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Durante los últimos días, se ha agudizado la polémica por la ofensiva de la Tesorería General de la República (TGR) contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Cabe recordar que son más de 550 mil los actuales deudores, quienes acumulan una morosidad de 4 billones de pesos. Y en el marco de las acciones del Estado, se ofrecieron convenios de pago y 32 mil morosos ya suscribieron con la TGR.

Pese a ello, el pasado 4 de junio la Tesorería inició un proceso de embargo. Según datos entregados, se embargó a poco más de 1.500 personas y todas -en la declaración del Año Tributario 2025- figuraban con sueldo mensual igual o superior a $3.500.000 mensuales.

El problema es que hay denuncias de personas con sueldos muy inferiores que acusaron haber quedado con sus cuentas corrientes en $0.

En medio de este contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que el parámetro se hace en base a la observación del 2024, por lo que puede haber casos de personas que cambiaron su situación y ahí el llamado es a concurrir a la TGR para buscar solución.

En tanto, el llamado al resto de las personas es a reprogramar su deuda, ya que los embargos para sueldos de ese rango solo ocurrieron en Antofagasta, La Araucanía, Los Lagos, y deberían continuar.

Tensión política por embargos a deudores del CAE

En el oficialismo hay dudas sobre esta política. De hecho, hay sectores de Renovación Nacional que han llamado a reconsiderar el tema.

Por ejemplo, el diputado Diego Schalper fue uno de los que planteó las aprehensiones en el Comité Político Ampliado del lunes en La Moneda.

De esta manera, no solo pidió que se revisara el caso a caso, sino que apuntó a revisar de lleno la medida porque sostuvo que lo primero que debe considerarse es la prudencia de las acciones.

Pero también hay otras posturas en el sector, como la del diputado y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), quien aseguró que -más allá de las valoraciones de la medida- el gobierno sí avisó y lo hizo con tiempo.

En el Partido de la Gente, por su parte, vieron el tema con más distancia y propusieron una modificación a la política de La Moneda.

En ese sentido, la diputada Tamara Ramírez pidió que el monto de pie que se pide en la reprogramación de la deuda baje y no sea mayor al 5% del total adeudado.

El tema se tomó el debate en la Comisión de Educación de la Cámara, donde la oposición pidió que el Ejecutivo entregue explicaciones.

En la línea, la diputada Emilia Schneider (FA) criticó el actuar del gobierno y aseguró que no es efectivo que solo se haya embargado a personas de ingresos altos.

Junto con ello, descartó que la morosidad haya partido por culpa del gobierno anterior.

Además, el expresidente Gabriel Boric arremetió contra los embargos de la Tesorería.

“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, escribió en su cuenta de X.

“Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, añadió el exjefe de Estado.

Así las cosas, la Comisión de Educación de la Cámara acordó citar a la TGR a la siguiente sesión para que explique las motivaciones del embargo y atienda las denuncias por el tema.

Por otro lado, el ministro dijo que los deudores que ganan más de 1 millón al mes le deben 1,6 millones de dólares al Estado.