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Aprobando con más de 80 votos la suspensión de la gratuidad, el gobierno se anotó un triunfo político importante, despachando al Senado el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”.

El proyecto —que permite la revisión de mochilas de los estudiantes al ingreso de los establecimientos— le quita la posibilidad de tener acceso a la gratuidad en la educación superior a quienes sean condenados por hechos de violencia escolar.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, comprometió que la redacción de este artículo cambiará en el Senado, para que los delitos y sus inhabilidades solo se circunscriban al espacio escolar y a sus inmediaciones.

Por su parte, diputados que rechazaron el proyecto remarcaron que no incluye financiamiento y hace recaer en los profesionales de la educación responsabilidades para las cuales no están capacitados, sin promover mejoras en los métodos de enseñanza.

La secretaria de Estado, en tanto, explicó por qué el oficialismo rechazó casi todas las propuestas de la oposición, que a su juicio traen una “sobreregulación” del procedimiento de regulación al estudiante, que prefieren que sea definido por cada establecimiento.

De todas maneas, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA) hicieron siete reservas de constitucionalidad en total, y Héctor Ulloa (PPD) también pidió una.

Serrano, en calidad de jefa de bancada del Partido Comunista, confirmó que van a recurrir al Tribunal Constitucional.

La aprobación se dio pese a la férrea oposición del Partido de la Gente, que acusó que el gobierno no escuchó ninguna de sus propuestas y que este proyecto hace un daño a la convivencia escolar y genera diferencias entre establecimientos públicos y privados.

En ese sentido, la diputada Paula Olmos dijo que su rechazo a toda la propuesta no tiene que ver con no querer resolver la crisis de violencia escolar, sino que observan que el proyecto expone a los profesores y a los asistentes de la educación.

Por el contrario, el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), aseguró que la mayoría que se manifestó en la Cámara demuestra que hay que tomar medidas fuertes para frenar los hechos de violencia escolar.

Cabe mencionar que la oposición intentó reponer cerca de 15 indicaciones, incluyendo exigir la presencia de los padres en la revisión del estudiante y sancionar el abuso por parte de autoridades escolares o policiales. Pero, lo único que se aprobó fue un protocolo especial para estudiantes con necesidades especiales.

Por lo anterior, la diputada Emilia Schneider calificó a este proyecto como “anti niños” y “anti familia”.

El proyecto aborda los actos que tengan como consecuencia la interrupción de clases: estos son los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas, o la suspensión de actividades académicas.

Así las cosas, la iniciativa pasa ahora al Senado, con un gobierno fortalecido por una importante aprobación, que no se vio afectada por el rechazo del Partido de la Gente a varios de los elementos del proyecto y que ya proyecta un despacho a ley sin mayores cambios a la iniciativa.