La causa que sigue la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra del empresario Álvaro Saieh suma nuevas diligencias. El pasado 13 de febrero, el fiscal Felipe Sepúlveda, jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, instruyó a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrir hasta las oficinas de una serie de empresas ligadas a Saieh en busca de información contable.
En concreto, según la instrucción particular que tuvo a la vista Radio Bío Bío, el ente persecutor solicitó “concurrir hasta las dependencias de CorpGroup Interhold SpA., CG Financial Chile Dos SpA., SMU S.A. e Inversiones SAMS SpA. y Retail Holding III SpA.” a objeto que, de forma voluntaria, se entregue información financiera de esas firmas.
Lo anterior, apunta a los “EEFF (estados financieros) de los años 2015 y 2016”, el “balance general al 31.12 de los años 2015 y 2016”, los “libros mayores y diarios de 02.2015 a 07.2016”, las “auditorías de los años 2015 y 2016” y las “cartolas de cuentas bancarias de 02.2015 a 07.2016” de las mencionadas sociedades. Pero no solo de estas. El fiscal Sepúlveda también incluyó a Copesa S.A., dueña del diario La Tercera, y a CorpGroup Inversiones Limitada.
Estas últimas diligencias se dan luego que a fines de enero dos exbonistas de CorpGroup Banking (CGB) -patrocinados por Carlos Cortés Guzmán, del estudio Cortés & Rodríguez- ingresaran una querella contra Saieh, Jorge Andrés Saieh, María Catalina Saieh, Cristóbal Cerda -ex CEO de CGB- y Pilar Dañobeitía -dada a conocer por Diario Financiero- por el delito de “reiterado de otorgamiento de contrato simulado”.
En la acción legal, admitida a trámite por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el punto 34, se detalla que entre 2015 y 2020 “los querellados dispusieron” que CorpGroup Banking “ejecutara” con sociedades relacionadas “una serie de contratos de suscripción y compraventa de acciones” de las firmas Financial Chile Dos y Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SAGA SpA., los cuales, acusan, “son simulados”.
Esto, expone el libelo, ya que “la real voluntad del controlador fue sacar la liquidez (dinero) de CGR y en ningún caso adquirir las referida acciones. Luego dichos recursos -ya una vez en el patrimonio de SAGA- fueron dispuestos por el querellado en su beneficio de alguna de las sociedades de su familia. Se trató de la celebración de una serie de contratos de traspasos de acciones por un monto total aproximado a los $164.735.000.000”.
Bajo este contexto, los querellantes acusan que esto “significó un vaciamiento del patrimonio de CGB realizado en perjuicio de los bonistas. Es decir, de los acreedores del bono CGB 13/23. En conclusión, el emisor del bono fue despojándose de toda su caja”. Y agregan: “como resultado de dichas transacciones, CGB vació su caja, sufriendo un daño patrimonial derivado de la adquisición de acciones a un precio de compra superior al valor económico que dicha inversión representa para esta”.
El bono
Uno de los puntos que motivó la escalada de acciones legales, muchas de ellas ahora desestimadas, como la de Indumotora -ligada a la familia Avayú-, fue la emisión de un bono -llamado “bono 13/23”- por la suma de US $500.000.000. con un interés del 6,750% y con vencimiento para marzo de 2023. Esto ocurrió en mayo de 2013 y los últimos dos querellantes invirtieron US $1.570.000. en el instrumento financiero.
La acción legal describe que “las operaciones (o el mecanismo) involucra a un conjunto de sociedades, todas ellas relacionadas con CorpGroup Holding, tales como CorpGroup Banking S.A. (CGB), Compañía Inmobiliaria de Inversiones SAGA SpA. (SAGA), Inversiones GASA Limitada (GASA), CorpGroup Inversiones Limitada (Inversiones), CG Financial Chile Dos SpA. (Financial Dos) y CorpGroup Interhold SpA. (Interhold)”.
