, señalan que Silva emitió al menos seis facturas a Faúndez, catalogadas como falsas por el SII. Todos los documentos tributarios fueron creados en 2015 por más de $131 millones, permitiéndole al empresario aumentar su crédito fiscal IVA en unos $20 millones.
De manera paralela a sus procesos judiciales, Hansel Silva Vásquez ha continuado recibiendo, a través de la Corporación Aldea Rural, millonarios traspasaos de dinero desde instituciones estatales y privadas, entre ellas el Ministerio de las Culturas y las Artes durante distintos gobiernos.
Cinco años de cárcel
De este modo, el Juzgado de Garantía de Concepción fijó para el 20 de mayo a las 09:00 horas la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que ambos imputados deberán comparecer presencialmente.
En caso contrario, el tribunal advirtió podrían “ser conducidos a la audiencia por medio de la fuerza pública, vale decir, con orden de detención”, si fuese necesario.
La fiscalía pide para los imputados Hansel Silva y Cristian Ramos una pena de 5 años de presidio menoren su grado máximo, además de una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales, un monto equivalente a apenas a $2,7 millones mensuales al día de hoy.
“Una caricatura”
Consultado por este medio, Hansel Silva Vásquez aseguró que ve “como una oportunidad para terminar este tema”, el hecho que el Ministerio Público haya decidido llevarlo a juicio. Además, aseguró que “dese el día uno” ha colaborado y ha dicho que irá a juicio.
Además, destacó que otro de los imputados en la causa, Juan Soto Hernández, “no pudo o no quiso aguantar la presión ya que está en otros líos por madera robada”, lo que motivó que aceptara ir a un procedimiento abreviado que incluyó un pago de $300 millones. Esto último, a criterio de Silva Vásquez, se traduce en que “el patrimonio del fisco no ha sido dañado”.
En esa línea, el gestor cultural negó haberse dedicado a la venta de facturas falsas, cargando en contra de tres funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que —a su modo de ver las cosas— han estado esparciendo “una caricatura”.
Por último, aseguró que todos los servicios descritos en las facturas se prestaron efectivamente y que así se demostrará en el juicio.
Lea la respuesta completa del acusado:
La Fiscalía presentó acusación en contra suyo, imputándole la venta de 15 facturas falsas, entre enero y julio de 2014, que provocaron un perjuicio fiscal (calculado a noviembre de 2019) de $146 millones. Se señala en la acusación que se cobraba por factura el equivalente a un 50% del valor del IVA declarado en el documento.
-¿Cómo responde a esa acusación?
Lo veo como una oportunidad para terminar este tema. Desde el día uno he colaborado y he dicho que iré a juicio. Y lo importante no es lo que diga yo, sino lo que ya estableció la justicia en el año 2018 y 2019 luego de esta misma acusación: me absolvió. Por otro lado Juan Soto, otro imputado, empresario de Curanilahue, no pudo o no quiso aguantar la presión ya que esta en otros líos por madera robado, algo que
Radio Bío Bío informó el 2021 y llego a juicio abreviado que incluyó el pago de 300 millones por multas. Por tanto el patrimonio del fisco no ha sido dañado. Así mismo (sic) la defensa de Cristian Ramos, el tercer imputado, pedirá el sobreseimiento de la causa por prescripción, que como usted mismo ha notado, son posibles delitos del año 2014, ósea (sic) hace mas de 10 años.
-¿Se dedicaba usted a la venta de facturas falsas?
Para nada. Es una caricatura esparcida por Jorge Lara, Paulina Pradrenas y Mauricio Illanes funcionarios de SII, que tuvo su clímax cuando filtraron una carpeta administrativa a la prensa y que derivo en un reportaje de ustedes mismos el año 2022. No existen testaferros, no existe club de facturas falsas. Estoy seguro que el abuso de poder de los funcionarios del SII será sancionado y al final deberán renunciar. Están imputados por esa filtración, pero se esconden y se niegan a declarar.
-¿Los servicios descritos en las facturas efectivamente se prestaron?
Si y una vez más no lo digo yo. Lo dice los informes de la PDI y el mismo SII: la empresa Los Claustros Limitada sigue facturando y si hubiera algún tema el mismo Servicio ya la hubiera bloqueado. Este juicio será extenso: el Ministerio Público y las Defensas han presentado más de 100 testigos para acreditar que los trabajos se efectuaron y el SII solo tienes dichos y una animadversion (sic) personal que los lleva a abusar de su poder administrativo.
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