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El duro golpe que recibió el gobierno de José Antonio Kast tras la derrota ante el Tribunal Constitucional abrió una serie de críticas y reacciones políticas de los distintos sectores. Sin embargo, La Moneda evalúa ingresar una ley corta para deshacerce de la medida.

Por una amplia mayoría, el organismo rechazó el requerimiento presentado por el Ejecutivo para impugnar el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción Nacional. Se trata de la norma que obliga a las empresas eléctricas, sanitarias y de gas a reconectar gratuitamente a usuarios residenciales y de pequeñas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe, incluso cuando los servicios hayan sido suspendidos por falta de pago.

El Ejecutivo había recurrido al TC argumentando que esta disposición fue incorporada durante la tramitación legislativa y que no tendría relación con las ideas matrices de la megareforma.

Sin embargo, los argumentos no fueron suficientes para los diez ministros del Tribunal, y se mantuvo vigente la norma aprobada por el Congreso.

Cabe recordar que el requerimiento había evidenciado una descoordinación al interior de La Moneda, debido a que no se le informó oportunamente al biministro Claudio Alvarado que se había ingresado esta indicación.

De todas maneras, al conocerse el resultado, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que los fallos deben acatarse y señaló que corresponde reconocer que el TC consideró constitucional la disposición.

En el oficialismo las reacciones también fueron acotadas. La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, llamó al Gobierno a ser más riguroso con la viabilidad de este tipo de presentaciones.

En tanto, el senador Manuel José Ossandón (RN) calificó la norma como peligrosa, advirtiendo que en zonas de catástrofe no siempre existen condiciones de seguridad para que los trabajadores puedan realizar las reconexiones.

Por su parte, en la oposición celebraron la decisión del Tribunal como un logro propio.

La jefa de la bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, afirmó que las atribuciones del Congreso Nacional no se pueden suprimir por un capricho ideológico.

Asimismo, la también diputada comunista, Sofía González, aseguró que el tribunal les dio la razón pese a la intención del Gobierno.

Pero, el rechazo del Tribunal Constitucional no da por finalizado el debate. De hecho, el senador Diego Ibáñez (FA) aseguró que es una de las pocas normas que la oposición ganó en la tramitación de la megareforma, temiendo que se pudiese eliminar mediante la presentación de una ley con ese objetivo.

Y es que la única manera en que el Gobierno podría deshacerse de esta medida sería presentando una ley corta enmendando así el artículo que ya se encamina hacia la promulgación.

Gobierno de Kast evalúa ley corta tras derrota en el TC

Según información que maneja La Radio, La Moneda evalúa modificar la norma para tener aplicabilidad. Al respecto, ingresarán otra iniciativa para modificar lo aprobado precisamente en el tema de los plazos, ya que el artículo establece que las reposiciones se deben realizar en 24 horas para el agua potable y el alcantarillado, y 48 horas para la electricidad y el gas.

Las empresas de servicios básicos también se pronunciaron: cuestionaron la aplicación de la norma, advirtiendo que sus plazos no consideran las condiciones de seguridad durante una emergencia y podrían desviar recursos necesarios para restablecer servicios críticos.

Desde las empresas de gas, además, señalaron que la reconexión requiere revisar previamente las instalaciones para evitar fugas, intoxicaciones o explosiones.