Fusil con posible nexo al FPMR aparece en manos de banda que arrebataba casas para luego venderlas

Juan Rigoberto Torrealba Montoya se plantó junto a su pareja frente a M.N.T.C. y ambos le advirtieron:

—Si no entregai la casa te voy a quemar a ti. No te voy a dejar tranquila y te voy a quemar la casa, perra culiá.

Era el 10 de agosto de 2018 en las tomas de la población Laguna Verde, un sector emplazado en la periferia de Iquique, cuyas construcciones -en su mayoría de dos pisos y de material ligero- albergan a chilenos y a migrantes.

Tres meses después, la promesa de que algo malo le pasaría a la víctima se cumplió: Juan irrumpió en el domicilio de la mujer y le encajó un disparo en la pierna izquierda. El poder de fuego fue tal que la dejó con una fractura expuesta.

La razón del ataque era simple: ella no quiso abandonar su hogar, el mismo que le estaba siendo embargado por la fuerza por quien se había erigido como un emprendedor del delito. En buenas cuentas, Torrealba operaba así: irrumpía violentamente en un domicilio de la población, lanzaba a los moradores a la calle y se quedaba con el inmueble para luego venderlo o arrendarlo. Casa o plomo.

Cuando cayó detenido, al “empresario inmobiliario” y su banda le encontraron un fusil M16. Ni más ni menos que un arma de guerra cuyas características son idénticas a las decomisadas al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1986 en Carrizal Bajo, según un análisis del Labocar de Carabineros.

Sin mirar atrás

Lo ocurrido a M.N.T.C. (27) consta en una indagatoria a cargo del fiscal Maximiliano Mariángel que culminó recientemente con Torrealba y sus ocho cómplices condenados a un total de más de 160 años de cárcel.

Según quedó establecido en el documento judicial de 141 páginas, todo se desencadenó porque la víctima compró su casa en el “territorio” de sus agresores y que por ello “le harían la vida imposible”.

Más aún: tras las primeras amenazas, ella los acusó ante tribunales, lo que motivó reiterados intentos de parte del grupo para que la mujer retirara la denuncia.

Las tratativas incluyeron varios métodos de intimidación, según declararía la misma víctima. Le advirtieron, por ejemplo, que sabían dónde vivía su hijo y también dispararon en más de una oportunidad hacia su casa. Una vez concretado el ataque que la dejó más de un año en terapia, la víctima simplemente nunca más volvió al que había sido su hogar.

“Corredores de propiedades” a honorarios

De acuerdo a antecedentes contenidos en el expediente del Ministerio Público, el negocio inmobiliario ilegal en Laguna Verde era a todas luces exitoso.

Precisamente, la venta de este tipo de viviendas significaba una ventaja no sólo para sus vendedores sino que también para los compradores. Según lo expuesto en el juicio, los valores de las propiedades bordeaban los 4 millones de pesos y estaban exentos de pagar por servicios básicos: las casas estaban “colgadas” al suministro eléctrico y el agua la robaban “cerro arriba”. Esto último se sabe por el testimonio de una testigo protegida.

La mujer relató que la banda amenazaba al vecindario completo. Ella misma dijo haber sido víctima de las intimidaciones con una pistola con mira láser, por ser considerada “la sapa de la población”.

En su alocución, expuso que la banda “tenía la población tomada”. “Le pegaban a la gente, personas enfermas caían en el suelo, no tenían compasión con nadie: personas de la tercera edad, personas fracturadas… Ellos eran manada”, desclasificó.

“En la población de Laguna Verde la mayor parte es boliviana. Llegan familias completas. No se paga luz, agua ni arriendo. Es fácil y cómodo. Pagas $4 millones y vives toda la vida ahí con luz y agua. Hay hartos colombianos también”, testificó.

Casi a modo de anécdota, Torrealba y su pareja, Romina González, incluso registran boletas de honorarios como corredores de propiedades.

PDI, abra la puerta

El caso de M. no es el único. Para enero de 2021, Torrealba tenía planificado mejorar su cartera inmobiliaria ilegal a costas de una familia de ciudadanos extranjeros que vivía en el pasaje Esperanza de Laguna Verde. Pero M.H.C.C., una residente del sector, tuvo la buena intención de interceder ante el imputado y su pareja para frenar el desalojo.

