¿Están cumpliendo las normas de transparencia las corporaciones municipales del país? Esta es una pregunta que el pasado 16 de enero se hizo la concejala de la Municipalidad de Providencia, Macarena Fernández (Convergencia Social), durante el desarrollo del concejo municipal y que se la hizo saber a la alcaldesa Evelyn Matthei. “Tengo una observación”, comenzó diciendo (vea video).
Y agregó: “Estuvimos haciendo revisiones y en la plataforma de transparencia de la Corporación de Desarrollo Social y los directores no aparecen como sujetos pasivos de lobby, ni tampoco salen sus declaraciones de Intereses y Patrimonio”. Se refería a Carlota Bravo, Susana Claro, Pedro García y César Gómez. Ante el comentario, la edil contestó: “Antes lo hacíamos”.
A la conversación se integró Sonia Moreno, secretaria general de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia (CDS). “Se hace todos los años la declaración de patrimonio de los directores (…) Y ahora incluso lo tienen que hacer las otras directoras también, que eso es nuevo. Todo eso es nuevo para subirlo a transparencia, porque la plataforma nuestra no tenía las cosas que tenía la municipalidad, pero ahora ya las tiene, las tenemos que cumplir desde ya”, dijo.
Desde la fecha de aquel concejo municipal hasta la publicación de este artículo han pasado 8 días. Y si no es porque Radio Bío Bío se contactó con la Municipalidad de Providencia para preguntar respecto a la denuncia de la concejala Fernández, la situación -quizás- seguiría igual. Esto porque los nombres de los directores fueron cargados antes de la publicación de este artículo a la plataforma de Ley de Lobby de la Corporación. ¿Coincidencia?
Contraloría manda
La ley 20.730, que regula el lobby, en su artículo 3º señala que “son sujetos pasivos los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los gobernadores regionales, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores”.
El artículo 4º, a continuación, agrega que también serán sujetos pasivos en la administración regional y comunal los “consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales y los secretarios municipales”.
A la legislación vigente, se suma la Contraloría General de la República (CGR) que también se ha pronunciado al respecto. En noviembre de 2021, dictaminó que “dado que los directores y secretarios ejecutivos -o quienes cumplan estas funciones- de las corporaciones municipales ejercen precisamente acciones decisorias relevantes, corresponde incorporar a tales personeros como sujetos pasivos de la ley N° 20.730”.
Es decir, durante el tiempo que la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia no informó a los directores en la plataforma de Ley de Lobby incumplió dicho dictamen. Radio Bío Bío pudo constatar la situación realizando una visita a la plataforma durante la mañana de este día miércoles 24 de enero (vea documento).
“Aquí estamos frente a un caso grave de no transparencia de lobby. Un grupo de cuatro personas, que deben tomar decisiones en torno a un presupuesto de más de 11 mil millones de pesos para 2024 en salud y educación en Providencia, no han registrado ninguna información vía lobby de sus reuniones, ni tampoco su estado de patrimonio. Esto en un organismo encabezado por la alcaldesa Matthei que es la Presidenta del directorio de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna”, dice la concejala Fernández.
Por su parte, Juan José Lyon, director Ejecutivo de América Transparente, señala que “la ciudadanía hoy en día exige mayor estándares de probidad y transparencia, y en ese sentido es bastante lamentable que la Corporación de Desarrollo de Providencia no se haya sumado a la ley de lobby después de dos años de un dictamen de Contraloría al respecto”.
Asimismo, apuntó que la “Contraloría no ha hecho un trabajo de perseguir a las corporaciones para que acaten el dictamen, pero uno esperaría una labor más proactiva de parte de la corporación de haberse incorporado a la ley de lobby después de, más encima, dos años que han pasado del dictamen”.
Providencia responde
Desde la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, consultados por Radio Bío Bío, explicaron que “tanto la Secretaria General de la CDS, como las respectivas directoras de Salud, Educación, Finanzas y Contraloría, ya se encuentran registradas en la plataforma de Ley de Lobby, como sujetos pasivos”. Es más, puntualizan que “la secretaria general, Dra. Sonia Moreno, se encuentra registrada en la plataforma desde el 04 de enero del 2023”.
Asimismo, detallaron que “la máxima autoridad de la CDS de Providencia, además, realizó su primera declaración de Intereses y Patrimonio el 30 de julio del 2021, siendo ésta actualizada el 9 de noviembre del 2023. Por su parte la Directora de Administración y Finanzas, Rebeca Favero, también está registrada desde el 04 de enero del 2023”. Todas, con un considerable tiempo posterior al dictamen de la CGR.
En tanto, continuaron, “las directoras de Salud, Tatiana Collao; educación, Ivana González; y contraloría, Marcela Contreras; se encuentran registradas en la plataforma desde el lunes 09 de enero del 2024. Y aunque no es obligatorio, las 4 directoras de la CDS subirán durante esta jornada su declaración de Intereses y Patrimonio al Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República”.
Sobre los integrantes del directorio, quienes fueron foco de la denuncia realizada por la concejal Fernández, señalaron que “ya fueron registrados en la plataforma de Ley de Lobby, desde el día de hoy”. Estos son Pedro García, Susana Claro, César Gómez y Carlota Bravo. Sobre la “declaración de Intereses y Patrimonio de estos Directores, esta información será subida entre hoy y mañana al Sistema correspondiente”.
Finalmente, expusieron que “la Corporación de Desarrollo Social de Providencia desea destacar que desde que asumió la alcaldesa Evelyn Matthei, los controles de transparencia y probidad han aumentado considerablemente, al punto que se creó una dirección de Contraloría, se detectaron irregularidades millonarias de la administración anterior, y anualmente son auditados por la empresa EY Chile”.
