“La única persona que compra este material es él (…) Él es quien recibe todo el robo de cobre de la zona norte”.

La declaración de un testigo reservado resultó clave para establecer cómo operaba el imperio que forjó Francisco San Martín Álvarez, reconocido empresario de Coquimbo que se erigió —según el Ministerio Público— como el líder de una banda de enorme capacidad logística, dedicada al robo del denominado “oro rojo”.

En paralelo a sus aspiraciones políticas, el otrora militante y precandidato a alcalde del Partido Republicano, movió por más de una década los hilos de la red criminal caída en desgracia en abril de este año, cuando quedó al descubierto su entramado. Y es que para blanquear el material, San Martín consiguió facturas falsas y testaferros que le permitieran ingresar lo robado al sistema financiero formal. Según la indagatoria, logró incluso exportar a la India y Europa.

Sólo a mayo del 2024, las maniobras del imputado y compañía habían provocado un perjuicio fiscal de más de $1.507 millones por delitos tributarios.

El tren del Grupo Luksic

La historia va así: el 12 de octubre de 2022, el empresario cayó detenido por primera vez. El arresto fue en flagrancia, por personal de Carabineros, luego de que una denuncia anónima motivara el registro de la chatarrería propiedad de San Martín, ubicada en el sector Tierras Blancas de Coquimbo.

Y aunque no fue formalizado, las sospechas se cernieron rápidamente sobre él: su caída se produjo sólo días después del robo de más de 62 toneladas de cobre que afectó a la firma Antofagasta Railway Company, también conocida como el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB). Se trata de una compañía perteneciente al grupo Luksic, que —entre otras valiosas mercancías— transporta justamente grandes cargamentos de cátodos de ese metal. Es decir, placas que pueden llegar a pesar hasta 90 kilos aproximadamente.

En la parcela de San Martín, encontraron 661 de esas piezas. La indagatoria confirmó que correspondía a parte del botín que desconocidos habían sustraído a FCAB y que —en rigor— eran propiedad de Codelco, Zaldívar y Centinela, entre otras mineras. Esto se sabe porque cada paquete de cátodos tiene un código de barra identificatorio que permitió reconstruir fácilmente su origen.

Testigo clave

Si bien no está claro por qué no se le comunicaron cargos a San Martín en esa oportunidad y qué avances registró la investigación durante los meses siguientes, lo cierto es que ésta se reactivó el 4 agosto de 2023. Ese día, un testigo que hoy cuenta con reserva de identidad llegó hasta la policía para delatar todos los movimientos del imputado. Entregó direcciones y números de teléfono. Hasta identificó sociedades y dijo que San Martín obtenía ganancias mensuales que se empinaban por sobre los $130 millones.

—En relación al robo de cable de cobre del tendido eléctrico, ocurrido en esta región, debo señalar que la única persona que compra este material es Francisco San Martín —desclasificó el desconocido.

El tema no era menor. Coquimbo es la región más afectada con el robo de cables. De acuerdo a cifras de la Compañía General de Electricidad (CGE), la zona encabeza el listado nacional como el lugar donde más les roban, con 59.198 metros de cable sustraídos entre enero y junio de este año. Le siguen muy atrás Bío Bío (27.223 metros), Maule (22.317 metros) y Antofagasta (22.127 metros).

—Ya no son los clásicos pasteros los que roban. Aquí, ahora, usan maquinaria compleja para derribar el tendido eléctrico y sacar lo que más puedan de cable —dice una fuente conocedora de la materia.

Otros inquiridos ponen sobre la mesa el costo social de estos delitos:

—Hay localidades pequeñas que pasan días sin luz por culpa de este tipo de robos. Imagínate si ahí viven electrodependientes ¿Cómo lo hacen?

“Está esperando que suba”

De vuelta al testigo reservado. En la declaración que prestó ese 4 de agosto, el delator aseguró que él sabía todo porque hablaba “a menudo” con los trabajadores de San Martín. Dijo que los conocía hace tiempo y que ellos mismos le habían contado que el imputado tenía almacenado —para ese entonces— más de 200 toneladas de cobre robado.