Las relaciones entre empresas es un detalle no menor. Es ahí donde radica lo que los querellantes llaman el “mecanismo”. Un ejemplo. El texto legal revela que durante el “periodo 2015 a 2020 la sociedad CorpGroup Banking S.A., suscribió un total de 49.700.647.691 acciones de la sociedad relacionada Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA., por un total de $122.799.302.981.”.
En síntesis, los querellantes cuestionan una serie de operaciones de las que, incluso, ejecutivos de las empresas ligadas a Saieh han hablado en las declaraciones que han prestado durante la tramitación de la causa. “Es efectivo el reconocimiento de los ejecutivos Sres. Zavala Destefani y Salinas Díaz, en cuanto que se realizaron treinta y siete (37) operaciones -por parte de un mecanismo- desde el inicio de la emisión del bono y hasta el año 2020, que tuvieron por objeto disponer de la casi totalidad de los dineros de CGB”, señala el documento.
Y agrega: “De acuerdo a los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, se realizaron operaciones entre sociedades relacionadas entre los años 2015 a 2020 (que) ascendieron a un total de $291.745.501.383. (…) Dichas operaciones tuvieron por objeto la adquisición de Financial Chile Dos y SAGA por parte de CGG”. Desde estas empresas, los recursos llegaron a otra serie de sociedades ligadas a Saieh.
En el listado acompañado, Carlos Cortés Guzmán, representante de los últimos dos querellantes, apunta que dineros habrían ido a parar a SMU ($37.000.000.000.), Copesa -diario La Tercera- ($1.250.000.000.), a inversiones ($87.382.450.000.), a empresas relacionadas ($22.959.647.011.), entre otros, cuestión que produjo un “perjuicio para los inversionistas”.
“En este sentido (…) la producción del perjuicio (…) tiene como antecedente precisamente las transacciones efectuadas por CGB (…) que tuvieron por finalidad trasladar la caja de la compañía a sus relacionadas, en perjuicio de los tensores de los bonos (vaciamiento patrimonial”, describe la acción legal. Complementa: “Así, el referido plan criminal partió en el año 2015 con la ejecución de los contratos simulados, todo ello de manera consistente hasta el año 2020, vaciando patrimonialmente CGB” (vea querella).
Nada nuevo
A raíz de esta nueva acción legal, los abogados de Saieh, Samuel Donoso y Gonzalo Cisternas, explicaron a Radio Bío Bío que “no hay nuevos hechos, son los mismos. Se detallan operaciones que antes habían sido referidas en general y asociadas a un periodo de tiempo. Así, nuestra posición sigue siendo la misma. No existe delito de contrato simulado, ya que cada una de las operaciones son reales y efectivas, realizadas en beneficio del grupo y de los bonitas”.
En la misma línea, agregaron que “de no haberse realizado esas operaciones, el default habría golpeado antes a la compañía y a los propios bonistas. Todo esto ha sido zanjado en el Tribunal de Quiebras de Delaware en Estados Unidos, donde se emitió el bono y donde se fijó la competencia para ello. Es interesante señalar que el default se produce luego de que, en negociaciones previas al Chapter 11, MBI rechazara una propuesta de acuerdos que permitía a los bonistas recuperar un monto superior al 70% de sus créditos”.
Respecto a la instrucción particular del fiscal Felipe Sepúlveda, sobre la información contable de empresas ligadas al empresario, los profesionales explican que esta “no nos ha sido requerida aún, pero tanto la fiscalía como la PDI saben que nuestra disposición es colaborar siempre en todo lo que se requiera por el Ministerio Público”. Junto a lo anterior, también señalaron que mantienen los dichos sobre que las querellas “carecen de todo fundamento jurídico”.
“Mantenemos esta aseveración, la que ahora está refrendada por lo que señaló el Tribunal Federal de Quiebras de Delaware en su resolución, fundada en este mismo argumento y obligó a MBI a retirar su querella y a pagar las costas por casi un millón de dólares. Tanto es así que de los 72 de los 73 querellantes originales se han desistido. Las diligencias decretadas son normales y propias de una investigación como esta. En todo caso, hay muchas otras decretadas, la mayoría solicitada por nuestra parte respecto de acciones de algunos querellantes ya anunciado el default”.
