Otro revés para el Gobierno: exabogado de Interior gana demanda y Estado deberá pagar $50 millones

Más de 50 millones de pesos deberá pagar el Estado de Chile, luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco acogiera una demanda presentada por Sergio Arévalo Waddington, exabogado coordinador de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior en la Macrozona Sur.

De acuerdo a la sentencia emitida este martes, el tribunal estimó que su despido fue injustificado, tras ser desvinculado en abril de este año, a través de una carta suscrita precisamente por el titular de esa repartición, el subsecretario Manuel Monsalve.

En su libelo, Arévalo calificó como “ilegal y arbitrario” el proceder del Ejecutivo, puesto que cada 1 de enero se le renovaba su contrato laboral por un periodo de 12 meses. No obstante, este año, dicho vínculo solo se prolongó por apenas 90 días.

La resolución firmada por la jueza Marta Álvarez da cuenta del desglose de los dineros que el abogado deberá percibir. A saber:

$11,5 millones por concepto de indemnización por cuatro años de servicio. A ese monto se suman otros $5,7 millones, equivalentes a un incremento del 50% basado en el artículo 168 del Código del Trabajo. Es decir, una compensación, como ocurrió en este caso, “si se da término por aplicación injustificada o no se hubiere invocado ninguna causal legal para dicho término”.

A eso se agregan $2,8 millones, por una indemnización sustitutiva de aviso previo y $3,2 millones por feriado proporcional.

Por último, le tendrán que finiquitar las cotizaciones previsionales y de salud desde el 1 de mayo de 2018 hasta abril de 2022, las que en total superarían los $30 millones.

Otros despidos

La salida del profesional se da en medio de una serie de despidos que atraviesa la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior. A Arévalo se suman Hernán Valdebenito Castillo y Luis Martínez Pezo. Este último, desvinculado -tal como reveló la Unidad de Investigación de BioBioChile- tras no realizar un trámite clave en la causa por el homicidio del suboficial de Carabineros, Francisco Benavides.

Todos estos profesionales mantenían a su cargo causas de alta connotación pública tramitadas en la Macrozona sur. Entre ellas, la propia causa del uniformado asesinado, además de ataques incendiarios reportados en La Araucanía y la llamada “Operación Huracán”.

Esta última, donde el Ejecutivo sufrió un importante revés al quedar fuera como querellante tras no corregir un vicio formal en la acusación presentada ante el Juzgado de Garantía de Temuco.

Y es que esta última situación trajo consigo importantes cambios al interior de la División Jurídica de la cartera que dirige Izkia Siches. Esto porque Camila Barros, quien hasta ese entonces se desempeñaba como jefa, fue removida del cargo y en su reemplazo Interior fichó a una destacada litigante del Estado.

Se trata de Luppy Aguirre, ex abogada penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien dirige hoy la División Jurídica del ministerio.