Además, sostuvo que cuando detuvieron a San Martín en 2022, Carabineros no le incautó “todo lo que tenía en otra parcela”. De ahí que debían buscar bien.

—Francisco este año ha comprado mucho cable de tendido eléctrico de cobre robado, pero debido a que le falló su contacto en Santiago ha tenido que acopiarlo, sumado a que el cobre hace más de seis meses bajó mucho, llegando casi a la mitad de su venta normal. Está esperando que suba para poder venderlo —sentenció.

Los pinchazos

La suma de esos antecedentes fue suficiente para que la fiscalía consiguiera una autorización del Juzgado de Garantía de Coquimbo que permitió interceptar las llamadas telefónicas de Francisco San Martín. Esa medida intrusiva, sumada a otras diligencias y teléfonos intervenidos permitió a los policías establecer cómo funcionaba la organización.

Así, en un informe policial de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena, fechado el 16 de diciembre de 2024, quedó plasmada la estructura.

En la cúspide aparece el propio empresario, quien era secundado por Rogerio Pereira Da Silva y José Lizama Valdés. Entre los tres miembros de la cúpula, se coordinaban los movimientos para la adquisición, el procesamiento, el almacenaje e, incluso, la exportación del denominado “oro rojo”. Más abajo en la pirámide figuran transportistas y un grupo de ciudadanos peruanos que eran los encargados de recibir, en primera instancia, el cobre robado y acopiarlo a más de mil kilómetros al norte de Coquimbo, en Calama.

Al principio eran cables y tuberías, no obstante el negocio se sofisticó desde 2022 en adelante.

Los palos blancos

Según consta en documentos tributarios analizados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, para dar apariencia de legalidad a un negocio del todo ilegal, San Martín utilizó facturas emitidas por palos blancos. La idea era, precisamente, blanquear el origen del cobre que él luego transaba en Santiago e incluso —de acuerdo a la indagatoria— en el extranjero.

Sin embargo, una rápida revisión del organismo fiscalizador permitió derrumbar el tinglado tributario del imputado. Varios de los supuestos proveedores que “le vendían” cobre declararon no conocerlo o desconocieron haber trabajado con él.

—Mi prima me contactó y me dijo que unas personas necesitaban cobrar un documento. Por ello, nos juntamos en el Banco BCI, en la oficina de Coquimbo, me entregaron el cheque, pasamos por caja y le entregué el dinero ahí mismo a una persona. Debo declarar que mi prima no estaba. Todo el contacto se realizó por teléfono. Por este trámite me pagaron 100 mil pesos —atestiguó uno de los “proveedores” de San Martín con quien registra “transacciones” por más de $125 millones.

—Yo nunca vi estas facturas, yo nunca compré ni vendí cobre, yo solo cobraba los cheques a mi nombre, pero no me quedaba con el dinero (…) Cuando iba a cobrar el cheque, el cajero del banco llamaba a Francisco Esteban San Martín Álvarez, para que autorizara el pago del cheque (…) Yo no tenía conciencia de que facturaban a mi nombre, porque yo nunca vendí cobre ni fierro ni nada —dijo otro de los implicados ante el SII, con quien el imputado registraba compras de cobre por $300 millones.

La historia se repite con casi otra decena de “proveedores”, quienes —pese a figurar en el papel— nunca vendieron cobre y sólo sirvieron para dar “trazabilidad” al material que el empresario vendía.

“El perjuicio fiscal total actualizado a mayo de 2024, asciende a la suma de $1.507.754.102”, reza un informe del SII al que accedió esta Unidad de Investigación.

De Coquimbo al mundo

Antecedentes contenidos en el expediente judicial revelan también el destino final del cobre que San Martín transaba con los peruanos de Calama y que blanqueaba a través de las facturas falsas. Aquí aparecen, entre otros, las empresas de los ya mencionados Rogerio Pereira Da Silva y José Lizama Valdés.

