Gritos y agresiones: cómo escándalo en Embajada de Chile en Australia terminó en querella de cónsul

—No tengo por qué aceptar que una persona mal educada. Que una persona indigna. Una persona falta de decencia, venga aquí a mi oficina y me insinúe todo lo que me ha insinuado. ¡Así que se va de mi oficina! Yo generalmente tengo paciencia, pero con usted mi paciencia se me fue. ¡Se me acabó!

Hace 49 semanas se viralizó por redes sociales y medios de comunicación un video donde aparecía el entonces cónsul chileno de Sídney, Sebastián Canales Angulo. Las imágenes eran claras: estaba enojado, alterado y pidiéndole en reiteradas ocasiones a Natalia Pozo —quien grababa— que por favor se retirara de su oficina.

La situación escaló a tanto que Cancillería lo trasladó desde Australia a Ecuador. También le abrieron un sumario administrativo. Todo se fundaba en las “pruebas audiovisuales” y en la versión de la mujer, quien aseguraba que el cónsul la agredió física y psicológicamente por más de dos horas. Lo acusó de torturarla y de no ayudarla a repatriar a su hijo que había muerto recientemente.

Pero hace una semana, Canales Angulo contratacó: presentó una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago donde desmiente todo. Entregó una carpeta con todas sus pruebas. Parte de esa documentación deja entrever que él mismo gestionó un nuevo informe socioeconómico para que Natalia pudiera recibir dinero por el deceso de su primogénito. Y lo recibió. De hecho, el día de la agresión fue citada por el consulado para que firmara un cheque de $500 dólares por concepto de “ayuda”. El cónsul, dice, lo hizo de buena fe para solventar gastos básicos en medio de la tragedia familiar. Pero todo terminó mal.

—Natalia se abalanzó sobre mí, subiéndose por mi espalda y, sujetándome con ambos brazos, con una evidente intención de asfixiarme (…) mis asistentes consulares rápidamente debieron intervenir y lograron sacarme de encima a la querellada para que dejara de agredirme— reza la declaración del diplomático, a la que accedió BBCL Investiga.

El primer contacto

El relato de Canales va así. El 4 de agosto de 2024, domingo, llamaron al teléfono de emergencia del consulado de Sídney. Informaban, en líneas generales, que Natalia Pozo Rojas estaba con la policía porque su hijo había muerto durante esa madrugada.

El lunes a primera hora, el cónsul Canales —en compañía de la canciller Jennifer Webb— llamó a Natalia. Contestó su compañera de habitación. Dijo que Natalia había tenido un colapso nervioso y estaba en el hospital. Canales partió para allá. Cuando le dieron el alta, la trasladó en su vehículo hasta la policía de Burwood. Tenía que reconocer el cuerpo de su hijo. Canales se quedó para cumplir la función de intérprete entre ambos idiomas.

—Después regresé a la oficina, hice una bitácora por mensaje oficial informando la muerte del connacional, las circunstancias del caso, y todas las diligencias realizadas para ir en apoyo de la connacional, incluyendo la posibilidad de efectuar la entrega de auxilio— versa su declaración.

La primera situación que le causó extrañeza fue cuando la policía le devolvió las pertenencias de su hijo y Natalia insistió en quedarse con el celular, pese a que lo requerían para continuar con la investigación:

—Me llama la atención la insistencia de que ella quería hacer la posesión efectiva ya que había dineros que ella había depositado en la cuenta bancaria de su hijo en Chile, y tenía temor de que dichos dineros fuesen hackeados por el padre del hijo— atestiguó.

De todas formas, la ayudaron. Desde el consulado la pusieron en contacto con una abogada para que pudiera iniciar los trámites. Así quedó registrado en la bitácora reservada del 6 de agosto de 2024.

Apoyo económico

A la semana siguiente el cuerpo del hijo de Natalia seguía en la morgue. Según lo que dijo ella en ese momento, estaba viendo la forma de pagar la cremación, y mientras tanto, no lo podía retirar.

—Yo le comunico que ya habíamos efectuado una entrega en auxilio y que yo había solicitado mediante mensaje oficial que se evaluara la posibilidad de efectuar una segunda entrega de dineros para socorrerla en los gastos del crematorio, a pesar de que era un ítem que no se paga por parte del consulado.

Esa primera ayuda que le llegó, aprobada desde Santiago, fueron $250 dólares. Canales le entregó el dinero en efectivo y ella firmó un comprobante. Pero el monto era insuficiente. Una cotización que realizó el propio consulado indicaba que el monto de cremación, capilla y servicio fúnebres ascendía a $4.500 dólares australianos (unos 2,8 millones de pesos chilenos). La División de Servicios Consulares fue categórica: no podían solventar ese monto. Natalia insistió. El oficio del 17 de agosto del consulado expone lo siguiente:

—Desde el inicio de las gestiones se informó que este consulado no cuenta con partida presupuestaria para financiar cremación o repatriación. Sin embargo, se le ha manifestado en todo momento la disposición de apoyarla para concretar las diligencias pertinentes.

Canales elevó una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para conseguirle el dinero para la cremación. Tres semanas más tarde, le respondieron que no.

“Usted es un espía”

Después de ese momento vino el primer quiebre. Natalia comentó en las redes sociales de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales que Canales había “filtrado información del caso”. También acusó que existía una malversación de fondos en el consulado de Sídney porque financiaban otro tipo de actividades “menos importantes”, como una fiesta de la empanada, y no la cremación de su hijo.

