Pese a tener prácticamente un mes y medio para hacerlo, la Delegación Presidencial de La Araucanía no ingresó un trámite clave en la causa por el homicidio del suboficial de Carabineros, Francisco Benavides, ocurrido en mayo de 2021 en Collipulli. Ello, podría conllevar que el Gobierno quede excluido del proceso judicial que tiene como principales sospechosos a los dos hijos del exlíder de la CAM Víctor Ancalaf: Matías y Heriberto.
De acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el equipo de abogados de la repartición gubernamental tenía como plazo máximo hasta este lunes, para ingresar la acusación particular o adherirse a la presentada por el Ministerio Público en contra de los imputados. Sin embargo, pese a poder hacerlo a contar del 30 de abril, esperaron hasta el último día.
¿El problema? El profesional facultado para hacerlo cayó enfermo a sólo horas de la fecha límite, lo que impidió presentar el papeleo a tiempo.
Al menos así consta en un documento presentado un día después por el propio jurista, Luis Martínez Pezo. En el archivo cargado a la causa que se tramita en reserva, el abogado expuso ante el tribunal sus problemas de salud.
Dolores
Según se desprende de las palabras del propio Martínez, el 13 de junio recién pasado tenía a su cargo la redacción final de la acusación que debían presentar como delegación en su calidad de querellante.
Ese día, desarrolló sus actividades de manera normal, hasta que a eso de las 16:00 horas comenzó con malestares. Sus sospechas recaían en un almuerzo en un local del centro de Temuco.
Fue así como decidió retirarse a su domicilio para concluir su tarea. El problema fue que en lugar de sentirse mejor, empeoró.
“Por todo lo anterior y alrededor de las 22:00 horas, fui visitado en mi domicilio por el médico (…) procediendo a aplicarme un analgésico intravenoso que me calmó el dolor”, aseguró.
El medicamento, sin embargo, “me hizo caer en un profundo sueño y dormir sin interrupciones hasta por lo menos las 06:30 AM del día martes 14 de junio de 2022”, relató. Es decir, cuando el plazo ya había vencido.
“Como consecuencia de todo lo anterior, estuve impedido para poder ejercer en nombre de mi representada el derecho de adherirse a la acusación o presentar acusación particular con las graves consecuencias procesales que aquello conlleva”, se lamentó en el texto presentado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli.
En veremos
En vista de lo ocurrido, el profesional a través del mismo documento, anunció que como Delegación Presidencial se plegarían a la acusación presentada por el Ministerio Público en idénticos términos.
Asimismo, invocó el artículo 17 del Código Procesal Penal, el que le permite solicitar un nuevo plazo para ingresar el trámite, por razones de “fuerza mayor o caso fortuito”.
El problema para el Gobierno es que el tribunal podría negarse a aceptar las excusas planteadas por Martínez y quedar excluidos de la causa bajo el artículo 120, letra A, del mismo cuerpo legal.
Antes de tomar una decisión, el juzgado solicitó al resto de los intervinientes que presenten sus descargos, los que serán considerados en la decisión del magistrado. Una determinación que, en cualquier caso, puede ser objeto de apelación.
Fuentes de la delegación explicaron a este medio que en ningún caso se trató de una negligencia y que todo se dio por razones de fuerza mayor.