El primero —según el informe de la PDI— “presumiblemente refundía” el cobre “para fabricar otros productos”. El segundo —de acuerdo el mismo documento— “exportaba este material hacia importantes mercados internacionales como India y Bélgica”.

Los mismos escritos de la policía civil develan que el propio San Martín sacó el material del país por su cuenta. El problema para el imputado es que —al menos en una de sus operaciones— hizo todo mal. Ocurrió el 24 de junio de 2024, cuando funcionarios de Aduanas, en el puerto de Valparaíso, descubrieron irregularidades en los lingotes de cobre que pretendía exportar.

Primero, porque 19 piezas del cargamento presentaban irregularidades en sus bordes y formas, estaban sucios, con tierra, sal y cubiertos de un plástico negro. Una señal que podría ser indicio del origen ilegal del material. Y segundo, porque San Martín entregó antecedentes insuficientes para certificar su trazabilidad.

Las conclusiones —contenidas en un informe del Servicio Nacional de Aduanas— son lapidarias:

“Entregó información falsa respecto al menos del origen y contenido de las mercancías objeto de la exportación, con el fin de dar apariencia de legalidad a su operación comercial, la cual tenía como antecedentes y materia prima, cobre de origen ilícito”.

En total, San Martín buscaba mover más de 22 toneladas de lingotes del metal rojo, avaluados en más de 155 millones de pesos.

El organismo añadió:

“Este cobre, tras ser procesado mediante fundición, fue transformado en lingotes de cobre o también denominados “cakes” con el objetivo de eliminar su trazabilidad y ocultar su real procedencia. Para llevar a cabo la exportación, el imputado se valió de omisiones de información, documentos de base adulterados y entrega de información falsa en su declaración para obtener la salida de la mercancía del país, desde el puerto de Valparaíso con destino a Bélgica, a fin de facilitar el blanqueo del cobre ilícito, obtener créditos económicos indebidos y burlar el control aduanero”.

Un imperio de papel

San Martín sabía que sus pasos podrían estar siendo seguidos de cerca por la policía. Así consta en una interceptación telefónica a San Martín con uno de sus transportistas:

—Los hueones andan puro sapeando nomás. No dejan a uno trabajar tranquilo (risas) —se le escucha decir en la conversación en relación a la policía.

Fue por eso que intentó por todos los medios, aunque sin éxito, evitar que sus operaciones quedaran al descubierto. Con ese objetivo, constituyó y utilizó sociedades de pantalla.

Según la indagatoria, el otrora militante del Partido Republicano desplegó un verdadero vaciamiento patrimonial hacia una empresa de papel llamada Francisco Esteban San Martín Álvarez EIRL Limitada, una compañía para la que ni siquiera se molestó en iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

No fueron uno ni dos, sino que 14 los inmuebles que terminó traspasando a la mencionada sociedad entre 2022 y 2024. ¿En total? Entre propiedades y algunos vehículos, la firma figura con cerca de $1.000 millones en activos.

“Podemos estar en presencia de la tipología de empresa de papel, maniobra propia del lavado de activos que consiste en crear empresas formales, no obstante no mantienen apariencia comercial ni desarrollan el giro para el cual fueron creadas y son utilizadas, en este caso, para justificar patrimonio”, reza una presentación del fiscal del caso ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo.

Eso, sumado a la serie de facturas ideológicamente falsas utilizadas por la organización de forma sistemática para sus operaciones y otras maniobras como el pago a testaferros, le permitió a San Martín y compañía —según sostiene el Ministerio Público— ingresar al sistema financiero formal de nuestro país grandes sumas de dinero, configurándose el delito de lavado de activos.

Una vez que el origen ilícito del dinero logró ser disimulado, blanqueado e ingresado al sistema financiero a través de los bancos, este fue utilizado para la compra de vehículos, el pago de créditos, de sueldos y otros fines por parte de San Martín y el resto de los miembros de la organización. Ellos, a su vez, también adquirieron propiedades o vehículos por varios millones de pesos pese a no registrar ingresos formales que lo justificaran.

