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Una serie de interrogantes han surgido luego que la Contraloría detectara un ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos con motivo de reunificación familiar durante el periodo 2023-2025, espcialmente sobre la actuación de las autoridades migratorias.

Y es que el informe, de carácter reservado, reveló importantes fallas migratorias cometidas por distintos organismos, como deficiencias en la revisión de los antecedentes de los menores, falta de información sobre la relación con los “tutores” e incluso dudas con respecto a los lazos consanguíneos de las personas a los cuales fueron entregados en el territorio nacional.

Además, el organismo contralor informó que al momento de llevar a cabo la búsqueda de los menores en los domicilios de sus “familiares”, no fueron encontrados, lo que aumentó las dudas con respecto a su real vinculación con estas personas y si efectivamente eran sus familiares.

De esta manera, los antecedentes abren dudas sobre el real motivo del viaje y si es que estos se tratan de un delito de trata de menores. De hecho, a partir de estos datos, la Fiscalía Nacional llevó a cabo la apertura de una investigación de oficio, en donde se busque esclarecer los hechos que ocurrieron.

Las señales de alerta

La primera luz de alarma fue levantada por el exdiputado Juan Fuenzalida (UDI), quien presentó antecedentes donde identificó un patrón común respecto al ingreso de menores de nacionalidad haitiana bajo la figura de “reunificación familiar”.

Tras esto, la Contraloría apuntó en contra de la gestión del Servicio Nacional de Migraciones, el cual era comandado durante la administración presidencial anterior por Luis Thayer.

Sin embargo, el exdirector del organismo dio a conocer a La Radio que durante su gestión se llevaron a cabo distintas acciones para frenar este tipo de vuelos chárter en donde viajaban los tutores con grandes cifras de niños, incluso 18 por tutor.

La primera gestión fue el año 2023, donde Thayer ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informando sobre posibles irregularidades en un vuelo de la Aerolínea Star Perú de 141 pasajeros, donde 98 eran menores de edad, los cuales estaban a cargo de solo 2 adultos.

La segunda actuación fue a través de un nuevo oficio a la DGAC, en donde solicitó que no se autoricen nuevos vuelos de las aerolíneas Arajet, Aruba Airlines y Galistair debido a reiterados arribos de vuelos chárter con menores de edad haitianos que no cumplen con las leyes migratorias.

¿Bastaba un oficio frente al ingreso masivo de niños haitianos a Chile?

Frente a este escenario, surge una pregunta clara, considerando que se trataba de aviones chárter. Es decir, empresas contratadas para realizar los vuelos: ¿Cuál es la organización detrás del ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a territorio nacional?

Pero no sólo eso, sino que también se instala una duda preocupante: ¿Por qué las autoridades encargadas del control migratorio no realizaron las denuncias correspondientes?.

En ese sentido, se abre un debate en torno a los oficios que fueron envíados ante esta situación.

Hay quienes apuntan a que, en algunas ocasiones, los oficios que se envían son sólo para salvaguardar la posible responsabilidad en algunos actos. Sin embargo, un funcionario diligente, tal vez, no solamente oficia, sino que toma el teléfono y llama, pregunta, pide una audiencia, y denuncia a quien no le contesta a su superior.

En este caso, todos habrían imcumplido la obligación de denunciar.

Con ese telón de fondo, en La Radio se esbozaron algunas preguntas: ¿Por qué Luis Thayer no due donde Carolina Tohá y le informó? ¿Por qué no fue donde el subsecretario de ese tiempo, Manuel Monsalve -y después Luis Cordero-? ¿Por qué simplemente mandó un oficio?.

Cabe mencionar que son diversas las instituciones que, con los antecedentes que se han revelado, no funcionaron, abriendo dudas en torno a la actuación negligente de algunas autoridades.