Un aumento del 24% en el ingreso de denuncias durante los primeros siete meses de 2022 es lo que ha experimentado el Consejo para la Transparencia (CPLT) en comparación al mismo periodo de 2021. Según cifras de la institución, entre enero y julio de este año se contabilizaron 7.041 casos, de los cuales 5.197 corresponden a amparos y 1.844 son reclamos.
En el mismo periodo, pero de 2021, el CPLT registró 5.680 denuncias. De estas, 4.723 correspondieron a amparos y 957 a reclamos. Son estos últimos casos, precisamente, los que registraron la mayor alza estos primeros siete meses del año, superando incluso el total de todo el periodo 2021 a falta de cinco meses para que finalice el año. Un balance que califican de “histórico” desde el CPLT, pero… ¿qué hay detrás de este aumento?
Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, esta situación se debe a que “hemos hecho un esfuerzo para lograr un mayor conocimiento del Consejo (…) Junto a esa mayor visibilidad, hemos bajado los plazos, estamos haciendo actividades regionales, capacitaciones y otras actividades que redundan en una mayor cercanía y confianza por parte de la ciudadanía”.
A lo anterior, Leturia agrega que “si a ello le sumas una ciudadanía más activa y exigente, más determinada a hacer valer sus derechos, explicas en parte muy importante el aumento de solicitudes de acceso a la información, y que son especialmente perceptible en materias de interés coyuntural, como por ejemplo Migraciones y Salud Pública”.
Amparo y reclamo
En agosto de 2008 entró en vigencia la Ley 20.285 sobre “acceso a la información pública”. La normativa, en su Título V le dio vida al Consejo para la Transparencia, organismo que tiene como fin “promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información”.
Esta última frase es clave, pues si un organismo no garantiza el derecho de acceso a la información la ciudadanía cuenta con dos mecanismos para enmendar la situación: presentar un amparo o un reclamo. El primero aplica cuando una persona no ve satisfecha su solicitud de acceso a la información por el servicio requerido, ya sea porque no se dio respuesta o ésta fue incompleta. “Cuando la solicitud no es bien respondida, está el derecho a recurrir de amparo. Una especie de recurso de apelación o de reclamo que se realiza ante el CPLT”, agrega Leturia.
En segundo lugar está el reclamo. Este procede cuando se trata de la infracción a las normas de Transparencia Activa, es decir, que un servicio no ha cumplido la Ley de Transparencia en cierta fecha, cualquier persona puede reclamar. “Un reclamo es una denuncia de incumplimiento de la ley en materia de Transparencia Activa, que son aquellas materias que deben publicarse y ponerse a disposición de la gente aún sin que nadie las solicite”, explicó el presidente del CPLT.
Desde su creación, ante el Consejo se han presentado 62.796 casos, de los que 52.937 son amparos y 9.859 corresponden a reclamos. Desde el 2009 a la fecha, según las estadísticas a las que tuvo acceso La Radio, se puede observar un importante aumento de ingreso de denuncias. Por ejemplo, si en 2010 se reportaron 1.607 casos, en 2020, 10 años después, la cifra se empinó en los 8.572. La tasa promedio de crecimiento, según el CPLT, es de 27% por año.
Migraciones y Salud
Las instituciones con el mayor número de casos presentados al Consejo, en el ranking histórico, son el Servicio Nacional de Migraciones, Carabineros de Chile y la Subsecretaría de Salud Pública. Este 2022, el listado lo lidera nuevamente el Servicio Nacional de Migraciones pero, a diferencia de las cifras a lo largo del tiempo, el Registro Civil se encumbra al segundo puesto.
En el caso de Migraciones, según Leturia, el aumento de casos se debe “principalmente de personas que consultan por el estado de avance de sus trámites de obtención de visas y permisos migratorios”. Para el Registro Civil la explicación es “más difícil” de conocer, dice el presidente del CPLT, pero una hipótesis puede ser que esté vinculado a “nuevas normativas como la de cambio de nombre, la Ley de identidad de género, entre otras. Además, la gente también busca información relacionada con cifras sobre defunción por Covid”.
A Migraciones y el Registro Civil le siguen, este 2022, la subsecretaría de Salud Pública, Gendarmería de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, la Municipalidad de Antofagasta, la Subsecretaría de Interior, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). En la misma línea, los datos dicen que fue en el mes de mayo cuando más casos se empezaron a reportar.
Pese a los positivos números que acumula el Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia dice que los organismos públicos, “algunos más que otros”, colaboran activamente. Pese a esto, dice que “siempre se puede colaborar más, entregar más información en forma proactiva, sin esperar que la gente la solicite con un trámite”.
Asimismo, hace un llamado a poner ojo a las “grandes zonas del Estado que aún están fuera del sistema de Transparencia”, como lo son, detalla, el Congreso Nacional, las empresas del Estado, las corporaciones y asociaciones municipales, y un “sin número de organizaciones que realizan funciones públicas con dineros públicos”.
