Disparos a la cara y al pecho. Así fueron asesinados los tres carabineros en Cañete, según constataron las autopsias de cada uno de ellos. Un antecedente que empuja con fuerza la idea de una ejecución a sangre fría en contra de los uniformados.

De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, la cronología de los hechos comienza con la concurrencia de los policías a la casa de Carlos Edgardo Antihuen Riquelme. Los funcionarios debían verificar el cumplimiento de medidas cautelares que pesan sobre el imputado en una causa por infracción a la ley de armas e infracción a la ley de drogas (por cultivo).

Según fuentes de este medio, el asiduo tránsito de carabineros hacia ese domicilio pudo haber sido utilizado por los atacantes en la planificación del atentado.

Para llegar al lugar, Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid enfilaron a bordo de la camioneta policial en dirección al sur, por la ruta principal que une Cañete con Tirúa, para luego incorporarse a un camino interior que lleva al domicilio de Antihuen.

Se trata, según comentan cercanos a la indagatoria, de un camino difícil de transitar, donde la señal telefónica, de internet e incluso radial es escasa o de pérdida total, lo que pudo ser utilizado por los perpetradores para evitar cualquier comunicación de las víctimas.

Tras avanzar unos seis kilómetros por esa vía, una de las hipótesis apunta a que los uniformados habrían descendido de la patrulla blindada, puesto que las condiciones del camino y la presencia de un portón les impidió seguir avanzando a bordo de ésta.

Fue entonces que se produjo el ataque.

En dicho lugar, los investigadores levantaron casquillos balísticos y restos de sangre.

Si bien aún no está clara la dinámica de los disparos, todo apunta a que no hubo un enfrentamiento, sino más bien a que los funcionarios —tras ser emboscados— habrían sido ejecutados.

Causas de muerte: traumatismo faciocraneo encefálico, torácico y politraumatismo.

Las autopsias de cada uno de ellos evidenciaron —tal como lo había adelantado el fiscal nacional Ángel Valencia— que los tres policías fueron asesinados con armas de fuego. Se descartó, por ejemplo, una de las primeras teorías que apuntaban a que podrían haber sido quemados vivos.

Carlos José Cisterna Navarro resultó con un trauma torácico complejo producto de un arma de fuego. En palabras simples, murió de un disparo en el tórax.

Sergio Antonio Arévalo Lobo terminó con un politraumatismo, también por agresión por arma de fuego. Es decir, sufrió más de un disparo en diferentes partes del cuerpo.

Y Misael Magdiel Vidal Cid sufrió un traumatismo faciocraneo encefálico por proyectil balístico. Dicho de otro modo, la bala le pegó en la cara, atravesó el cráneo y dañó su cerebro.

Los chalecos antibalas, dos subametralladoras uzi y municiones con las que se desplazaban los carabineros fueron sustraídas durante el ataque.

La huida

Una vez consumadas las ejecuciones, los investigadores presumen que los atacantes abordaron y condujeron la camioneta policial para dejarla cruzada en medio del camino entre Cañete y Tirúa, en el sector Quilaco Bajo, cercano al lugar más poblado de Antiquina.

Luego de cargar los cuerpos en el pick up, le prendieron fuego al vehículo, no sin antes efectuar disparos en el lugar. Se presume que emplearon armas automáticas. Testigos entrevistados por Radio Bío Bío en el lugar la misma noche de los hechos describieron los tiros como “ráfagas”. No se descarta que podría ser las mismas armas sustraídas a los uniformados. La idea de ello sería justamente para evitar la mirada de vecinos curiosos que pudieran más tarde alertar del plan de retirada utilizado por los atacantes.

Quienes conocen de cerca el terreno sostienen que el lugar elegido para dejar la camioneta pudo no ser casual: en las cercanías existen múltiples vías de escape, con caminos interiores que pudieron haber facilitado la huida de los asesinos.

Testigos aseguran haber visto pasar dos vehículos tras la ráfaga de disparos y la quema de la camioneta.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente una reivindicación del atentado, pero las sospechas recaen sobre grupos que operan en la misma zona. Aquí no sólo aparecen la Weichán Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Lavquenche (RML), sino también descolgados de estos últimos grupos que vieron en la provincia de Arauco un terreno fértil para llevar adelante sus negocios ilícitos. Entre ellos, el robo y blanqueo de automóviles, el tráfico de madera y el narcotráfico.

Con todo, la investigación ahora quedó a cargo del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido. Se trata de una decisión sorpresiva comunicada este lunes en Concepción por el propio jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia. Esto en desmedro de la mandamás del ente persecutor en el Bío Bío, Marcela Cartagena, quien ya había conformado un equipo de trabajo especialmente dedicado al caso.