Coimas de $220 mil por auto: la red de carabineros que hacía "embargos exprés" en horario laboral

Hasta $220 mil pesos por auto. Esas eran las coimas que cobraba la red de nueve carabineros dados de baja, tras una investigación interna de la institución que develó una serie de operaciones clandestinas destinadas a la ejecución de “embargos exprés” con la complicidad de funcionarios del sistema de justicia.

En simple, los policías participaban activamente de montajes que permitían sacar de circulación a vehículos que estaban intentando ser recuperados por estudios de abogados dedicados a la cobra judicial. Utilizaban su investidura, recursos públicos y horas de su jornada laboral para presentar sus servicios.

De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la organización estaba liderada por P.A.B.A., un civil que dirigía las operaciones y se encargaba de la coordinación general de las diligencias. Además, era él quien recibía la solicitud directa y específica de abogados o estudios jurídicos sobre qué vehículos encontrar.

Fuentes de este medio sostienen que, en general, estos procesos tardan meses o años. Ello impide a dichas compañías recuperar, por ejemplo, automóviles en prenda que han sido pagados en su totalidad. Los mismos pueden incluso llegar a ser transados en mercados informales y bajos precios, pasando así de dueño en dueño sin ser transferidos legalmente.

De ahí, que debieron hacerse de los servicios de los policías mediante el pago de coimas.

Modus operandi

Por debajo del líder, según arribó en su investigación el fiscal de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur, Eduardo Arrieta Leiva, estaba el cabo segundo de Carabineros de iniciales C.G.E.V.C., quien —además de involucrar a colegas suyos— se dedicó, muchas veces durante sus turnos, a ubicar personalmente los vehículos que debían ser embargados.

Para lograr dar apariencia de legalidad a los procedimientos, era clave en la organización criminal el rol de un receptor judicial habilitado. Era él, L.P.S.D., quien certificaba falsamente su presencia en los procedimientos, cuando en realidad era el líder de la organización el que se apersonaba al momento del retiro de los vehículos.

Además del cabo segundo C.G.E.V.C., otros ocho funcionarios de Carabineros de Chile eran parte de la red. Uno de ellos era J.E.P.L., quien —al igual que su colega— recibía instrucciones directas del líder y prestaba colaboración durante los procedimientos. El resto, participó en una o más incautaciones irregulares a cambio de dinero y dejando para ello de lado los deberes propios de sus servicios.

Según antecedentes del expediente judicial, los uniformados terminaban recibiendo desde $50 mil hasta $220 mil por vehículo retirado.

Documento falso

Así ocurrió, por ejemplo, durante la noche del 3 de febrero de 2024. Ese día, mientras se encontraba de turno, el cabo segundo C.G.E.V.C. realizó gestiones para ubicar y luego permitir la incautación de un Chevrolet Sail que tenía embargo. El auto en cuestión estaba ubicado en calle Manuel Tovarias de la comuna de El Bosque.

Con el objetivo da dar apariencia de legalidad al procedimiento que se tramitaba ante el 16º Juzgado Civil de Santiago, el receptor judicial que era parte de la red criminal certificó al día siguiente ante el tribunal haberse constituido a las 09:29 horas de ese 4 de febrero en la dirección antes señalada, para con auxilio de la fuerza pública y en presencia del demandado, proceder con el retiro del automóvil. ¿El problema? El auto en realidad había sido requisado la noche anterior y sin la presencia del receptor judicial.

Como sea, el 8 de febrero de ese mismo mes, cinco días después de su actuación, el carabinero recibió en su cuenta bancaria $220 mil pesos por sus servicios.

Bajo engaño

Para lograr su cometido, según la indagatoria, la organización utilizaba todo tipo de técnicas, incluso el engaño. Sucedió la mañana del 27 de agosto de 2024 cuando les encargaron un camión marca FAW modelo F-914 que tenía resolución judicial de embargo.

El hombre a cargo de la gestión fue el propio cabecilla de la organización (P.A.B.A), quien contó con la ayuda directa del cabo segundo C.G.E.V.C.

El primero le pidió al segundo que contactara al hombre que estaba usando el camión que había que embargar. Mediante el engaño, haciéndose pasar por un potencial cliente, el carabinero le pidió al chofer del camión que fuera hasta un oulet de Quilicura porque necesitaba un flete.

Allí lo estaba esperando P.A.B.A., haciendo las veces de receptor judicial, y el propio uniformado, quien llegó hasta el lugar en horario de servicio y a bordo de una radiopatrulla. De esta forma lograron quitarle el auto al poseedor y “cumplir” con la resolución judicial, pero saltándose todos los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

Formalización

En total fueron 19 los hechos expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización celebrada ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago.

En la instancia también se expuso como participaban de la red los otros funcionarios de carabineros que prestaban colaboración activa en los “embargos exprés”, así como los roles que tenían la pareja del líder de la red y una dueña de una empresa de grúas que estaba coludida con el grupo.

En total, 15 miembros de la organización criminal fueron formalizados durante la jornada de este jueves, imputándoseles delitos como asociación criminal, soborno, cohecho, cohecho pasivo agravado, falsificación de instrumento y ejercicio ilegal de cargo público.

En la instancia la fiscalía pidió prisión preventiva para seis miembros de la asociación criminal y arresto domiciliario y otras cautelares menores para el resto.

“No aceptamos la corrupción

Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, subrayó que los controles institucionales internos permitieron develar la participación de funcionarios en esta red.

“A través de los controles institucionales, en distintas instancias, se revisan los procedimientos y ante un atisbo de irregularidad se inician los procesos investigativos y, lo más importante, también se da cuenta al Ministerio Público”, destacó la máxima autoridad de Carabineros.

Agregando que “eso da cuenta de una política institucional en la cual la institución no permite que se aparte nadie de lo que establece la norma. Se investigó, se trató y los antecedentes fueron puestos a disposición de la justicia”.

“Nosotros no aceptamos la corrupción por ningún motivo y no la vamos a permitir”, recalcó.

BioBioChile no pudo publicar las identidades completas de los imputados por decisión del tribunal a cargo de la causa judicial.