Lo ocurrido en el Tribunal de Quiebras de Delaware marca un hito no menor para la defensa de Saieh. Esto, porque a juicio de los profesionales el hito pone fin a la pugna entre su cliente y los bonitas. “El plan de CorpGroup Banking S.A. fue aprobado y confirmado en el acuerdo suscrito en el marco del Chapter 11, otorgándose liberaciones y renuncias de acciones, extinguiéndose las asociadas al bono”.
Finalmente, ante la pregunta de por qué -desde su vereda- creen que una serie de querellantes se han desistido de su arremetida legal, los conocidos penalistas afirman que “prácticamente todos los querellantes, al conocer los fundamentos de la resolución de Delaware y los costos que debió pagar MBI, sobre todo al informarse que estos mismos hechos ya fueron ampliamente revisados y resueltos en dicha jurisdicción, han decidido desistirse. Además, han evaluado el desempeño y resultado adverso de MBI en el tribunal de Quiebras de Delaware y han preferido evitar el mismo resultado”.
Defensa de bonistas
Sergio Rodríguez Oro -socio de Cortés & Rodríguez Abogados-, en conversación con Radio Bío Bío, respecto a la instrucción del fiscal Sepúlveda, sostiene que “hay una constante dilación del proceso investigativo por parte de los querellados, cumpliendo tardía y parcialmente las instrucciones del Ministerio Público. Muy activos en tribunales extranjeros con competencia concursal y para amenazar a las víctimas con acciones en Delaware, Estados Unidos, la verdad es que aquí en Chile no podemos sino catalogar la actuación de los imputados de renuente a la colaboración”.
En la misma línea, Rodríguez lanzó que “me parece que su estrategia de defensa se limitó a la amenaza para las víctimas, lo que en ningún caso les servirá para acreditar su inocencia o la inexistencia del vaciamiento patrimonial”. Respecto a la investigación del Ministerio Público, explica que “se trata de hechos complejos, de una larga ejecución en el tiempo -al menos entre 2014 y 2020- y con un monto de perjuicios superior a los US $500 millones”.
“El Ministerio Público ha actuado de manera objetiva, realizando aquellas diligencias que se han estimado útiles. Tiene plena consciencia que se trata de un caso de delitos de cuello y corbata o White Collar Crime que pocas veces se ven en el país en este nivel. Tan grave como los delitos de la banca en los años 80 y la posterior intervención del sistema. El querellado Saieh fue un exitoso empresario, un mecenas moderno, con actividades incluso para personas con necesidad especiales, muy destacable”, dice Rodríguez.
El profesional, también, entrega un dato: “Incluso construyó un edificio en la Universidad de Chicago, Saieh Hall for Economics, que le costó millones de dólares. Por el otro lado, tenemos decenas de víctimas, en uno de los casos de delito económico de mayor cuantía de la historia del país. Trasladando su quiebra a una jurisdicción con instituciones procesales inauditas para la realidad nacional, como, por ejemplo, aprobar un plan de reorganización con el voto en contra de los acreedores.”.
– Los abogados de Saieh, en su defensa, sostienen que toda esta situación materia de la investigación penal ya fue vista por la Corte de Delaware en el marco del Chapter 11 al que se acogió CorpGroup Banking. ¿Cómo lo ven ustedes?
“Eso no es correcto. En el Distrito de Delaware se tramitó un proceso concursal (quiebra) y no una investigación criminal. No existió ninguna actuación por parte de un tribunal penal, o por parte del equivalente al Ministerio Público. Lo que ellos llaman investigación no pasó de una mera exhibición de documentos en un proceso adversarial de índole comercial. No se dictó sentencia penal alguna, no existe cosa juzgada penal. La prueba de ello es que llevamos más de un año con la investigación y los imputados no han podido acompañar ninguna sentencia penal a la causa”.
Saieh en la mira: fiscalía instruye recopilar información contable ligada a sociedades del empresario
