Gucci, Versacce, Polo y Ralph Lauren fueron sólo algunas de las marcas que conformaban el portafolio que Los Reyes de la Réplica ofrecían a sus clientes desde hace unos tres años. Lo que probablemente comenzó como una pyme durante la pandemia terminó convirtiéndose en una empresa familiar —por fuera de la ley— que transaba millones cada semana desde Conchalí.
Según antecedentes contenidos en una querella presentada por el SII, uno de los movimientos que más llamó la atención de la policía que le siguió los pasos al clan familiar se concretó el 29 de septiembre de 2022. Ese día, Edith Flores Riveros (67) —una vecina de Conchalí beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU)— pagó $16,8 millones al contado por un Audi modelo A3.
En todo caso, aunque el vehículo quedaría inscrito a su nombre, quien se movería en él sería su nieto: Rodrigo Jara Guzmán. A sus cortos 21 años, de acuerdo a la indagatoria, alcanzó a liderar junto a su madre, Lessly Guzmán Flores, la organización dedicada a la producción y comercialización (al por mayor y al menudeo) de ropa falsificada de algunas exclusivas y otras muy reconocidas marcas.
Así dan cuenta informes de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se determinó que madre e hijo eran los cabecillas de la banda que utilizaba Instagram para vender y TikTok como gancho para atraer clientes directos o interesados en “invertir” con ellos.
Ellos dos, y otros seis integrantes de la organización, cayeron detenidos un par de días antes de Navidad, justo cuando se alistaban a hacer entrega de los últimos paquetes de la temporada fuerte del negocio.
Los talleres
La Operación “G5” (en alusión a la forma en que se denominan las réplicas de alta calidad en el rubro) fue ejecutada por funcionarios de la PDI el 19 de diciembre, en respuesta a instrucciones de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte. En el operativo se incautaron más de 84 mil prendas falsificadas avaluadas en unos $400 millones, calculados según el precio al que la banda vendía su mercancía.
Entre los ocho integrantes formalizados había dos que fueron identificados como los “brazos operativos” de la banda. Y es que a diferencia de las réplicas importadas de países asiáticos que se venden en el comercio informal, en este caso el modus operandi contemplaba que la última etapa de la producción de prendas truchas se llevara a cabo en la región Metropolitana.
En rigor, una parte de las confecciones se concretaba en el local “Jane Bordados”, ubicado en Recoleta. Su dueña es la imputada Esther Janet Culquichicon, ciudadana peruana. Otro recinto que servía de centro de operaciones era el domicilio del imputado Hitler Córdova Risco, de la misma nacionalidad.
Hasta esos lugares, Rodrigo Jara Guzmán hacía llegar las prendas genéricas que adquirían a distintos proveedores y que servían de insumo principal para el negocio ilícito.
Así lo detalló el jefe de la de la Bridepi, subprefecto Cristián Ramírez, señalando que en los allanamientos “se logró incautar más de 84.000 productos falsificados, fundamentalmente orientados a prendas de vestir como zapatillas, etiquetas y máquinas que eran utilizadas para producción de estos productos falsificados, además de dinero en efectivo, munición y droga”.
Clan familiar
Según rezan informes policiales, el resto de los familiares que participaban de las operaciones eran Edith Flores Riveros (madre y abuela de los líderes) quien actuaba como testaferro; Víctor Guzmán Pérez (padre y abuelo de los líderes) sindicado como repartidor ocasional y Jocelyn Guzmán Flores (hermana y tía de los líderes), quien se dedicaba a la venta y post venta de los productos.
De acuerdo a lo establecido por los investigadores en base al monitoreo de plataformas y a escuchas telefónicas, estos últimos se encargaban de cuestiones más logísticas: recibir mercancía, trasladarla, ofrecerla en páginas de Instagram y hacer las entregas.
Cada prenda estaba etiquetada a la perfección, con calidad “triple A”, gracias a la coordinación minuciosa de Rodrigo Jara y su madre. Ellos decidían todo: los precios, las ofertas y cualquier aspecto relacionado con las estrategias del negocio.
El Audi, el Porsche y el SII encima
Tal como se mencionó, uno de los movimientos que llamó la atención fue la compra al contado de un vehículo de más $16 millones por parte de una mujer pensionada. Pero no fue lo único.
Antes de ese episodio del 29 de septiembre de 2022, Rodrigo Jara Guzmán ya había adquirido un automóvil de alto valor y otro para el trabajo. Ambos pagados al contado.
El 28 de enero de 2022 compró un Porsche modelo Macan R4 a cambio de $28,5 millones. Y el 26 de mayo de ese mismo año fue el turno de un furgón Peugeot Boxer.
Los hechos también despertaron el interés del Servicio de Impuestos Internos (SII). En efecto, la directora de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte, Vania Uarac Senn, presentó una querella en contra del clan y sus secuaces por delitos tributarios.
En la acción judicial, mediante la que el SII se hizo parte del proceso judicial, el organismo fiscalizador detalla y enumera las actuaciones reñidas con la normativa en que habrían incurrido los integrantes.
Por ejemplo, precisa que Rodrigo Jara Guzmán tiene el 100% de participación en la sociedades Comercial Textil Rodrigo Jara Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y en Mundo Brvnds Exclusive Spa, lo que sería un indicador de alguna intención de formalizar el negocio. Ambas, en todo caso, “no registran actividad tributaria significativa”.
Su abuela, Edith Flores Riveros, tiene el 100% de participación en la sociedad Transportes por Carretera Edith Flores E.I.R.L. mientras que su abuelo, Víctor Guzmán Pérez, registra 50% de participación en la Sociedad de Transportes y Servicios Cavancha Limitada.
Con todo, el fiscalizador determinó que con la actividad ilícita que estaba desarrollando el clan se configuran sendas infracciones al Código Tributario.
A juicio del SII, la actividad desarrollada por Rodrigo y compañía, “constituye un quebrantamiento a una de las bases fundamentales de nuestro estado de derecho. Esto es, el Orden Público Económico, toda vez que el ejercicio de una actividad ilícita y clandestina rompe las reglas del mercado en el que participan los actores legítimamente autorizados para ello, exonerándose indirectamente de todas y cada una de las obligaciones que sí afectan a quienes actúan dentro de la legalidad”.
En total, de acuerdo a cálculos preliminares, la organización habría alcanzado a generar utilidades que se encumbran por sobre los $200 millones. En todo caso, esa cantidad podría aumentar considerablemente una vez se terminen de hacer los rastreos.
Así, el líder de la organización terminó imputado por lavado de activos y el resto por asociación ilícita para el comercio informal.
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