Ética y transparencia de BioBioChile

La tensión entre el Gobierno y los municipios escaló, y esta vez las críticas surgieron desde el propio oficialismo. Y es que el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ingresado por el Gobierno generó críticas transversales.

“Es inconstitucional”, “provoca falta de confianza” y es una “falta de tino”, fueron algunos de los duros cuestionamientos que alcaldes oficialistas dirigieron al Ejecutivo.

Todo, en medio del decreto supremo firmado por el Presidente José Antonio Kast, que contiene el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y que fue ingresado el pasado 2 de septiembre a la Contraloría para su toma de razón.

Cabe mencionar que la Ley de Seguridad Municipal está vigente desde comienzos de agosto, seis meses después de su promulgación. Pero su implementación aún no está operativa en un cien por ciento, ya que está a la espera de que este reglamento complete su trámite ante el ente contralor.

El documento, de 53 páginas y revelado por La Tercera, fue elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito en coordinación con las asociaciones de municipalidades.

El texto entrega a los alcaldes un rol central en la seguridad comunal: deberán dirigir las políticas municipales en esta materia, supervisar la labor de los inspectores, controlar la entrega de elementos defensivos y coordinar el trabajo con las policías y organismos del Gobierno.

Tensión entre Gobierno y alcaldes por causal de cesación

Sin embargo, una de sus disposiciones fue la que encendió la polémica.

El artículo 8 señala que cada municipio deberá verificar que el director de Seguridad Pública y los inspectores municipales cumplan con los requisitos exigidos antes de asumir sus funciones.

El punto que genera controversia es que el incumplimiento de esta obligación podría derivar en responsabilidad administrativa para el alcalde y, eventualmente, en una causal de cesación de su cargo.

Por lo mismo, la redacción rápidamente despertó suspicacias entre los jefes comunales. La Asociación Chilena de Municipalidades acusó, a través de una declaración pública, que la medida nunca fue socializada con los municipios. Por ello, pidió retirar el reglamento, eliminar la cuestionada cláusula y abrir un nuevo proceso de trabajo que permita incorporar las prioridades de las 346 comunas del país.

El presidente de la asociación y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló en conversación con Radio Bío Bío de Valparaíso que el reglamento “no está escrito en piedra” y manifestó su expectativa de que el Gobierno lo retire de Contraloría.

La Subsecretaría de Prevención del Delito salió al paso de las críticas. A través de un comunicado, señalaron que el reglamento no está creando una nueva causal de cesación, sino que explicita una consecuencia que ya estaría contemplada en la legislación vigente.

Pero, para los alcaldes, el problema está precisamente en la forma en que se está regulando esta materia. De hecho, cuestionan que una disposición que, de acuerdo con la Constitución, debe estar contenida en una ley orgánica constitucional pueda ser precisada mediante un reglamento.

Entre las voces críticas hay alcaldes oficialistas. La jefa comunal de Las Condes, Catalina San Martín, advirtió que los reglamentos en materia de seguridad no pueden ampliar las inhabilidades establecidas para los jefes comunales.

En la misma línea, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó como “malita” la explicación entregada por el Gobierno.

Las críticas no solo vinieron del oficialismo, sino que fueron los jefes comunales en conjunto.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, apuntó a que es inconstitucional y no se relaciona con la idea matriz de la Ley de Seguridad Municipal, que es fortalecer a los municipios en su rol preventivo.

Su par de Independencia, Agustín Iglesias, calificó como un error el reglamento del Gobierno, al castigar a los alcaldes por errores administrativos.

En defensa de la redacción del reglamento, en tanto, salió el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien sostuvo que esta no hace más que remitirse a la legislación vigente.

Y si bien descartó retirar el documento de Contraloría, reconoció que existen espacios para clarificar su contenido durante el proceso de toma de razón.

La controversia tendrá un nuevo capítulo este miércoles, ya que el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, se reunirá con las tres principales asociaciones municipalistas: la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación de Municipios Rurales.

Se trata de una cita que buscará bajar la tensión y destrabar una polémica que, en apenas una jornada, volvió a poner a los municipios y a La Moneda en veredas distintas.