Una nueva derrota laboral sufrió el Fisco de Chile de manos de un ex abogado de la División Jurídica del Ministerio del Interior. A Sergio Arévalo Waddington, ahora se suma su ex par de labores Hernán Valdebenito Castillo, a quien el Estado deberá pagar la suma de 40 millones de pesos.
El profesional, el pasado 20 de mayo, ingresó al Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco una demanda laboral de declaración de relación laboral y despido injustificado, tras ocho años desempeñándose en la División Jurídica. Tenía contrato hasta diciembre de 2022. Valdebenito tenía a su cargo importantes causas penales de la Macrozona Sur, como la del sargento Albornoz, cabo Eugenio Nain, Emilio Berkhoff, entre otras de importancia para el Estado.
En su acción legal, el jurista expuso que “toda su relación laboral lo fue bajo la figura de contrato de honorarios, aún cuando esta se efectuó bajo vínculo de dependencia y subordinación (…) toda vez que estaba sujeto a fiscalización superior inmediata, tenía obligación de informar, recibía beneficios propios de un trabajador al Código laboral”.
La desvinculación de Valdebenito se dio tras la llegada de Camila Barros como, en ese entonces, jefa de la División Jurídica de la cartera que dirige Izkia Siches. Una serie de errores no forzados, como la no corrección de un vicio formal en la acusación penal del caso “Operación Huracán”, le costaron la salida de la jefatura. Hoy su lugar lo ocupa Luppy Aguirre, ex abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Carlos Flores, ex coordinador del Área Judicial, también fue despedido.
La misma demanda sostiene que “conforme a las funciones señaladas, y las obligaciones y responsabilidades a que estuvo afecto mi representado, se desprende de manera inequívoca la subordinación y dependencia bajo la cual prestaba sus servicios, por lo cual nos encontramos ante una relación de carácter laboral, encontrándose presentes todos los requisitos exigidos por la ley para que ella exista, es decir, se encuentran presentes todos los elementos demostrativos de dependencia y subordinación”.
Tres meses y dos días pasaron para que el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco diera a conocer su sentencia en el caso. En el documento, se lee que “el demandante prestó servicios desde el 12 de abril de 2014 al 01 de abril de 2022, en virtud de sucesivos contratos a honorarios a suma alzada, suscritos con la Subsecretaría de Interior, verificándose que el último contrato suscrito tenía una duración fija hasta el 31 de diciembre de 2022, dándosele por tanto término anticipado al mismo” (vea documento).
Bajo ese contexto, el texto agrega que dicha prestación de servicios fue “fuera del marco legal y habilitación legal prevista en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, al no responder estos a labores accidentales, no habituales o cometidos específicos que autoriza la contratación a honorarios”. Al contrario, a raíz de la prueba aportada por Valdebenito se menciona que “es dable concluir que el actor desarrolló para la demandada una labor de manera dependiente, bajo vínculo de subordinación y dependencia (…) al cumplirse cada uno de los requisitos que contempla el artículo 7 del Código del Trabajo”.
En fácil, según explica Cristian Aguayo Mohr, socio de AEM Abogados, el tribunal acreditó que “el demandante tenía calidad de trabajador subordinado y eso le da derechos a cobrar conceptos laborales del Código del Trabajo como indemnización por años de servicio incrementadas”. En esa misma línea, la sentencia señala que “por lo que acreditada la existencia de la relación laboral y establecida la injustificación del despido, corresponde acoger la demanda por despido injustificado y a consecuencia de tal declaración, condenador a la demandada al pago de las indemnizaciones asociadas a tal declaración”.
El Tribunal de Letras del Trabajo de Temuco condenó al Fisco de Chile al pago de $2.925.360 por indemnización sustitutiva del aviso previo; a $23.402.880 por concepto de indemnización por años de servicio; a la suma de 11.701.440 por “recargo del 50% respecto de la indemnización por años de servicio”, y al pago de $2.047.752 por compensación en dinero de feriado del último. En total, el monto asciende a $40.077.432 millones.
Derrota laboral que se suma a la de Sergio Arévalo Waddington, quien también ganó en primera instancia su acción legal por un monto que supera los 50 millones de pesos, la cual fue recurrida de nulidad por el CDE. En el caso de Valdebenito Aguayo explica que aún “es un fallo reciente”, por ende se pueden “pedir recursos” ante un tribunal de alzada o la Corte Suprema. Pese a esto, a Arévalo y Valdebenito pueden sumarse otros juristas que actualmente tienen judicializada su salida desde la División Jurídica del Ministerio del Interior, tras la llegada de Izkia Siches a la cartera. Una llegada costosa para las arcas fiscales.