A raíz de esto Canales pidió hacerle un informe socioeconómico gratuito con la intención de buscar ayuda adicional. Mientras eso se resolvía, el 24 agosto se realizó una actividad en Coogee —un suburbio costero— con la comunidad chilena de Australia. El objetivo era hacer una campaña para recolectar el dinero de la cremación. Según el respaldo de Canales, recaudaron más de $4.000 dólares en un solo evento. Eso, sin contar las transferencias directas a la cuenta de Natalia y las actividades futuras.

Sumado a eso, a fines de agosto la División de Servicios Consulares acogió entregarle $709 dólares australianos más de forma excepcional. Y el 3 de septiembre Natalia acordó presentarse en las oficinas del consulado para recoger el cheque.

Las cámaras de la oficina la captaron entrando ese día a las 12:50. Se sentó en el sofá de la oficina de Sebastián Canales, quien estaba con la canciller Jennifer Webb. Él le preguntó si quería repatriar el cuerpo. Natalia le responde que no sabía, sin dejar de mirar su teléfono. Él le vuelve a explicar que queda un trámite pendiente. Ella se queda en silencio, con la vista en su móvil. La querella de Canales lo relata así:

—En ese momento Natalia señala: “Usted es un espía, me ha espiado mis redes sociales y me ha espiado todo en este tiempo, lo cual yo no se lo tengo por qué aceptar, porque además es una intromisión en mi vida privada, y además es un matón.

Él no se quedó callado. Le dijo que no iba a tolerar ese trato y que por lo demás, a su juicio, había actuado de forma deshonesta con el consulado.

—El origen de la acusación radicó en que Natalia exigía que el consulado tenía que correr con gastos de todos los trámites consistentes en el pago de los costos del funeral y repatriación del cuerpo a Chile— estipula la querella.

Agresiones físicas

El tono de voz aumentó hasta que llegó a los gritos. Canales dio por terminada la conversación y le pidió que se retirara. Jennifer Webb seguía ahí, al medio de los dos. Ella misma agarró el cheque, se lo entregó a Natalia y le pidió que se fuera. Natalia amenazó con romperlo y comenzó a grabar.

Jennifer salió de la oficina para llamar a la policía y activar el botón de pánico. Luego, intervino una tercera funcionaria para pedirle que se retirara y la acompañó hasta el umbral de la puerta. Canales venía detrás para cerrar la puerta y antes de que pudiera hacerlo, Natalia puso la mano con el celular grabando.

—El Sr. Canales tuvo que abrir la puerta para evitar apretarle la mano, en ese momento la denunciante se introduce con fuerza en la oficina y le lanza su bolso negro— relata el documento.

Ahí es cuando Canales le quita el celular y, según la versión de todos los presentes, Natalia se subió a la espalda del cónsul para ahorcarlo. Fue otra funcionaria quien logró separarla.

En ese momento entró Jennifer, la canciller, para avisar que la policía venía en camino.

—Canales le señaló que le iba a devolver el celular, pero le pidió borrar todos los videos grabados (…) Natalia respondió que ella podía hacer lo que quisiera porque estaba en una oficina pública y tenía derecho a decir y hacer lo que quisiese y por lo tanto no se iba a ir. En ese momento le entregó el celular, para que borrara los videos y salió de la oficina.

“Efecto dramático de la grabación”

Natalia volvió a grabar. Ahí se originó uno de los videos que se viralizó, donde Canales aparece en pantalla diciéndole que no tiene moral, ni decencia y que está montando un escándalo. Una testigo declaró que cuando Canales iba a cerrar la puerta para evitar que Natalia siguiera grabando, ella se interpuso y gritó.

—Creo que lo hizo de forma deliberada para generar un efecto dramático en la grabación— contó.

La bitácora del consulado de ese día agrega que “al intentar que Natalia hiciera abandono de las oficinas, Canales recibió de su parte un golpe de puño”.

Cuando llegó la policía, Natalia fue atendida. Denunció agresiones físicas y verbales.

La bitácora que llegó el 6 de septiembre a la Dirección General de Asuntos Consulares detalla que el informe policial de ese día, aseguró que no hubo lesiones. El examen físico arrojó que “no presentaba ninguna lesión corporal que acreditara sus acusaciones”.

—No obstante, se constató un estado de alteración y perturbación mental significativo —concluyó el informe.

A las 14:58 horas de ese día, Natalia se presentó al Hospital ST Vincent’s. El diagnóstico que le entregaron contraría esa versión. “Cinco arañazos, raspadura superficial, marcas rojas en la muñeca y sensibilidad en el radio distal, sin hinchazón”, expone.

Querella por injurias

Con todo esto, el 25 de septiembre de este año, Sebastián Canales interpuso una querella contra Natalia Pozo por el delito de injurias y calumnias. Según se desprende de ésta, Natalia le imputó acusaciones falsas. Hasta lo acusó de los delitos de tortura y secuestro. Fue en un matinal donde Natalia dijo: “Fueron dos horas de tortura”.

En este mismo programa relató que la zamarreó, que la lanzó contra la pared y que le hizo un chichón. Cerró con la frase: “Si me hubiese querido violar o matar en ese oficina, lo hubiese podido hacer”.

Además del sumario administrativo que le abrieron, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió cambiarlo de Sídney a Ecuador. Cuando se conoció esta medida, 108 residentes de Sídney enviaron una carta a Jaime Chomalí —embajador de Chile en Australia— para evitar el traslado.

—Si yo hoy renunciara a mi cargo y fuese a buscar trabajo, lamentablemente siempre habrá alguien que, buscando en Google o en cualquier lugar de internet va a encontrar la noticia y siempre va a haber alguien que, eventualmente, tendrá la duda sobre si “yo, en efecto hice o no hice algunas de las cosas que esta señora me acusa”— cierra su querella.