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Las bodegas del Congreso Nacional y el domicilio del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) fueron allanados por orden de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en una diligencia que busca reunir evidencia sobre un eventual fraude al fisco y que abrió una nueva arista derivada de la investigación contra Joaquín Lavín León.

De esta manera, se allanó las bodegas del Parlamento para incautar equipos tecnológicos y realizar una revisión histórica del computador utilizado por el exparlamentario.

Y Aunque Fuezalida y Lavín aparecen ligados a la misma investigación, sus situaciones procesales son diferentes y sus caminos podrían separarse.

Mientras Lavín León ya fue formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, respecto de Fuenzalida no existe hasta ahora una imputación ni una formalización. El objetivo de la Fiscalía es reunir antecedentes para establecer si existen elementos que permitan atribuirle alguna responsabilidad penal.

La nueva arista del caso Lavín que complica a Fuenzalida

La nueva línea investigativa surgió precisamente a partir de los antecedentes recopilados durante el caso Lavín. Según la hipótesis del Ministerio Público, Fuenzalida también habría contratado los servicios de la plataforma SocialTask, utilizada para la administración de asesores parlamentarios, y parte de esas contrataciones hoy forman parte del análisis de los fiscales.

El foco está puesto en un eventual sistema de “cuotas”. La sospecha es que parte de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias podrían haber sido devueltos en efectivo, afectando fondos públicos destinados al funcionamiento de la labor legislativa. Esa es precisamente la hipótesis que la Fiscalía busca confirmar o descartar mediante el análisis de computadores, teléfonos y demás dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos.

Hasta ahora, el Ministerio Público mantiene reserva sobre las diligencias y no ha detallado cuáles son los antecedentes específicos que motivaron la solicitud de entrada y registro ni cuál sería la eventual participación que se investiga respecto del exdiputado.

Se trata, además, de una diligencia que requirió autorización judicial. Y al tratarse de medidas que afectan la inviolabilidad del domicilio y permiten acceder a información contenida en equipos electrónicos, un juez de garantía debe revisar previamente los antecedentes presentados por la Fiscalía antes de autorizar su ejecución.

Así lo mencionó el académico de Derecho Penal de la Universidad Autónoma, Oscar Olivares, quien agregó que hay indicios que podrían ser constitutivos de algún tipo de delito de fraude al fisco.

De acuerdo con el especialista, precisamente el eventual uso de recursos públicos es lo que marca la diferencia entre una irregularidad administrativa y un posible ilícito penal. Si la investigación logra acreditar que parte de asignaciones parlamentarias fue utilizada con un fin distinto al establecido por la ley, esos hechos podrían configurar un fraude al fisco.

Los allanamientos también generaron reacciones en el Congreso. Mientras algunos parlamentarios defendieron que la Fiscalía realice diligencias sin distinguir el cargo de las personas investigadas, otros emplazaron a la UDI a asumir responsabilidades políticas por la aparición de dos de sus exdiputados en una misma investigación, aunque en etapas procesales distintas.

En ese sentido, el diputado republicano, Luis Sanchez, valoró que se lleven a cabo las diligencias señalando que no son distintos al resto por su cargo parlamentario.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA) hizo este llamado al gremialismo para que tomen acciones y se responsabilicen por los allanamientos en el parlamento.

Con el peritaje de los equipos tecnológicos comienza ahora una nueva etapa de la investigación. Y será el análisis de esa evidencia el que permitirá a la Fiscalía confirmar o descartar la hipótesis que dio origen a esta nueva arista y definir si existen antecedentes para ampliar la persecución penal más allá del caso que hoy mantiene formalizado a Joaquín Lavín León.