Ocho años de cárcel solicitó la Fiscalía Regional de Aysén para la jueza de garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina Pinto, acusada de datear a su hijastro narco sobre la indagatoria que seguía en su contra el Ministerio Público para así eludir la justicia.
La petición consta en la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de la magistrada, actualmente imputada por los delitos de revelación de secreto y prevaricación.
De acuerdo al documento firmado por el fiscal regional Carlos Alberto Palma -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile- existen “fundamentos serios” para el enjuiciamiento de Urbina.
Según reveló este medio, la fiscalía acreditó que la profesional filtró información a su hijastro, Jorge Cáceres Vásquez, alias “El Matanga”, quien era perseguido por el Ministerio Público en una causa por narcotráfico.
El teléfono ‘pinchado’
De acuerdo al escrito presentado por el persecutor, las diligencias llevadas a cabo durante la indagatoria permitieron establecer que -durante los primeros días de enero de 2021- la jueza, aprovechándose de su cargo, ingresó a una causa reservada por narcotráfico alojada en el sistema informático interno del Poder Judicial y filtró información sensible de la misma.
Según consta en el documento, en la causa figuraba como investigado Jorge “El Matanga” Cáceres, hijo biológico de Jorge Cáceres Osses, marido de la garantista coyhaiquina. De ahí el especial interés de ella en el asunto.
En concreto, según alega el Ministerio Público, luego de revisar los antecedentes la jueza le contó a su marido que “El Matanga” estaba siendo investigado por la fiscal María Inés Núñez. Además de ello, agregan, Urbina le desclasificó que el indagado tenía el teléfono ‘pinchado’.
A esa altura, efectivamente el teléfono de Cáceres Vásquez (hijastro de la jueza) estaba intervenido. Las conversaciones lo ubicaban a él como parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico de drogas, detalla el documento.
La revelación de la magistrada a su cónyuge motivó a que este último se reuniera con su hijo, para advertirle de la situación. Como era lógico, el “Matanga” se deshizo del teléfono y le ordenó a los otros integrantes de la banda hacer lo mismo. Todo ello ocasionó que la PDI perdiera una importante fuente de información en medio de las pesquisas.
De acuerdo a lo estipulado en el documento ingresado por fiscalía, la magistrada divulgó también la existencia de la indagatoria por drogas contra su hijastro a un abogado de la Defensoría Penal Pública. Ello, a pesar del “carácter preliminar, reservada y amparada por el secreto” de la causa.
Ambos hechos, juicio del Ministerio Público, configuran el delito de revelación de secreto.
Santa en la corte
La desclasificación de las escuchas no fue la primera intervención de Urbina Pinto en favor de uno de sus hijastros.
Según consta en la acusación penal, el 28 de enero de 2020 -en su calidad de jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique- la magistrado dictó sentencia condenatoria en un procedimiento monitorio seguido en contra de Sebastián Cáceres Vásquez.
Seis meses más tarde la misma jueza resolvió de oficio la prescripción de la pena. En simple, falló en una causa criminal pese a que, por cuestiones lógicas, debió haberse inhabilitado.
Ese mismo año, en julio de 2020, la jueza volvió a decidir en una causa criminal en la que figuraba como imputado un hijastro suyo. Esta vez se trataba de Matías Cáceres Vásquez, contra quien la mujer dictó sentencia condenatoria en un procedimiento monitorio.
8 años de cárcel
En base a los hechos expuestos y pruebas obtenidas durante el proceso de investigación, el fiscal Palma Guerra solicitó ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique penas que suman ocho años de cárcel en contra de la jueza.
En síntesis, el persecutor solicitó cinco años de presidio menor en su grado máximo como autora de de los delitos reiterados de revelación de secreto.
Además, el fiscal pidió otros tres años de presidio menor en su grado medio por los delitos reiterados de prevaricación.
En paralelo, el representante del Ministerio Público pidió tres años de presidio menor en su grado medio contra el esposo de la jueza, Jorge Cáceres Osses, por su participación en el delito de revelación de secreto.
Por último, de cara al juicio oral, el Ministerio Público informó al tribunal que disponen de 34 testigos que configuran la prueba testimonial.
A ello, se suman 11 informes realizados por peritos informáticos de la PDI, 63 documentos y otros 49 medios de prueba en contra de la magistrado.
Se espera que en el corto plazo se fije fecha para la audiencia de preparación del juicio oral.
Lea la acusación:
Fiscalía presenta acusación contra jueza que dateó a hijastro narco y pide 8 años de cárcel