Defensa descarta asociación criminal

Consultado por BBCL Investiga, el abogado de Francisco San Martín Álvarez, Carlo Silva Muñoz, descartó que su cliente haya liderado una asociación criminal como ha postulado el Ministerio Público.

“No toda composición grupal es una estructura criminal y no el solo y mero número de varios imputados haría pensar de que nos encontramos frente a este delito. Porque pese a existir varios imputados, lo que está claro es que cada uno de ellos desarrollaba relaciones comerciales independientes y que un delito como este, como la receptación de placas de cobre que transitan desde el robo y hurto de ellas en el norte del país hasta Santiago, que son los sujetos que eventualmente aprovechan las placas, es necesaria la presencia de varios sujetos (..) estas personas no se encuentran jerarquizadas entre sí, sino se encuentran motivados solamente por un interés económico”, planteó.

En esa línea, remarcó que “él no es el líder. Es una persona que se dedicaba a la intermediación, efectivamente, de material robado. Sí, lo reconocemos, pero no cumple un rol jerárquico ni funcional”.

Sobre la opción de conseguir un procedimiento abreviado en acuerdo con el Ministerio Público, el jurista destacó la declaración voluntaria que su cliente hizo durante los días 30 y 31 de julio frente a detectives de la PDI especializados en lavado de activo y los querellantes.

“No solamente mi cliente se sitúa reconociendo varios de los delitos de su imputación, reconociendo el principal delito que es la receptación de placas de ánodos y cátodos de cobre. Él, además de eso, entrega información relevante para esclarecer los hechos. Información relevante para la investigación del Ministerio Público, información relevante para la imputación de terceras personas, de nuevos hechos. Sin duda hay una colaboración muy importante por parte de Francisco San Martín”, sostiene.

En la misma dirección, señala que como defensa creen que “con la declaración de Francisco San Martín se abren todas las posibilidades de que las penas en su contexto normativo, en su contexto inicial, puedan ser rebajadas y que de esa forma, pese a la multiplicidad de delitos que estaría en este momento proyectándose como parte de ese reproche, pueda tener las mínimas penas y de esa forma poder acceder al proceso abreviado”.

Respecto a los vínculos de San Martín con el Partido Republicano y con el propio José Antonio Kast, su defensa se excusó de no poder profundizar en esa arista.

“No mantenemos información respecto de aquello. No es un tema que tampoco le hemos preguntado a Francisco, no es un tema que he explorado en nuestras entrevistas. La verdad que está totalmente ajeno a nuestra posición técnica jurídica dentro del proceso”, apuntó.

No obstante, aseguró que “del propio análisis financiero que ha hecho la Unidad de Lavado de Activos de la PDI, no existen transferencias ni existen montos de dinero que hayan sido desviados o hayan sido atribuidos a ningún tipo de campaña política, ni tampoco al señor Kast en particular”.

Requerido por Radio Bío Bío en Temuco, José Antonio Kast dijo no conocer a San Martín. “Cuando uno recorre el país, en muchas ocasiones, se reúne con cientos de militantes y son los militantes que se instalan para una convivencia o una foto. Uno no conoce, muchas veces, lo que es la vida de las personas”, lanzó.

“Lo importante es la reacción que ha tenido nuestro partido cada vez que ha aparecido alguien que tiene algún tipo de infracción o comete un delito. Siempre los separamos. Esa persona apareció vinculada a una situación delictual y fue expulsada del partido a los cinco días”, complementó.

De acuerdo a fuentes al interior de Republicanos, el Tribunal Supremo tomó conocimiento 22 de abril de la situación de San Martín, al día siguiente le suspendieron la militancia y el 5 de mayo de este año se concretó su expulsión.

Pese a que dentro del conglomerado dijeron no conocer la primera detención del imputado en 2022, lo cierto es que desde ese mismo año y hasta su caída, otros conocedores de la interna, lo apuntan como una prominente figura del partido en la zona. Fue, por ejemplo, una de las cartas que más sonó para pelear el sillón municipal al actual alcalde Alí Manouchehri.

“Nunca estuvo en los planes llevar un candidato del partido en esa ciudad”, dicen hoy personeros republicanos.