La fiscal especialista en delitos medioambientales, Ana María Aldana, confirmó que instruyó diligencias a la Bidema de la PDI por la denuncia sobre el funcionamiento de una cantera en la Península de Tumbes, la que estaría causando daño a la flora y fauna del lugar.
La faena se ubica en el sector del Fundo Lo Alfaro en Talcahuano, donde la empresa de extracción de áridos Santa Fe obtuvo permiso de funcionamiento el 2006 y que hoy evidencia una importante afectación en las playas Los Lirios y El Ensueño.
El impacto en el lugar está registrado en videos que captó el ambientalista y concejal por Talcahuano, Roberto Pino, quien en diciembre pasado había hecho ver esta situación a diversos organismos.
Pino, ingresó oficios en la Seremi de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, Seremi de Minería, Sernageomín, al SEA, seremi de transporte y el municipio. Desde la cartera de minería le respondieron que la vida útil del proyecto era de 10 años, por lo que ya había caducado.
Este lunes, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de Temuco, viajaron a la zona a petición de la fiscal especialista en el tema, Ana María Aldana.
La persecutora, indicó que estando de turno el fin de semana tomó conocimiento de que circulaban estas denuncias e instruyó de inmediato diligencias a objeto de verificar en terreno el posible daño a la fauna y flora marina del lugar.
El municipio de Talcahuano, el domingo ya había señalado que pidió a la Seremi de Medio Ambiente aclarar si administrativamente la faenas estaba al margen de la legalidad. El alcalde Henry Campos dijo que, de ser así, iba a solicitar de manera inmediata la paralización de los trabajos.
En un escueto contacto que Radio Bío Bío pudo establecer con la sociedad extractora y comercializadora de áridos Santa Fe LTDA, uno de sus ejecutivos manifestó que cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental vigente y que el permiso sectorial se renovó el 2017 y 2018.
A su vez, descartaron por completo estar llevando a cabo una explotación ilegal en el lugar, asegurando que la vida útil del proyecto depende de los montos extraídos y que a los 10 años éstos equivalían a un tercio de lo que se había calculado originalmente.
