Sin responsables concluirá la investigación penal de las masivas fiestas clandestinas llevadas a cabo en enero de 2021 en Cachagua, comuna de Zapallar, región de Valparaíso. Las celebraciones fueron realizadas en plena pandemia por covid, sin ninguna medida de protección y poniendo en riesgo la salud pública.
A través de un escrito de una carilla -al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile- el Ministerio Público anunció su decisión de no perseverar.
En el documento, firmado por el fiscal adjunto de La Ligua, Luis Cortez Muñoz, se confirma la decisión del ente persecutor de declarar cerrada la indagatoria, invocando el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal.
Esto es, debido a que en la investigación realizada no se reunieron pruebas suficientes para fundar una acusación.
Lea la comunicación
Polémicas fiestas
Las fiestas que fueron objeto de investigación se llevaron a cabo en Zapallar posterior al Año Nuevo de 2021. La primera querella fue presentada ante el Juzgado de Garantía de La Ligua el 7 de enero de 2021 por el entonces intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez Durán, en contra de Martín Abogabir Egaña.
En el documento se explica que el día 2 de enero, alrededor de las 21:00 horas, un inspector municipal llegó hasta el restobar “Santo Diablo”, constatando flagrantemente que los clientes transitaban sin el adecuado uso de la mascarilla, “exponiendo así, tanto a los demás clientes como al personal que trabaja en dicho lugar a un eventual contagio”.
Debido a lo anterior, el inspector le cursó una citación a Abogabir, en su calidad de administrador del local, para el Juzgado de Policía Local de Zapallar.
Posteriormente, el 4 de enero de 2021, a eso de las 21:00 horas, llegó hasta el mismo lugar otro fiscalizador municipal quien constató la infracción flagrante del establecimiento a las normas sanitarias de la comuna de Zapallar, “toda vez que éstas prohíben el funcionamiento de locales comerciales como Pub, durante la vigencia de la fase 3, como sucedió en el presente caso”. Fue así como se le cursó a Abogabir una nueva citación para el Juzgado de Policía Local de Zapallar.
Piloto de rally en la mira
Por su parte, una segunda querella presentada por la Intendencia de la región de Valparaíso el mismo 7 de enero, estuvo dirigida en contra del piloto de rally Samuel Israel Concha, por una fiesta que realizó la madrugada del 3 de enero en una casa en la comuna de Zapallar.
Esa noche, a las 01:00 horas aproximadamente, funcionarios policiales de la 1° Comisaría de Carabineros de La Ligua tomaron conocimiento de quejas de parte de los vecinos del lugar debido a gritos y música a alto volumen.
Los efectivos llegaron hasta el inmueble constatando la efectividad de los hechos denunciados, por lo que cursaron una infracción por ruidos molestos y gritos a Israel, quedando citado al Juzgado de Policía local de Zapallar.
De acuerdo a lo detallado por la acción judicial, en la fiesta clandestina habrían participado cerca de doscientas personas. Evento que se realizó mientras la zona se encontraba en pleno Estado de Emergencia y “con directa infracción al toque de queda” que regía por aquel entonces.
Multas
Así, tras las polémicas fiestas, no sólo se inició una persecución penal sino también se cursaron sendas multas a los participantes. Sin embargo, a un año de ocurrido los hechos, las 32 personas sumariadas aún no cancelaban sus multas, según publicó en enero de este año BioBioChile.
En total, el monto ascendía a cerca de $195 millones.
La sanción individual más alta es de 1.000 UTM, correspondiente a Samuel Israel Concha, querellado por la Intendencia de Valparaíso. En concreto, se le imputaba contravenir el artículo 318 del Código Penal. Es decir, poner en riesgo la salud pública.
De acuerdo a cifras entregadas por el propio gobierno de la época, los contagios en la comuna aumentaron explosivamente tras las fiestas clandestinas.
“¿Sabe qué ejemplo le voy a dar? Voy a dar un ejemplo de lo que vimos hoy a propósito de Zapallar. Zapallar aumentó sus casos a propósito de esta fiesta clandestina, en un 307%. Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar”, sostuvo la entonces subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
Tras la petición del Ministerio Público, se espera que el Juzgado de Garantía de La Ligua fije en los próximos días la audiencia para concretar formalmente el cierre del procedimiento.