Su buena acción le costó caro: Juan y Romina se indignaron, lo que derivó en que días más tarde el hombre llegara acompañado de ocho personas armadas. Cada uno con una función particular: algunos se quedaron en la vía pública, resguardando el perímetro y disparando al aire, mientras que Torrealba junto a Emanuel Alfredo Meneses González irrumpieron en el inmueble identificándose como detectives de la PDI.

Apenas abrió la puerta, Emanuel le cayó encima a M.H.C.C.

—Qué andai sapeando a los pacos. Te voy a pegar negra culiá —le alcanzaron a decir antes de golpearla en el rostro con un fusil para luego sacarla a la calle.

Lo que siguió fue el repertorio usual de Torrealba: le descerrajó un tiro con una escopeta calibre 12 en la rodilla. El resultado fue también el mismo: fractura expuesta.

El arsenal

El actuar desenfadado de los imputados también significó su caída. Mientras la víctima era atacada a plena vista y paciencia de todo el barrio, vecinos llamaron a Carabineros. La identificación de la camioneta Ford robada en la que se movilizaban fue clave para un seguimiento que finalmente concluyó con la detención de los involucrados.

En poder de la banda, la policía encontró un arsenal. A saber: dos escopetas, una Maverick y otra Hatsan; tres revólveres; y cinco pistolas, entre ellas una Glock, una de las favoritas del crimen organizado, principalmente por su facilidad de “chipear”. Es decir, modificar para una cadencia de tiro mayor, algo regular en el neo-narco chileno.

Sea como sea, la joya de la corona correspondía a un fusil de uso bélico marca Colt AR-15, modelo M16. No tan mediático como el AK-47 soviético, el M16 apareció por primera vez en la invasión de Vietnam en manos del Ejército de Estados Unidos. Desde entonces no sólo se convirtió en el fusil estándar de varias fuerzas armadas a nivel mundial, sino también le fue útil a grupos revolucionarios del fin de la Guerra Fría.

Sin ir más lejos, un millar de estos ejemplares fueron incautados en la fallida internación de 80 toneladas de armas y explosivos por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1986, en Carrizal Bajo.

De Cuba con amor

Disquisiciones históricas aparte, un peritaje del Labocar de Carabineros advirtió que el M16, calibre 5.56, encontrado a la banda de Laguna Verde, podría justamente tratarse de uno de los decomisados por la dictadura.

De acuerdo al estudio de la policía verde oliva, el número de serie del arma “fue eliminado de manera particular”. En simple, la perforación de tres puntos en la toma del cargador dejó imperceptible el código identificatorio (ver imagen). Misma marca distintiva encontrada en todas las armas internadas por el FPMR provenientes de Cuba.

Más allá del peritaje, la remoción del número de serie imposibilitó al Labocar verificar fehacientemente el origen del M16 o incluso contrastarlo con los registros de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Así, queda la duda de si éste fue efectivamente parte de los incautados en Carrizal Bajo o bien podría corresponder a otros eventuales cargamentos que se presumen internados de manera exitosa por el grupo revolucionario u otros particulares. Todo esto, dicho sea de paso, no significa en caso alguno un vínculo directo entre la banda iquiqueña y el FPMR.

Armamento con las mismas características también fueron usadas en ataques incendiarios en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, según un informe de inteligencia elaborado por las policías publicado por La Tercera a fines de 2021.

Las condenas

Por todos estos hechos, la justicia condenó a los integrantes de la banda por distintos delitos de lesiones graves, disparos injustificados en la vía pública, porte y tenencia de armas convencionales, prohibidas y de uso bélico; receptación de vehículo y conducción de vehículo con patente y documentos falsos.

Así, Juan Torrealba Montoya fue sentenciado a penas que suman 29 años de presidio; a Emanuel Meneses González, a penas que suman 23 años de presidio. En tanto, los acusados Carlos Calderón Benítez, Jean Larrea Alcota, Julio González Lecaros, Melo Araya Rodríguez y Yordan Pardo Zuloaga fueron castigados a 18 años de presidio cada uno; a Vicente Rojas Carreño a penas de 15 años de presidio; y al adolescente D.C.V. a 5 años y un día de internación en régimen cerrado y 3 años y un día de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.