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La Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresó finalmente a la Cámara de Diputados con doce firmas provenientes del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, Renovación Nacional, Partido de la Gente y del Partido Social Cristiano, dando inicio a una tramitación que este martes tendrá su primer hito: el sorteo de la comisión revisora encargada de analizar el documento.

El libelo se estructura en cuatro capítulos y atribuye al exsecretario de Estado responsabilidades por las diferencias detectadas en las proyecciones fiscales, la omisión de compromisos de gasto, inconsistencias en la deuda pública y eventuales incumplimientos a las reglas de responsabilidad fiscal.

De esta forma, el diputado y jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, señaló que el desafío ya no es ingresar la acusación, sino conseguir los votos para llevarla hasta el Senado.

En medio de este contexto, el llamado desde la bancada de Renovación Nacional era claro, no firmar el documento. Sin embargo, hubo dos firmantes de la colectividad.

Uno de ellos es el diputado Francisco Orrego, quien sostuvo que la acusación debe seguir avanzando durante su tramitación.

La presencia de los diputados RN entre los patrocinantes ha generado incomodidad al interior de la tienda política, que todavía no adopta una postura institucional respecto del libelo y que justamente hoy se reunirá para hacerlo.

Algo similar ocurre en el PDG, donde también existen parlamentarios firmantes sin que exista una definición formal de bancada.

Además, hubo apoyos del exPartido Social Cristiano. En esa línea, el diputado Roberto Arroyo fue más allá y planteó que las responsabilidades políticas por la situación fiscal del país exceden la figura de Nicolás Grau, y que él estaría dispuesto a firmar una acusación contra el expresidente Gabriel Boric.

Este emplazamiento que no cayó bien en la oposición. De hecho, el diputado Daniel Manouchehri (PS) acusó al oficialismo de utilizar la acusación como una herramienta política y no como un mecanismo de fiscalización.

Incluso, dijo que el gobierno está aprovechando este momento para “despistar” sus errores.

En medio de la controversia, salió el Presidente José Antonio Kast, quien, consultado por la posibilidad de que la acusación se entrometa en la agenda legislativa del Ejecutivo, descartó que el libelo deba interferir en la tramitación de las reformas impulsadas por La Moneda.

Mientras tanto, el exministro Grau ya comenzó a preparar su defensa. Así, fichó al abogado constitucionalista Patricio Zapata para enfrentar una acusación que este martes tendrá su primer hito formal.

Y es que durante la jornada el libelo será dado cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados, instancia en la que además se sorteará la comisión revisora encargada de analizar el texto. Este será el primer paso de una tramitación que podría extenderse durante las próximas semanas y que terminará con el Senado teniendo la última palabra sobre el futuro político del exministro.